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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Precariedad y exclusión

El deterioro que sufren amplios sectores de las clases medias y populares es una seria amenaza para la cohesión social y exige estar entre las máximas prioridades.

Las altas tasas de paro, la falta de perspectivas laborales y la precariedad general en que viven los jóvenes en España están llegando a los juzgados en forma de sentencias que obligan a los progenitores a seguir pagando la pensión por alimentos a sus hijos, incluso cuando estos hace tiempo que han alcanzado la mayoría de edad y tienen una carrera universitaria.

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Se trata en casi todos los casos de padres divorciados que habían dejado de pagar las pensiones. Los tribunales, siguiendo el artículo 3.1 del Código Civil que insta a aplicar la ley “atendiendo a la realidad social”, han dictado unas sentencias que 10 años atrás hubieran resultado insólitas, pero que ahora responden a una situación cada vez más dominada por la precariedad, como ha señalado el último informe sobre exclusión y desarrollo realizado por la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas.

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El informe analiza 35 indicadores sociales y permite observar lo mucho que se ha deteriorado la situación en España por la crisis. Solo un 34,3% de los españoles vive con comodidad, con todas sus necesidades cubiertas; en el último informe, hace seis años, el porcentaje alcanzaba el 50,2%. El trabajo refleja que el 40,6% de la población padece las consecuencias de la precariedad, el 24,2% sufre una exclusión moderada y el 10,9% está ya en situación de marginalidad severa. Son cifras preocupantes, a las que hay que sumar la reciente advertencia de Unicef sobre otro indicador muy negativo: la pobreza infantil ha pasado en cinco años del 28% al 36%.

Estos informes muestran el deterioro que sufren amplios sectores de las clases medias y populares, lo que supone una seria amenaza para la cohesión social. Es una situación que debe corregirse: la desigualdad es una injusticia y un obstáculo para el crecimiento y el progreso económico. Evitar la fractura social debería estar ahora entre las máximas prioridades.

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