Reino Unido se ahoga en la burocracia del ‘Brexit’

Resulta irónico que, para librarse de la tecnocracia europea que durante años fue objeto de machacona chanza por parte de los voceros del Brexit, Reino Unido se encuentre ahora enredado en una maraña burocrática sin precedentes. “Estamos ante el trabajo más intenso al que se ha enfrentado nunca en la historia reciente un cuerpo de funcionariado occidental”, explica un alto cargo metido de lleno en el proceso. “Ahora mismo estamos mapeando cada sector y subsector de la economía británica, región a región, ciudad a ciudad, estudiando cada regulación. No hemos hecho nada así en la vida. Toda la administración está metida en ello, en mayor o menor medida”. Para hacerse una idea de la magnitud de la tarea, hay que aclarar que se refiere solo a los prolegómenos: habla apenas del trabajo previo a la negociación de la ruptura propiamente dicha, que la primera ministra ha prometido abrir dentro de, cómo máximo, cuatro meses.

Las alarmas saltaban esta semana cuando The Times publicaba una circular supuestamente dirigida al Gobierno, fechada el 7 de noviembre y elaborada por una consultoría externa. Según esta, los diferentes departamentos de Whitehall —como se conoce al funcionariado del Gobierno central— están en la actualidad trabajando en más de 500 proyectos relacionados con el Brexit y sería necesario contratar a 30.000 funcionarios más para hacer frente al volumen de trabajo requerido. Se trata de una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que el personal entero de la Comisión Europea, toda su vilipendiada burocracia, asciende a 33.000 personas, según datos oficiales. El Ejecutivo se apresuró a negar la autoridad al documento filtrado.

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Whitehall, tras años de recortes, suma en la actualidad cerca de 393.000 efectivos, su menor dotación desde la Segunda Guerra Mundial y un 20% menos que cuando los tories llegaron al Gobierno en 2010. Ahora los funcionarios asumen que tendrán que dedicar sus carreras a implementar una decisión que mayoritariamente no comparten. Universitarios, cosmopolitas, altamente cualificados y acomodados, los tecnócratas de Whitehall se ajustan al perfil del estereotípico votante por la permanencia.

Una sexta parte del ordenamiento jurídico británico, según estimaciones de la Cámara de los Comunes, está compuesta por legislación relacionada con la UE. Eso no incluye las 12.295 normas comunitarias con vigencia directa en suelo británico. Cientos de miles de páginas de leyes, de los temas más diversos, que Reino Unido deberá decidir, caso por caso, si mantiene, reforma o elimina. Todo ello, antes de negociar acuerdos comerciales con decenas de países y regiones con los cuales comerciaba hasta ahora en virtud de su pertenencia a la UE.

“Sencillamente, no tenemos capacidad para abordar esas negociaciones”, explica un alto cargo de una compañía relacionada con el proyecto. “No hemos negociado un acuerdo de comercio internacional desde 1973 [año en que Reino Unido se unió a la CEE]. Calculo que puede haber cerca de 40 negociadores disponibles en Reino Unido. Para que se haga una idea, solo para el TTIP Estados Unidos tiene 600 negociadores, más o menos los mismos con los que cuenta la UE. Los acuerdos de libre comercio son mamotretos de más de mil páginas, con cientos de páginas más de anexos y calendarios, en los que cada párrafo debe ser negociado”.

El acuerdo bilateral de libre comercio de la UE con Canadá —su duodécimo socio comercial— tiene 1.598 páginas de contenido extremadamente técnico, sobre asuntos tan exóticos como la ganadería del reno. Se acaba de aprobar in extremis tras siete años de negociaciones y no incluye, conviene recordar, el espinoso sector financiero, tan vital para los intereses británicos. “Solo ha habido en la historia dos acuerdos comerciales internacionales que incluyen el sector financiero, la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, y nos estamos yendo de los dos”, explica, preocupada, una directiva de la City.

Por eso es tan importante el trabajo previo, el mapeo de cada sector para determinar qué está en juego. Todo Whitehall está en ello pero, a unos meses de que se dispare el articulo 50 del Tratado de Lisboa, que abre el proceso de ruptura, la labor es complicadísima. Un estudio reciente del Instituto para el Gobierno, un think tank, calcula que solo para planear su postura de cara a las negociaciones, el Ejecutivo necesita 500 nuevos empleados, lo que supondría un coste anual de 65 millones de libras (75,7 millones de euros).

 El próximo miércoles el canciller del Exchequer, Philip Hammond, presentará su primer presupuesto de otoño, en el que está previsto un relajamiento de la austeridad mediante un aumento del gasto, particularmente en infraestructuras. No se contempla, en cambio, un desembolso adicional que dote de más recursos a Whitehall para lidiar con el coste burocrático del Brexit.