Europa busca que una policía internacional garantice el alto el fuego en Ucrania
Las potencias europeas y Rusia comienzan a tantear fórmulas para vigilar las zonas conflictivas
El Este de Ucrania se está convirtiendo en un problema crónico, que mantiene movilizadas y en alerta a 70.000 personas como mínimo (entre militares regulares ucranios, milicias insurgentes, miembros de batallones de voluntarios y mercenarios) a lo largo de 480 kilómetros de la zona de separación entre los territorios leales a Kiev y los controlados por las denominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL).
Los dirigentes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania (conocido como el cuarteto de Normandía) se reunieron el 19 de octubre a puerta cerrada en Berlín para dar un nuevo impulso a los estancados acuerdos de Minsk (septiembre de 2014 y febrero de 2015), que buscan acabar con el conflicto. La reunión no produjo avances sustanciales, aunque sí reafirmó la falta de alternativas al proceso de Minsk y reforzó la idea de que se necesita algún contingente policial armado para garantizar el cumplimiento del alto el fuego —hasta ahora caprichoso y volátil—, acordado en febrero de 2015.
El número de muertos reconocidos en el conflicto en el Este de Ucrania se acerca a los 10.000. Tras el alto el fuego, la sangría se redujo y los muertos civiles, por lo general víctimas casuales de una mina, una explosión o de una bala perdida, oscila entre dos y cinco personas al mes. De vez en cuando, un atentado de opaca procedencia acaba con la vida de alguno de los comandantes secesionistas más destacados. El último ha sido el ruso Arsén Pavlov, alias Motorola, un empleado de un centro de lavado de coches, que se transformó en el jefe del batallón Esparta en la RPD. Su muerte, en un profesional atentado en un ascensor, fue acogida con satisfacción en Kiev y con pesar en Donetsk, y fue el telón de fondo de las conversaciones de Berlín. En la ciudad de Donetsk, el cadáver de "Motorola" fue despedido con honores de héroe y velado en el teatro de la Opera local.
Con el tiempo, las posiciones de los combatientes en la línea de frente se han ido acercando y robando terreno a la zona desmilitarizada que fue acordada en Minsk. Para invertir este proceso y consolidar la separación, Alemania propuso desmilitarizar tres pequeñas áreas y extender después paulatinamente este micro modelo experimental a otras zonas. Bajo la égida de la OSCE, el proyecto se está realizando con éxito en dos de las tres zonas inicialmente elegidas y es previsible que los representantes de Kiev y de los insurgentes decidan próximamente incorporar varias zonas más al plan de desmilitarización. Los protagonistas del cuarteto de Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia) buscan algún tipo de fuerza policial que pueda garantizar estos “espacios de confianza”, pero de momento no han llegado a ponerse de acuerdo sobre quién debe asumir la misión.
Rusia, que ha apoyado a los secesionistas desde el punto de vista económico y militar, rechazó la idea de un contingente pacificador de la ONU, pero, de entrada, parece receptiva a un contingente policial armado de la OSCE. Esta organización proporciona observadores, pero no tiene contingentes policiales armados y el intentar poner en práctica esta fórmula supondría un gran desafío para la OSCE e incluso un cambio sustancial en su naturaleza, señalan altas fuentes diplomáticas occidentales en Kiev. Sería necesario que los 57 miembros de la OSCE llegaran a un consenso sobre la creación del contingente policial, lo financiaran, lo organizaran. “¿Quién en Europa tiene policías que ofrecer teniendo en cuenta que las fuerzas del orden en la mayoría de ellos están concentradas en la crisis de los refugiados y prevención del terrorismo”, comentan las fuentes.
El último punto de los acuerdos de Minsk es cerrar la frontera con Rusia y permitir que vuelvan a ella los guardafronteras ucranios. Antes, sin embargo, Ucrania debe aprobar cuatro leyes (de régimen especial de los territorios, de amnistía, de elecciones y cambios en la Constitución). Las autoridades ucranias insisten en que la seguridad es previa a la política y exigen un plazo de tres meses sin violencia para poner en marcha el proceso legislativo que hoy por hoy, está bloqueado en la Rada Suprema (el Parlamento ucranio). En la sociedad y en la clase política en Kiev predomina el “deseo de venganza, de castigar a los separatistas, pero no de hacerles sentir parte de Ucrania”, afirma un diplomático occidental, según el cual “este deseo de venganza va en aumento y se proyecta agresivamente contra aquellos que proponen un compromiso y el diálogo con los insurgentes”.
Las encuestas confirman esta situación. Según un sondeo realizado en septiembre por el centro Razumkov, un 21% de la población está a favor de dar un estatus especial a los territorios insurgentes y por celebrar elecciones en ellos, pero un 30% aboga por declararlos oficialmente ocupados y aislarlos hasta recuperar el control de los mismos. Según el mismo sondeo, un 18,5% está a favor de continuar la denominada operación Antiterrorista (ATO) hasta el control total; un 30% no sabe por qué decantarse. A diferencia de Crimea, Rusia no se ha anexionado la RPD y la RPD ni las ha reconocido como países independientes. Sobre el terreno, las “repúblicas” cada vez están más integradas a Rusia, que los abastece, paga subsidios y pensiones y asegura su defensa y es el modelo de sus nuevos programas escolares, que prescinden del sistema educativo ucraniano en beneficio del ruso.
El viceministro ucraiano responsable de los territorios ocupados, Georgui Tuka, cree que el tiempo disponible para reintegrar los territorios insurgentes es muy limitado y que, dentro de muy poco será ya demasiado tarde. A la larga las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk pueden convertirse en una réplica del Transdniéster o el Norte de Chipre.
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