El impacto de la crisis migratoria en Escandinavia

Suecia, un país tradicionalmente generoso con los que necesitan refugio, ha puesto en marcha un cambio legal para rebajar, al menos temporalmente, su política de asilo. Los 163.000 migrantes que Suecia recibió el año pasado han puesto en aprietos su robusto sistema de acogida e integración. Durante tres años, los refugiados sólo podrán recibir la residencia temporal y no podrán traer a su familia si no tienen ingresos, un revolucionario cambio en la política de asilo en el país que fue consensuada por seis partidos

En Noruega, el apoyo a la inmigración ha caído diez puntos en un año (al 45%) y el Gobierno, integrado por los conservadores y el antiinmigración Partido del Progreso, está embarcado en una campaña para disuadir a los refugiados para que busquen amparo en otro país. El Estado escandinavo, con cinco millones de habitantes, solía recibir unas 10.000 peticiones de asilo al año; en 2015 recibió más de 31.000. En otoño, en uno de los momentos de más afluencia, llegaban a sus fronteras unos 2.000 migrantes o refugiados a la semana. En invierno, cuando empezaron a arribar también por la frontera del Ártico en bicicleta, Noruega cortó el paso y deportó a una veintena de refugiados sirios a Rusia.

En Dinamarca, unas 300 personas han sido condenadas a sanciones económicas por transportar o dar refugio a refugiados. El país, el primero en ratificar (en 1951) la Convención del Refugiado, ha puesto en marcha una reforma en su política migratoria destinada a disuadir y ahuyentar a los que huyen de las guerras. Desde su llegada al poder en Dinamarca el pasado junio, el Gobierno de centro derecha ha restringido los derechos de los asilados. Además de recortar las ayudas económicas, ha aumentado el tiempo necesario para la reunificación familiar.