Bruselas estrecha el cerco fiscal a las multinacionales tras el ‘caso Panamá’

Los paraísos fiscales son engranajes básicos del capitalismo financiero. Utilizados por ricos y poderosos de todo el mundo y combatidos con escaso éxito desde hace años, están situados en el mismísimo centro de la crisis europea, que en algunos países ha acabado convertida en una crisis fiscal. Los hay a escasos kilómetros de la UE (en el Canal de la Mancha, por ejemplo); algunos analistas denuncian que incluso dentro, en países que acreditan prácticas fiscales que están al filo de lo permitido: Irlanda, Holanda, Bélgica, Austria y Luxemburgo. Los 11 millones de datos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas revelan que 12 jefes de Estado y de Gobierno y más de 200 políticos usaban el despacho de Mossack Fonseca en Panamá, con innumerables conexiones al más alto nivel en Europa. Y han activado una oleada de indignación ciudadana con consecuencias políticas: un nuevo arreón legislativo en Bruselas que esta vez, aseguran los líderes europeos, no quedará en agua de borrajas.

La Unión dispara en varias direcciones, a pesar de que los asuntos fiscales son muy espinosos: se trata de una competencia nacional y el más mínimo paso encuentra siempre formidables resistencias. Bruselas asegura que en seis meses tendrá una lista de jurisdicciones no cooperativas (eufemismo de paraísos fiscales, a su vez eufemismo de esas lavanderías de dinero sucio o que no quiere pagar impuestos) y estará en condiciones de imponer sanciones. La Comisión tiene en marcha varias iniciativas más al hilo del escándalo LuxLeaks, que hace un año largo descubrió miles de pactos de multinacionales con Luxemburgo por los que evitan pagar impuestos en otros Estados y acaban pagando menos del 1% en el pequeño ducado que ha dirigido el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, durante dos décadas.

El borrador de la última propuesta, que se dará a conocer el martes, obliga a las multinacionales a proporcionar información país por país de sus beneficios y dónde pagan impuestos; incluso de cuánta gente emplean en cada lugar, para identificar las denominadas “empresas buzón”, tapaderas que permiten pagar al fisco allá donde sea menos oneroso. El refuerzo de los controles será para empresas con ingresos de más de 750 millones de euros; con esa cifra se controlarían “aproximadamente el 90% de los beneficios”, según el proyecto. Bruselas apunta que las multinacionales “tendrán obligaciones de transparencia fiscal similares a las que ahora existen para los bancos”. Las fuentes consultadas admiten que la fuerte presencia de entidades financieras europeas en los papeles de Panamá —tres entidades españolas, Santander, BBVA y Banco Sabadell, por ejemplo— quita mucha fuerza a ese argumento.

El plan está en línea con el G-20 y se une a otras medidas adoptadas por la UE desde 2014: la obligación de dar a conocer los acuerdos de cada país con multinacionales (tax rulings) y los pactos con terceros países, el intercambio de información fiscal automática, y las investigaciones de Competencia contra los acuerdos en Luxemburgo, Holanda e Irlanda con empresas como Starbucks, Amazon, Apple y Fiat.

Aun así, Transparencia Internacional ha criticado con dureza el plan: aduce que las multinacionales solo deben proporcionar información sobre su actividad en la UE; los datos de fuera de la Unión no se desagregan país por país, con lo que el ejercicio queda descafeinado. Varios grupos de la Eurocámara, como los Verdes, subrayan que el listón (ingresos de 750 millones) pone la lupa sobre apenas un millar de compañías, cuando la evidencia muestra que el fraude lo protagonizan a menudo firmas más pequeñas. Y rechazan que la información no sea accesible para el público, sino solo para la Hacienda de cada país.

¿Hipocresía?

El comisario Pierre Moscovici calificó de “inmorales” las prácticas de Panamá. El responsable del plan, el comisario Jonathan Hill, dijo que esa norma dificultará la acción de los paraísos fiscales. Jeroen Dijsselbloem, jefe del Eurogrupo, pidió una reacción política a la UE. Antes de llegar a Bruselas, Moscovici fue ministro en Francia, que no tiene a Panamá en su lista de paraísos; Hill fue propuesto por el Gobierno de David Cameron, en el disparadero por sus lazos en una offshore panameña; la Holanda de Dijsselbloem ni siquiera tiene lista de paraísos fiscales. El joven ministro socialdemócrata no ha modificado una sola de las leyes por las que otros socios acusan a Holanda de competencia fiscal desleal. Pero esa es otra historia. O no.