El primer ministro belga no acepta la dimisión del ministro de Interior

El Gobierno de Bélgica comienza a resentirse de las críticas recibidas por su labor antiterrorista. Varios medios belgas recogen este jueves que los dos ministros más señalados, el de Interior, Jan Jambon, y el de Justicia, Koen Geens, han presentado su dimisión al primer ministro, Charles Michel, que no la ha aceptado. Jambon ha confirmado la información al diario Le Soir y ha indicado que los dos ministros continuarán en sus funciones. Bélgica se enfrenta a un alud de críticas por la investigación del foco de terrorismo localizado en su territorio. A las primeras deficiencias reveladas tras los atentados de París, que fueron orquestados en la capital belga, se unen ahora los detalles del atentado de Bruselas.

Esos amagos de dimisión se producen horas después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, asegurara en Estambul que sus fuerzas de seguridad arrestaron en Turquía a uno de los suicidas fallecidos en el aeropuerto, Ibrahim el Bakraoui, y lo devolvieron a Bélgica, que lo dejó en libertad. El ministro de Justicia replicó el miércoles que no fue su país, sino Holanda, quien recibió al presunto terrorista, pero el episodio es aún muy confuso.

Los ministros del Interior de la UE están reunidos este jueves de manera extraordinaria en Bruselas a raíz de la alarma suscitada por los ataques terroristas. Conscientes de que los detalles que se conocen de la investigación arrojan datos inquietantes sobre los nexos entre el 13-N en París y el atentado múltiple del pasado martes en Bruselas, que dejó 31 muertos en el aeropuerto y en una estación de metro, los ministros tienen previsto aprobar una declaración que urge a “combinar los esfuerzos nacionales, de manera urgente, para investigar las redes implicadas en los ataques de parís y Bruselas y otras redes similares”.

A su llegada a la reunión, casi todos los ministros han admitido que es necesaria una mayor cooperación entre Estados para evitar lagunas de información. "Hemos de pasar de las musas al teatro; tenemos perfectamente identificadas las medidas que hay que aplicar. No podemos ir a remolque de las acciones terroristas para implementarlas", ha subrayado el español, Jorge Fernández Díaz. Ese fue el mensaje que lanzó ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que reconvino a los gobernantes para que actúen. Pese a todo, el ministro aseguró que Juncker "no se refiere a España" al lanzar esa idea porque las autoridades españolas ya comparten mucha información.

"Debemos comprobar dos veces que lo que está aprobado efectivamente se aplica", ha sugerido el ministro holandés Ronald Plasterk, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la UE. "Hay que centrarse mucho más en el intercambio de información, particularmente la de los servicios de inteligencia", ha abundado la irlandesa Frances Fitzgerald. "El terrorismo es veloz y Europa es lenta", ha sintetizado el ministro italiano, Angelino Alfano.

Junto a acelerar la investigación de los atentados, los ministros abogan por crear un equipo de expertos antiterroristas en el seno de Europol, la agencia europea especializada en la lucha contra el terrorismo, para que investigue a los yihadistas europeos, los flujos de financiación de estas redes, el tráfico ilegal de armas y la propaganda por Internet.

Riesgos en el transporte

Más allá de ese aspecto, las autoridades buscan fórmulas para minimizar riesgos en el transporte, uno de los principales blancos del terrorismo. Los ministros del Interior de la UE debatirán medidas para mitigar esas amenazas. Así figura en el borrador de declaración que los titulares de Interior planean aprobar y cuya redacción es menos ambiciosa de lo previsto inicialmente. Frente a un primer intento de proponer “mejorar la seguridad del transporte”, los ministros abogan ahora por “compartir información” de forma que se realicen análisis de riesgos y “las medidas para atenuar [los riesgos] puedan adaptarse a las amenazas potenciales”.

No es la primera vez que la UE respalda el aumento de las medidas de seguridad en el transporte, sin resultados inmediatos. En verano de 2015, tras el intento de atentado de un yihadista que trató de cometer una matanza en la línea de alta velocidad que une Bruselas y París, el club comunitario ya acordó reforzar la seguridad en los trenes. La Comisión Europea recomendó la utilización de cámaras de seguridad y de otras tecnologías para evitar incidentes, pero finalmente cada Estado miembro aplica las medidas que estima oportunas. También se sugirió la idea de crear un registro de pasajeros ferroviarios, pero no prosperó.

El registro que sí está a punto de ver la luz, tras varios años de escollos, es el de pasajeros aéreos. Es en este aspecto donde se recoge el compromiso más concreto de esta tarde: adoptar la directiva que lo regula en abril. Los Estados, que ya acordaron este instrumento, están a la espera de la aprobación del Parlamento, muy reacio en principio a un registro que deben elaborar las compañías aéreas, con datos personales de cada pasajero, y transferirlo a las autoridades nacionales para que esté a disposición de toda la UE. Los ministros pedirán aplicarlo “de manera urgente”, aunque este llamamiento se recoge prácticamente en todas las conclusiones del Consejo de Interior.

También se hace un llamamiento a aplicar medidas ya aprobadas pero aún no aplicadas: los controles sistemáticos de ciudadanos europeos cuando entren o salgan del espacio Schengen (se realizan en algunas fronteras, pero no de manera sistemática), un mayor seguimiento de la compra de armas de fuego y la puesta en marcha de nuevas medidas de la lucha antiterrorista.

El otro punto débil de la seguridad europea deriva de las lagunas de información entre Estados miembros. Las autoridades nacionales son reacias a compartir información sensible sobre sospechosos de terrorismo, lo que debilita la lucha que puede realizar cada país. Los ministros acordarán incrementar “de manera urgente” el uso y la compatibilidad de las diferentes bases de datos relativa a la seguridad.

La UE pretende también tener más control sobre el rastro digital –por ejemplo en redes sociales- de presuntos terroristas o personas en proceso de radicalización. Los ministros quieren aumentar la cooperación con terceros países y con servidores de Internet de manera que las fuerzas de seguridad de los Estados puedan tener “acceso directo” a contenidos relevantes. Se trata de un asunto espinoso porque las empresas tratan también de preservar la privacidad de sus clientes, pero en los últimos años los gigantes de Internet (Google, Facebook, Microsoft) se han reunido varias veces con las autoridades europeas para mejorar la cooperación en este terreno.