La industria del porno de California se opone al preservativo obligatorio

Un proyecto de ley, que está siendo objeto de estudio en un comité, obligaría a los estudios de cine a garantizar la seguridad de los actores frente a las enfermedades de transmisión sexual mediante el uso de condones u otras barreras de protección durante el rodaje. Además, los productores tendrían que pagar vacunas contra la hepatitis B y análisis para descartar otras enfermedades para cualquier empleado que participe en cada película. La industria del cine para adultos, es decir, el porno, que dice dar trabajo a 10.000 personas en el estado de California y aporta más de 1.000 millones de dólares a la economía local, ha amenazado con irse si el proyecto se convierte en ley. Según algunos cálculos, el sector produce 11.000 películas al año, el 90% rodado en California, y engloba a 200 compañías productoras.

Los impulsores de la ley alegan que es necesaria para proteger a los trabajadores, que, según varios estudios, padecen un índice más elevado de enfermedades de transmisión sexual que las prostitutas legales en Nevada.

La industria del cine para adultos, es decir, el porno, que dice dar trabajo a 10.000 personas en el estado de California y aporta más de 1.000 millones de dólares a la economía local

El porno producido en California genera entre 9.000 y 13.000 millones de dólares en ingresos brutos a escala nacional, según un análisis legislativo del proyecto de ley.

Los pornógrafos dicen que la norma del preservativo supondría una violación de su libertad de expresión protegida por Primera Enmienda y destruiría la estética de una industria que se basa en la fantasía, la carne y las contorsiones.

“La gente no quiere ver una película en la que los actores lleven condones”, decía Larry Flynt, el magnate del sector y editor de la revista Hustler, en una entrevista telefónica desde Los Ángeles. “Es así de sencillo. Están intentando acabar con el sector mediante leyes, pero no van a conseguirlo”.

Algunas productoras de porno como Wicked Pictures, con sede en Canoga Park y filmes con títulos como El concurso de polvos, ya exigen a sus actores que usen preservativos. Y eso no ha arruinado su negocio.

Los defensores de la salud pública, como la AIDS Healthcare Foundation, que patrocina el proyecto de ley, llevan mucho tiempo presionando para que en el estado se impongan normas de seguridad en el trabajo dentro del sector del porno. El grupo, cuya sede nacional se encuentra en Los Ángeles, menciona los brotes de VIH de los 30 últimos años, entre ellos uno en 2004 que infectó a cuatro personas después de que realizaran actos sexuales sin protección para una película.

“Nuestro objetivo es, en parte, fomentar las prácticas sexuales seguras, y creemos que esto ejerce una influencia negativa”, dice por teléfono el presidente de la Fundación, Michael Weinstein. “No podemos ni queremos controlar el contenido de los filmes ni sus diálogos, pero, como entidad de salud pública, queremos unas prácticas sexuales más seguras, y esta campaña sobre el porno ha dado al uso de los preservativos una publicidad que no podríamos haber logrado con ninguna otra cosa”.

Como reacción a los brotes de VIH, la industria empezó a exigir análisis periódicos para los actores y creó una base de datos con los nombres de quienes daban resultados negativos. También se apresuró a detener los rodajes que estaban en marcha, por ejemplo con una moratoria en 2004 y con interrupciones más pequeñas en 2010 y 2011.

Los pornógrafos dicen que la norma del preservativo supondría una violación de su libertad de expresión protegida por Primera Enmienda y destruiría la estética de una industria que se basa en la fantasía, la carne y las contorsiones

Aun así, los productores se resisten a que los actores lleven condones, porque dicen que con todos esos protocolos ya instaurados es suficiente.

“Tienen más probabilidades de contagiarse de VIH por ligar con alguien en un bar de las afueras que en el sector del cine porno”, dice Flynt. “Todos los actores se someten a análisis. Son las prácticas sexuales más seguras que existen”.

Los que se oponen al proyecto de ley se centran en una frase que afirma que las compañías deberían proteger a los empleados de los patógenos de transmisión sanguínea y otros materiales potencialmente infecciosos según las regulaciones actuales. Dicen que eso obligaría a los actores a tomar las mismas precauciones frente a los fluidos corporales que los enfermeros de un servicio de urgencias.

“Si se sigue el proyecto de ley al pie de la letra, necesitarían un traje de protección contra sustancias peligrosas”, asegura Lydia Lee, una antigua estrella de porno que actuaba con el nombre de Julie Meadows y que hoy es portavoz de la Adult Performers Coalition for Choice (Coalición de Actores de Cine Adulto por la Libertad de Elección), que se opone a la ley.

El proyecto de ley es similar a una medida que los votantes del Condado de Los Ángeles aprobaron en referéndum en 2012, y que exigía el uso de preservativos para los actos de sexo anal o vaginal durante el rodaje de películas para adultos. La ley contaba con el apoyo de grupos como la American Medical Association (Asociación Médica Americana) y la American Public Health Association (Asociación Americana de Salud Pública). Los estudios que deseen rodar en Los Ángeles tienen que pagar una tarifa y demostrar que los directivos y técnicos han hecho un curso de formación sobre patógenos de transmisión sanguínea.

Antes de que se aprobara esa norma, muchos miembros del sector decían que, si salía adelante, preferirían rodar fuera de Los Ángeles que cumplirla. Según Paul Adley, presidente de Film LA, que es el organismo encargado de conceder los permisos para rodar en la ciudad, este año no han tenido más que dos solicitudes de filmación, cuando lo normal es que reciban entre 450 y 500 al año.

Los defensores de la salud pública llevan mucho tiempo presionando para que en el estado se impongan normas de seguridad en el trabajo dentro del sector del porno

“Quizá es que se han limitado a no pedir los permisos”, dice Audley. “Es muy difícil descubrir si están rodando sin permisos. Pero hemos hablado con otros condados vecinos e incluso otros estados, y sabemos que hay gente rodando allí, y la gente se está quejando”.

Los encargados de buscar exteriores empezaron enseguida a explorar barrios del Condado de Ventura en busca de viviendas residenciales apropiadas. Un propietario puede ganar entre 100 y 200 dólares la hora o más por dejar que su casa se convierta durante unos días en un gimnasio sexual.

“Necesito casas para rodar una película en su barrio. Necesitamos espacio para equipos muy pequeños, de cuatro a ocho personas, para rodar entre cuatro y cinco horas o entre 10 y 12. Puede convertirse en algo frecuente si les gusta su casa y si al dueño le parece conveniente”, dice uno de los folletos repartidos en el Condado de Ventura.

Linda Parks, elegida para los órganos de supervisión del condado de Ventura, dice que este año ha empezado a recibir quejas de residentes que ven y oyen a gente desnuda en plenos actos sexuales.

Esas quejas la empujaron a proponer una ordenanza que exige que se practique el sexo de forma segura durante el rodaje de películas para adultos en las zonas de fuera de Los Ángeles. La junta del condado aprobó la medida a principios de este mes y varias ciudades más de la región han hecho lo mismo.

“No me importa nada que eso les obligue a marcharse a otro sitio”, dice Parks en una entrevista telefónica. “Si resulta que no pueden rodar en estos barrios residenciales, pues estupendo”.

Como reacción a los brotes de VIH, la industria empezó a exigir análisis periódicos para los actores y creó una base de datos con los nombres de quienes daban resultados negativos

Vivid Entertainment, que tiene títulos como Dulce y natural y Ángeles del sexo, presentó en enero ante el tribunal federal una demanda contra la Medida B, con el argumento de que infringe la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda a la Constitución. Se espera que la vista se celebre en junio.

La compañía, con sede en Los Ángeles, dice que, desde los años noventa, la industria ha puesto en práctica un programa que exige pruebas de VIH, y que los productores “más ajetreados” obligan a realizarlas cada 14 días.

“Ningún productor serio de películas para adultos permite que participe en su film un actor sin una confirmación reciente de que no tiene VIH, y ningún actor aceptaría rodar sin confirmar que su pareja también ha dado un resultado negativo”, asegura Matthew Patterson, abogado de Vivid en el bufete de Davis Wright Tremaine, que, según se dice, está preparando una serie de querellas.

El presidente de Vivid, steve Hirsch, no ha querido hacer comentarios mientras la cuestión esté sub júdice. En febrero declaró a una revista de Ventura que, después de la epidemia de 1998, la productora exigió durante un tiempo el uso de condones y las ventas cayeron un 30%.

“Dejando aparte, claro está, los sentimientos de repugnancia, hay motivos para no querer expulsar de California a uno de los sectores de la industria del espectáculo que tiene verdadero éxito”, dice Jeffrey Douglas, presidente de Free Speech Coalition (Coalición por la Libertad de Expresión), la asociación comercial de los productores de porno. “Esta es una industria que ha beneficiado siempre mucho al estado de California”.

Con informaciones de Karen Gullo desde San Francisco.

© 2013 Bloomberg News

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia