Bolivia suspende el decreto que imponía ocho horas de trabajo para los médicos

El presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendió este viernes la aplicación del decreto 1126 que restituía las ocho horas de trabajo para los médicos y los trabajadores de los servicios públicos de salud, una norma que había provocado una movilización sin precedentes en la sanidad. Los trabajadores de este sector se habían declarado en huelga indefinida hace seis semanas para exigir la derogación del decreto y que se les reconozca los derechos consagrados en la ley general del Trabajo.

Además, Morales convocó para el 27 y 28 de julio a una "cumbre nacional" para analizar nuevamente esa medida. "Esta cumbre no solamente va a ser para debatir si son ocho horas de trabajo (...) Que sea también para cambiar totalmente la salud en Bolivia", dijo. El presidente de Bolivia anunció su decisión en un breve mensaje transmitido por la televisión estatal, en el que no admitió preguntas. Todavía no se conocen las reacciones de los dirigentes laborales.

Morales suspende la norma en vísperas de una semana muy conflictiva. Para el lunes y el martes está convocada una huelga de los conductores del transporte público en todo el país. La Central Obrera Boliviana había llamado a un paro de 72 horas, del próximo miércoles al viernes, en apoyo al sector de la sanidad, y el sistema universitario ha llamado a la huelga indefinida a partir del lunes. Todos estos conflictos están complicando enormemente la reelección del presidente para un tercer mandato a partir de 2014.

Las protestas del sector sanitario -las más enérgicas que se recuerdan-, también alertaban sobre la crítica situación de los hospitales públicos y la falta de políticas de planificación para incrementar de la infraestructura hospitalaria en función del crecimiento de la población y la escasez crónica de suministros y medicamentos.

El Gobierno del presidente Evo Morales no logró el éxito esperado con su plan para neutralizar la huelga, que incluyó la instalación de tiendas para la atención de urgencia a cargo de un grupo de 1.200 médicos -en su mayoría licenciados de universidades cubanas-, aparte de amenazas de despido a los trabajadores sanitarios y las acciones del Ministerio Público para encarcelar a quienes violen el derecho al acceso a servicios de salud, consagrados en la Constitución.