Los beneficios del libre comercio

Los mercados abiertos son fuente de crecimiento económico, prosperidad y creación de empleo. La Unión Europea (UE) es uno de los mercados más abiertos del mundo y aspira a trabajar en pie de igualdad con el resto de las grandes regiones del planeta. En este contexto se inscriben acuerdos como el negociado con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, o el que se está debatiendo ahora entre la UE y Mercosur, del que España es el principal impulsor.

Las posiciones contrarias de algunas formaciones políticas en España a acuerdos como el que negociamos con Canadá solo se explican desde el populismo más ramplón. Nos marginan de nuestro enclave europeo con el argumento de que así se protegen los derechos sociales. Solo los que no tienen memoria, ignoran que Europa supone para España pertenecer al área donde los valores democráticos son la clave de bóveda de la convivencia. Salirnos de ahí con actitudes excéntricas nos conduce a un mundo peor donde se levantan los muros del proteccionismo y la exclusión social.

El objetivo último de los acuerdos de libre comercio es dinamizar el comercio bilateral mediante la eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios para impulsar la competitividad de las economías. No sólo se busca la eficiencia en términos económicos sino que es capital fomentar otros principios y valores, puesto que los acuerdos deben ser inclusivos y contribuir al bienestar de los pueblos. Así, cada vez es más frecuente incorporar cláusulas sobre garantías para los trabajadores, protección del medio ambiente, desarrollo sostenible o comercio justo y ético, entre otras.

Oponerse al CETA con actitudes excéntricas solo se explica desde el populismo más ramplón

Con esa premisa, los acuerdos de libre comercio son beneficiosos tanto para los consumidores como para las empresas y los trabajadores. Los beneficios para las empresas derivan de la eficiencia que aporta la eliminación de gravámenes y otras barreras muy heterogéneas (requisitos específicos, dobles certificaciones, licencias de importación y normas de origen de los productos, entre otros).

Los beneficios para los consumidores son los producidos por la reducción de costes que suponen los acuerdos y que les permiten adquirir una muy amplia variedad de productos y servicios a precios ajustados. En este punto debe quedar claro que en los grandes acuerdos los gobiernos nacionales mantienen el derecho a regular la protección de los consumidores nacionales.

Estos acuerdos favorecen también a los trabajadores, puesto que la apertura comercial implica la creación de empleo, no sólo en los mercados de origen sino también en los de destino. Solo a modo de ejemplo, más de 30 millones de puestos de trabajo en Europa, casi uno de cada siete, dependen directamente de las exportaciones hacia terceros mercados. También aquí las cláusulas de salvaguarda de los derechos de los trabajadores son cada vez más exigentes: defendemos con ahínco que el libre comercio es motor de progreso y también de bienestar social.

Europa es un área puntera en este ámbito e impone estándares de protección y garantías de los derechos laborales tan exigentes como los que rigen en este continente en cuestiones como la prohibición del trabajo infantil o la no discriminación. Los acuerdos de libre comercio persiguen asimismo un mayor acceso al mercado de contratación pública, menores restricciones a la posibilidad de invertir en otros países y el refuerzo de la protección de las inversiones mutuas.

La UE está negociando en estos momentos más de 20 acuerdos de libre comercio y ha concluido recientemente los relativos a Corea, Vietnam o Singapur, además del CETA, con Canadá, que es el acuerdo más moderno y ambicioso cerrado hasta la fecha. El CETA aborda un amplio espectro de medidas, que, en conjunto, beneficiarán a cerca de 5.500 empresas españolas, el 90% de ellas pymes. Supone la desaparición de prácticamente el 99% de los aranceles que soportan los bienes y servicios que exportan estas empresas.

Entre estos bienes destacan los productos industriales -muy especialmente los del sector farmacéutico- y la alimentación, con la protección de más de 143 indicaciones geográficas de alimentos y bebidas de la UE, de las que 23 son españolas (entre ellas aceite, turrones, quesos, productos cárnicos, frutas y especias). Además, se consolida la protección de las más de 100 denominaciones de origen españolas de vinos y licores.

Más de 30 millones de empleos en Europa, casi uno de cada siete, dependen directamente de las exportaciones hacia terceros mercados

Ofrece asimismo beneficios potenciales en comercio de servicios e inversiones, facilita el reconocimiento de cualificaciones profesionales y mejora la movilidad de trabajadores. Al tiempo, abre los antes infranqueables mercados canadienses de contratación pública, de tal forma que las empresas españolas podrán participar en las licitaciones.

El Acuerdo con Canadá puede ser, de hecho, una referencia para los que se están negociando ahora, en particular el que unirá a la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Este último supondrá la apertura de un mercado de más de 250 millones de consumidores a las empresas europeas y de 500 millones a las compañías de Mercosur. Así, toda Iberoamérica quedaría cubierta por acuerdos comerciales con la UE.

Sólo alguna cifra para que se pueda calibrar la importancia del acuerdo UE-Mercosur: En 2016 esa área fue el décimo destino más importante para las exportaciones de bienes de la UE y la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones de los países Mercosur. El acuerdo supondría una importante reducción de aranceles para ambas partes, la supresión de otro tipo de barreras -como la eliminación de licencias diferenciadas-, y la armonización de normas de calidad y de etiquetado, de tal forma que se favorezca una mayor integración de Mercosur en las cadenas de valor global.

Asimismo, ampliará el campo para la contratación pública en ambos mercados con la inclusión de medidas que garanticen la igualdad de trato para las empresas. Otorgaría también un acceso preferente a los mercados de servicios. Desde el lado europeo, en torno a un 24% de las exportaciones a Mercosur son de servicios. Se abre un amplio margen de acción para profesionales como ingenieros o arquitectos, para los servicios financieros, de infraestructuras, de telecomunicaciones, energéticos o medioambientales. Al tiempo, se negocia una mayor flexibilidad para el movimiento temporal de personal de alta cualificación y el reconocimiento de títulos.

España se ratifica en su firme convicción de que el libre comercio es fuente de crecimiento integrador y generador de empleo. La presencia de la UE en este tipo de acuerdos es una garantía de respeto de los estándares de bienestar, medioambientales y de seguridad alimentaria propios de Europa. En esta línea avanza el CETA y estoy convencido de que por ahí progresará el acuerdo con Mercosur. El próximo lunes se celebra en Madrid una jornada sobre este último gran acuerdo comercial, con la participación de los ministros del área (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), y la asistencia de la Comisaria Cecilia Malmström. España sabrá estar a la altura.

Luis de Guindos Jurado es ministro de Economía, Industria y Competitividad.