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¿Qué pasa con los subsaharianos en los Centros de Internamiento de Extranjeros?

La asociación Karibu presenta un informe sobre la situación de africanos en espera de repatriación

Inmigrante subsahariano en el CETI de Melilla tras entrar saltando por la valla de Melilla.
Inmigrante subsahariano en el CETI de Melilla tras entrar saltando por la valla de Melilla.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros -más conocidos por su acrónimo, CIE- son espacios públicos, dependientes del Ministerio de Interior y custodiados por policía nacional, donde se priva de libertad al extranjero en situación irregular. Se puede permanecer en ellos hasta 60 días antes de su repatriación o de su salida, si no hay fallo. Esto es, al menos, la definición que provee la Ley de Extranjería o lo contemplado en el Código Penal desde su creación, en 1985. La realidad, según lo presentado el pasado jueves por la asociación Karibu, es que ese encierro previo a la deportación está plagado de “incumplimientos sistemáticos de los derechos humanos”.

Un informe centrado en la situación de personas de origen subsahariano en Madrid manifiesta así el “fracaso” y la “ineficacia” de este sistema de retención. Tal y como registró la organización, en 2016 han pasado 527 subsaharianos de 26 países por el CIE de Aluche, al sur de la capital. Un 65% ha sido retenido con orden de devolución. “Hay un reglamento pero no se aplica”, sintetizaron Carmen Echevarría y Begoña Santos, coordinadoras de la publicación. Karibu, colectivo sin ánimo de lucro, visitó a 212 de esos internos y determinó que el 34% ya vivía en España, no eran personas recién llegadas. Un tercio del total, además, se encuentra en situación de especial vulnerabilidad.

Hemos construido una Europa con vallas, con concertinas y guardias especiales de fronteras que evitan la llegada de migrantes expulsandoles sin que ni siquiera hayan pisado el país

Ramiro García de Dios, juez de control en el CIE de Aluche

“Nos hemos encontrado con 35 peticiones de asilo, 10 que se identifican como menores de edad, 10 con enfermedades crónicas o dos mujeres víctimas de violencia de género”, recogen en el texto, entre otros casos de inseguridad. En la perspectiva nacional, el número de personas internadas creció un 10% con respecto al año anterior (7.597) y, sin embargo, las expulsiones descendieron: 2.205, un 23% menos. Esto supone, en boca de las responsables, “que una gran mayoría atraviesa una durísima experiencia vital sin que se proceda a ejecutar la medida por la cual fueron privados de libertad”. “Por otro lado, las condiciones de internamiento siguen sin experimentar mejoras significativas”, añadieron.

Hacinamiento, suciedad o incluso “reclusión arbitraria, discriminación racial y tortura”, como dictaminó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una condena a España de 2012 por el caso del magrebí El Hadj. Interno, precisamente, en el CIE de Aluche. Ramiro García de Dios, juez de control en este centro madrileño, añadió experiencias personales a la crítica (como que nunca les dejan solos en entrevistas) y los tildó de “instrumentos indecentes”. “Nosotros no tenemos que controlar a nada ni a nadie, solo intentar que se respeten los derechos humanos”, aclaró, “y el problema es que no tenemos garantías porque, desde que su creación, el ministerio incumple continuamente la legislación”.

Jueces como él, expresó, “no son bienvenidos” en estos centros ya que “incomodan”. Según aseguró García de Dios, en el CIE de Aluche hay permanentemente una Unidad de Intervención Policial, más conocida como antidisturbios, para “el mínimo conato de violencia”. Y se mezcla a personas que han cometido delitos graves con quien no ha hecho nada. “Hemos construido una Europa con vallas, con concertinas y con guardias especiales de fronteras que evita la llegada de migrantes expulsando sin que ni siquiera hayan pisado el país”, apuntó quien cifró en ocho los autos dictaminados en un año.

En los alrededores del CIE de Aluche.
En los alrededores del CIE de Aluche.

“He descrito los CIE como centros de sufrimiento e impunidad, y mantengo que son peores que los establecimientos penitenciarios”, insistió el magistrado, “porque está claro que la estancia afecta no solo a la libertad sino a la dignidad del ser humano”. La denuncia de Karibu apunta que la mayor parte de los internos son subsaharianos, a menudo identificados por “las meras características físicas o étnicas”. Predominan los procedentes de países de África Occidental como Camerún, Guinea Conakry, Costa de Marfil o Senegal.

Romêo Gbaguidi, experto en migraciones africanas, hizo hincapié en desmitificar estereotipos. Recordó, por ejemplo, que la mayoría de las migraciones africanas eran internas y de norte a sur, no al contrario. “La ONU calcula que hay unos 500 millones de movimientos migratorios en el mundo: 200 millones son africanos y 131 se producen dentro del continente”, anotó. Según un informe de la entidad que plasma los datos de 2015, son 244 millones las personas que viven fuera de su país, con casi la mitad procedente de Asia. “Los que van hacia Marruecos quieren llegar a Europa, y tienen que emprender caminos tan peligrosos como los que cruzan el Sáhara o la cuenca del río Níger, en una situación de alarma por bandas terroristas como Boko Haram o Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI)”, alegó, “pero también hay mucho flujo hacia Sudáfrica desde Mozambique, Zimbabue o Nigeria”.

La denuncia de Karibu apunta que la mayor parte de los internos son subsaharianos, a menudo identificados por “las meras características físicas o étnicas”

Poner el foco en la comunidad subsahariana y en un CIE en concreto no es acotar el tema sino dar a conocer lo que pasa en estos centros, concluye la asociación, que se posiciona a favor de su cierre y, hasta el momento en que ocurra, a favor de un trato humano mientras sigan abiertos. Karibu resalta el “limbo legal” de los llamados “inexpulsables”, los que ya han sido internados y luego liberados: “Su situación conlleva una dificultad añadida para estas personas a la hora de realizar los trámites para regularizar su estancia, convirtiéndose durante largos periodos de tiempo en indocumentadas y sin derechos”, explican. “Para todos ellos la salida del CIE debiera estar acompañada de apoyos institucionales orientados hacia la integración plena en la sociedad y procedimientos que permitan el acceso a una documentación con la que puedan normalizar su vida en España”.

¿Qué alternativas hay al cierre, cómo sería posible? Aparte de acabar con el neocolonialismo de potencias europeas “que crean guerras o expolian recursos”, las soluciones que propuso García de Dios son cuatro: un cambio en el modelo migratorio a nivel universal, favorecer el retorno voluntario, sustituir los CIE por “espacios de acogida” gestionados públicamente o por iniciativas sociales y la concesión de permisos de residencia –aunque fueran provisionales- a todas las personas “inexpulsables”.

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