Calidad democrática

El artículo 76 de la Constitución Española fija la potestad del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras conjuntamente para nombrar comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público”. La creación de una comisión para investigar la financiación del Partido Popular no es solo de obvio interés público en un momento en que el partido en el Gobierno sigue encadenando causas judiciales que ponen en entredicho la honestidad de sus cuentas y que afectan a distintas etapas, algunas muy cercanas. Es, además, una parte importante del pacto que alcanzó y firmó con Ciudadanos en agosto de 2016 y que permitió desbloquear el estancamiento político en que estaba inmersa España.

En aquel pacto, ambos partidos se comprometieron a impulsar “una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, que permita esclarecer las responsabilidades políticas por los hechos investigados y formular recomendaciones que impidan la repetición de casos similares en un futuro”.

Repasar todo el documento causa gran frustración ante la enorme cantidad de compromisos que aún no se han puesto en marcha (desde una reforma de la ley electoral a la reducción de los aforamientos o la separación inmediata de cargos públicos imputados, que tan difícil resultó en el caso del presidente de Murcia). Pero lo inconcebible esta vez es que no solo estamos ante un incumplimiento flagrante de lo acordado, sino ante una ofensiva torticera contra los pasos que han dado Ciudadanos, PSOE y Podemos para poner en marcha esa comisión.

El PP ha calificado de “cacería” esta comisión y amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional para frenarla. El Partido Popular quiere limitar la investigación a 2015, por ser el momento en que cambió el Código Penal para tipificar el delito de financiación ilegal, limitarla al ámbito nacional y extenderla además a todos los partidos. En el Senado, donde conserva la mayoría, ha activado una comisión paralela para extender la investigación a todas las formaciones.

El PP no solo incumple de nuevo sus compromisos, sino que desprecia las herramientas de control democrático en un momento en que la corrupción se dispara en las preocupaciones de los ciudadanos y de la Comisión Europea. El último barómetro del CIS recoge una escalada de 12 puntos de la corrupción en la lista de problemas que preocupan a los españoles, hasta un 54,3%. La sucesión de casos y la constatación de que son cercanos en el tiempo y no una rémora del pasado, como intenta hacernos creer el PP, han convertido la corrupción en una grave fuente de desafección de los ciudadanos hacia la democracia.

La calidad de una democracia también se mide en el funcionamiento de los instrumentos de control y zafarse de ellos no es el camino. Por eso, el PP debe demostrar de una vez por todas que se pone a favor de la regeneración y no de su obstaculización. De momento, está evidenciando lo contrario.