Fin de la diferencia española

Era nuestra diferencia, lo que nos convertía en caso excepcional en la historia de Europa: una demostrada y reiterada incapacidad para la democracia, una atávica necesidad de ser gobernados por un hombre fuerte. After he goes, what?, se había preguntado un distinguido hispanista, Richard Herr, temiendo que cuando He,o sea, Franco, desapareciera, los españoles, por naturaleza rebeldes y políticamente volubles, volverían a sus antiguos hábitos, solo temporalmente abandonados por la estricta y larga prohibición de meterse en política.

No era el único que temía lo peor: a la muerte de Franco, nadie daba un céntimo por lo que en España pudiera ocurrir cuando los partidos políticos recuperaran la libertad destruida durante 40 años de dictadura. Y no se trataba del tópico del español ingobernable inculcado por la propaganda franquista. Alguien tan a resguardo de esa retórica como Giovanni Sartori sentenció en 1974, en las dos líneas dedicadas al caso español en su obra sobre partidos políticos, que los españoles volverían a la pauta de los años treinta dando vida de nuevo a un sistema pluripartidista y muy polarizado, directamente destinado, como en los años treinta, al caos.

Hombre fuerte que se impone sobre un sistema de partidos caótico como única garantía de paz y orden: esa era la diferencia española. Una voz, sin embargo, comenzó a desentonar en el coro de historiadores y científicos sociales y políticos que lucubraban sobre el futuro: la de Juan Linz cuando pronosticó en 1967 que cualquier sistema de partidos que se estableciera en el futuro en España tendría que girar inevitablemente en torno a dos tendencias dominantes: el socialismo y la democracia cristiana. Esa había sido la fórmula puesta en práctica al término de la II gran Guerra Mundial y sobre ella se construyó la nueva Europa de la que todos los españoles nacidos poco antes, durante y poco después de la Guerra Civil queríamos, más que formar parte, ser.

Ser como los italianos fue la gran expectativa del Partido Comunista bajo la dirección de Santiago Carrillo, que soñaba con repetir en España el compromesso storico de Berlinguer en Italia. No lo fue menos la de Adolfo Suárez cuando pretendía, como le dijo a Duran Farell, crear en España un partido que desempeñara el papel jugado por la democracia cristiana en Italia y Alemania, y fomentó en la izquierda una permanente y equilibrada división entre socialistas y comunistas. Que aquí ocurriera como en Alemania era lo que anhelaban los socialistas, dispuestos a ir a las urnas aun en el caso de que el PCE tuviera que esperar a una segunda convocatoria para presentarse bajo su propio nombre. Solo quedaba Manuel Fraga y sus siete magníficos azuzando al franquismo sociológico para que despertara de su sueño y mantuviera la diferencia española; al cabo, él había sido principal responsable del célebre reclamo turístico, Spain is different.

De las 80 candidaturas que obtuvieron algún voto en los comicios, solo 13 consiguieron escaños

Al final, fueron las dos opciones sobre las que en Europa se había construido la democracia y el Estado social las que resultaron vencedoras el 15 de junio de 1977 con el nombre de centro y de socialismo. De las 80 candidaturas que obtuvieron algún voto, solo 13 consiguieron escaños; de ellas, cuatro solo uno, mientras las dos primeras alcanzaron 293: una concentración de votos en UCD y PSOE algo superior a lo que habían pronosticado las encuestas que, en general, acertaron al predecir la enorme distancia que iba a separarlos de los dos segundos (PCE y AP) en votos y, más aún, en escaños. Y no tanto por el sistema D'Hont, aunque también, como por los dos escaños atribuidos de salida a todas las circunscripciones, cualquiera que fuese su población.

Con estos resultados se disolvió, aparte de la sopa de siglas, el proyecto de reforma política aprobado seis meses antes en referéndum, que en su artículo tercero establecía que la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Para empezar, nunca más se volvió a hablar de “reforma constitucional”, una manera perversa de referirse a las Leyes Fundamentales de la dictadura; además, el Gobierno abandonó sin ofrecer resistencia su última trinchera: encargar a una comisión de expertos un anteproyecto de Constitución a su gusto y medida. Los diputados se declararon constituyentes y decidieron poner en marcha la principal y nunca abandonada reivindicación de la oposición desde el acuerdo alcanzado entre socialistas y monárquicos en 1948, reiterada en todos los planes de transición alumbrados en las décadas siguientes: la apertura de un proceso constituyente.

Políticos españoles y políticas de pacto parecían excluirse en nuestro discurso

El Gobierno, con un presidente ratificado sin contar con mayoría absoluta y sin haberse sometido a ninguna sesión de investidura y, por tanto, sin saber con cuántos votos contaba en la Cámara, se sumó de buena gana a una corriente a la que él mismo había dado curso sin prever exactamente hasta dónde lo llevaría. Situado, por talante y por apoyos, en el polo opuesto al del hombre fuerte al modo español, su doble acierto consistió en no intentar siquiera poner puertas al campo abierto por las elecciones y en sustituir la práctica del decreto-ley por una política de pactos a derecha e izquierda, con nacionalistas catalanes y vascos incluidos, sobre las cuestiones pendientes: la Constitución, desde luego, pero también la política económica y social y las reivindicaciones de autonomía sostenidas en títulos históricos. En conjunto, lo que muy pronto recibió el nombre, luego tan denostado, de política de consenso.

Y esa sí que fue la gran diferencia que liquidó todas las diferencias. Políticos españoles y políticas de pacto parecían excluirse mutuamente en nuestro discurso político y en nuestra historia desde los orígenes del Estado liberal. La tradición más arraigada exigía un hombre fuerte al mando tras los reiterados fracasos, por múltiple fragmentación, del sistema de partidos, lo que en definitiva quería decir: un país escindido por más de una línea de fractura en cuestiones relativas a los fundamentos de su convivencia política. Que ni la tradición ni la historia determinarían el futuro y que era posible construir un Estado tramando acuerdos: eso fue lo que indicaba el mandato de los electores cuando, rompiendo lo que tantos observadores extranjeros consideraban como berroqueña excepcionalidad española, depositaron sus votos mayoritariamente en dos partidos a los que empujaron a entenderse.

Poco tiempo después, otro destacado hispanista, hablando sobre la democracia española, exclamaba, desencantado: puaf, qué aburrimiento, ya sois como los europeos.

Santos Juliá es historiador.