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COLUMNA

La prueba del escandinavo

Cuando las instituciones amparan la corrupción quedan totalmente erosionadas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la sesión del control al Gobierno celebrada en el Senado
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante la sesión del control al Gobierno celebrada en el Senado EFE

La corrupción erosiona las instituciones; la corrupción amparada por ellas las erosiona absolutamente. Esto viene a cuento de la trama madrileña y de sus peligrosas liaisons con algunos miembros del ministerio fiscal y del propio Gobierno. Así dicho, es una imputación grave que merecería un sostén más sólido del que podemos deducir de las conversaciones, whatsapps o actitudes que han visto la luz estos últimos días. Quizá no sirvan de prueba judicial, pero a cualquier observador imparcial le suscitarán sospechas más que fundadas.

Políticamente el daño es tremendo, porque estas actitudes de compadreo entre responsables políticos y sus “compañeros” en aflicción muestran que la complicidad partidista puede más que el imperativo de la división de poderes. Si los sospechosos de delitos de corrupción acuden a miembros del Gobierno para que influyan sobre el poder judicial es porque tienen una expectativa cierta de que sirve para algo. ¡Y tanto! Lo hemos visto en las actuaciones del fiscal Manuel Moix; también en el hecho de que estos personajes recibieran chivatazos sobre las pesquisas, eso que condujo a la extravagante situación, digna de una novela de Stieg Larsson, de la colocación nocturna del micrófono.

Por otra parte, el lenguaje a veces es más que elocuente. Las palabras del ministro Catalá fueron: “ojalá se cierren pronto los líos”. El verbo “cerrar” se suele aplicar a causas, sumarios u otros procedimientos judiciales, no para referirse a líos políticos en abstracto. Para eso todos utilizaríamos el más general de “se acaben”, “pasen” o “desaparezcan”. Un acto fallido, sin duda, propio de un jurista, aunque esto daría para una columna de Álex Grijelmo.

Sí, hay motivos suficientes para estar preocupados. La pena es que no podamos recurrir a lo que cabría llamar la “prueba del escandinavo”. Es decir, imaginar un contrafactual en el que ponemos a un político sueco en el lugar de nuestros responsables políticos. Y a un ciudadano danés en el del ciudadano español. ¿Cómo reaccionaría cada uno de ellos? Es algo parecido a lo que hizo Woody Allen en Annie Hall cuando sacó al M. McLuhan real para verificar si lo que decía su pedante personaje de ficción sobre él se correspondía con la auténtica opinión del profesor.

Si los casos de corrupción que nos acechan ocurrieran en otros países, las dimisiones serían inmediatas.

¿Qué harían nuestros McLuhans de una democracia de calidad? Ya saben la respuesta. El ciudadano danés exigirá responsabilidades políticas inmediatas, y el político sueco cortará por la sano ofreciendo alguna cabeza y convocará al instante una comisión de investigación.

Creo que nuestros ciudadanos están mucho más cerca del modelo escandinavo que nuestros políticos. Estos todavía confían en que a aquéllos les salga el pronto clientelar meridional a la hora de votar y sobrevaloran la generosa capacidad para el perdón de las sociedades católicas. Pero, ¡ojo!, esta vez la suma de iniquidades es tan apabullante que pueden recurrir a eso tan español de que no les tomen por imbéciles.

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