Cataluña, final de etapa

El plazo de 18 meses preconizado por el secesionismo en el poder para culminar la legislatura catalana ha sido sobrepasado: igual que las fechas de 2015 y 2016 antes previstas para la independencia. Y los preparativos del referéndum unilateral —el que bajo la retórica pactista se propone— son tan débiles como estéril el balance legislativo y de gobierno del periodo. Todo pespuntea un final de etapa.

El referéndum no tiene visos de celebrarse y no solo por su carácter ilegal y porque el Gobierno, avisado por el avieso conato de consulta del 9-N, lo obstaculiza sin recurrir a medidas excepcionales. No.

El referéndum previsto para septiembre resulta inviable por la propia pereza e ineficacia del Gobierno de la Generalitat, que no ha adoptado las decisiones administrativas (ilegales) para organizarlo ella misma. Ni tampoco ha licitado las (ilegales) concesiones a las suministradoras para que preparen sus servicios, huidizas ante la presión de la fiscalía y la Guardia Civil. A cinco meses del día D no hay sino habladuría, cuando la experiencia de la consulta de 2014 (con el acelerador a tope) acredita que se necesita año y medio para ultimar los requerimientos técnicos: del censo a las urnas, de la informática a las sedes.

Esos obstáculos reafirman que la pretensión del secesionismo no es celebrar la votación, sino que se la prohíba, para aumentar la alforja de su memorial de agravios, en parte sólidos y en parte gaseosos.

Pero por encima de los signos de la intendencia, están los políticos. Antes que la ruptura con España, los secesionistas están rompiendo entre ellos mismos, con inédito estrépito. La denuncia de la antigua Convergència al fiscal por el espionaje a su número dos, David Bonvehí —que sospecha de Esquerra—, es reveladora: apela a la misma fiscalía a la que Artur Mas buscaba desacreditar como autora de “montajes” y hostilidad contra el independentismo.

La ulterior caza de brujas contra Bonvehí se explica porque es el primer líder que plantea en alto la probabilidad del fracaso de la independencia y del referéndum. Justo lo que reconocen en privado la abrumadora mayoría de dirigentes separatistas. Los mismos que prefieren seguir engañando a los ciudadanos: con el señuelo de una consulta que han recuperado de forma oportunista para ganarse a los deseosos de votar, pero no de romper España.

La pulsión fratricida entre los socios del Gobierno catalán (y su apoyo antisistema, la CUP) engarza con el colapso de su estrategia internacional, como acaba de evidenciar el revés cosechado ante el expresidente de EE UU, Jimmy Carter.

Pero sobre todo, deriva del creciente desapego de los ciudadanos, como evidencian los sondeos. El que hoy publica EL PAÍS merece una reflexión serena del president y sus colaboradores. La ventaja en votos del bloque indepe se reduciría en más de tres puntos; existe una amplísima mayoría favorable a una tercera vía para el aumento consensuado del autogobierno; y un rechazo general de las actuaciones ilegales y del cambio de reglas de juego para forzar una desconexión exprés y clandestina.

Este Govern ha llegado pues al final de su trayecto. Puede reconocerlo e intentar un radical giro de timón. O apelar al voto ciudadano en una elección anticipada. Haga juego y deje de perder el tiempo.