Los hechos alternativos del Gobierno en la política científica
La Administración pretende hacer pasar los recortes reales por un crecimiento virtual
La Gran Recesión ha puesto en riesgo la consolidación del sistema de ciencia y tecnología construido en España tras el restablecimiento de la democracia. La reducción de la inversión en I+D, la disminución de las plantillas de investigadores, la interrupción de la carrera del personal investigador en formación y las dificultades para la incorporación en el sistema de ciencia y tecnología de investigadores con largas trayectorias internacionales, han puesto en serio riesgo la continuidad de líneas de investigación consolidadas y de punteros grupos de investigación de proyección internacional.
El sistema de I+D contribuyó al cambio registrado por la balanza tecnológica española, de los tradicionales saldos negativos a valores positivos a partir de 2008. La crisis y la reducción de la inversión en I+D, tanto pública como privada, no impidió el mantenimiento de los superávits, que alcanzó en 2014 los 8.457,98 millones de dólares. La reducción de los costes laborales, la mayor resistencia del empleo en los sectores de alta tecnología, la mejora del tipo de cambio del euro respecto al dólar, la reducción de las importaciones debido a la crisis fueron factores que estuvieron detrás de la mejora del comercio exterior de España.
La reducción de la financiación de la I+D por parte del estado en los Presupuestos ha sido una constante desde entonces. La disminución ha alcanzado el 37,6% respecto al máximo de 2008, de los 9.662 millones de euros a los 6.029 millones contemplados en el proyecto de Presupuestos de 2017. En su presentación, se ha resaltado que el presupuesto en I+D+i ha crecido un 4,1% respecto al año 2016 -5.793 millones de euros-, un cambio que puede ser considerado positivo si no fuera por la letra pequeña que encubre dicho titular, puesto que el crecimiento se debe al incremento de la partida de crédito financiero —préstamos y anticipos—, que crece un 9,2%, hasta alcanzar los 3.583 millones de euros; mientras el gasto no financiero se reduce un 2,6% respecto a 2016, hasta situarse en 2.446 millones, partida de la que depende el grueso de la financiación pública en I+D. La partida de crédito financiero habitualmente sólo se ejecuta parcialmente; por otra parte, los préstamos deben ser posteriormente reintegrados, por lo que el crecimiento del 4,1% debe ser seriamente matizado.
No sale mejor parada la partida dedicada a Investigación, Desarrollo e Innovación militar, que registra una reducción del 27% (461 millones de euros frente a los 632 millones de 2016).
En la presentación de los Presupuestos se afirma que la inversión en I+D+i en los últimos años se acerca “a la media comunitaria”. Desafortunadamente, los hechos desmienten tan optimista apreciación. Los 6.029 millones suponen el 1,8% del total del gasto público, muy alejado del 2,4% de 2010; un 0,54% del PIB (1.113.851 millones en 2016) frente al 0,86% de 2010 (1.080.913 millones de euros), muy lejos del 1% del objetivo fijado por la UE para 2020.
Afirmar que se han “alcanzado hasta el momento unos niveles razonables de financiación pública en I+D+i” lanza un preocupante mensaje respecto a la importancia que otorga el gobierno a la I+D
Afirmar que se han “alcanzado hasta el momento actual unos niveles razonables de financiación pública en I+D+i”, lanza un preocupante mensaje respecto a la importancia que otorga el gobierno a la I+D. Las estadísticas del Banco Mundial, la OCDE o la Unión Europea (Eurostat) señalan que el proceso de convergencia en gasto en I+D se interrumpió en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico con el 1,4% del PIB. Desde entonces se ha retrocedido hasta el 1,22% en 2015, mientras la mayoría de los países de la OCDE aumentaron la inversión, con el fin de incrementar la competitividad de sus economías.
En 2010 España (con el 1,4% del PIB) se situaba a 0,9 puntos de la media de la OCDE (2,3) y a 0,44 puntos de la UE-28 (1,84). Desde entonces la distancia no ha dejado de aumentar. En 2015 alcanzó una diferencia de 1,18 puntos respecto a la OCDE (2,4) y 0,81 puntos de la UE-28 (2,03% del PIB), niveles inferiores a los de 2002.
Hay una notable distancia ente lo afirmado y lo presupuestado, cuando el gobierno afirma su voluntad de dotar “al sistema científico de los créditos que permitan mantener las cotas de excelencia alcanzadas en los últimos años y conseguir que los recursos y capacidades con los que hoy cuenta la ciencia española contribuyan de una manera más eficiente a la recuperación económica y al desarrollo social de nuestro país, a través de las políticas de innovación y de transferencia de tecnología.”
Por el contrario, se mantienen los recortes de los grandes organismos públicos de investigación dependientes del gobierno. El presupuesto del CSIC disminuye en un 0,9% (624 millones de euros frente a los 630 millones, y muy lejos del máximo alcanzado en 2008 con 879,2 millones, una reducción del 29,02%), el Instituto de Salud Carlos III lo hace en un 0,8% (270 millones de euros, frente a los 272 de 2016), el Instituto Español de Oceanografía en un 7% (60 millones, 65 de 2016), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria un 32,7% (54 millones frente a los 80 de 2016), el CIEMAT el 2,7% (87 millones de euros frente a los 90 de 2016), o el Instituto Geológico y Minero de España el 4,2% (24 millones frente a los 25 de 2016), mientras el INTA mantiene su presupuesto (137 millones).
En la presentación de los Presupuestos se afirma que la inversión en I+D+i en los últimos años se acerca “a la media comunitaria”. Desafortunadamente, los hechos desmienten tan optimista apreciación
En la parte positiva se deben destacar los 615,9 millones de euros para la recién creada Agencia Estatal de Investigación, y la dotación de 500 millones para la red CERVERA de I+D+i, pero no es oro todo lo que reluce: la objeción estriba en que 480 millones son créditos y sólo 20 millones subvenciones, por lo que el presupuesto ejecutado puede quedar muy lejos de lo contemplado y sus efectos resultar insignificantes sobre uno de los talones de Aquiles del sistema de Ciencia y Tecnología español: la escasa interrelación entre el sector público y el sector privado a la hora de potenciar la transferencia tecnológica y la innovación.
Aún se está a tiempo de convertir las palabras en hechos en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos. Los grupos políticos tienen la oportunidad de hacer concordar las palabras del gobierno con las partidas presupuestarias en I+D, y evitar la senda de los hechos alternativos, que pretende hacer pasar los recortes reales por un crecimiento virtual en I+D, a eso en castellano se le llama dar gato por liebre.
Luis Enrique Otero Carvajal, catedrático de Historia contemporánea de la UCM y autor de La ciencia en España, 1814-2015. Exilios, retornos, recortes, Catarata, 2017.
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