Concordia digital

La revolución digital, que afecta a todos los órdenes de la vida, está teniendo un impacto considerable sobre la producción y distribución de noticias, y en particular sobre los medios impresos, poniendo en cuestión su sostenibilidad. Paradójicamente, esto tiene lugar en un momento en el que el auge de las noticias falsas y los llamados “hechos alternativos” hace más necesario que nunca que los ciudadanos tengan a su disposición una prensa libre, independiente y profesional capaz de proporcionarles información de calidad, veraz y contrastada.

Pese a la naturaleza del desafío que enfrentamos, en EL PAÍS somos optimistas. Gracias a las nuevas tecnologías digitales podemos llegar a millones de personas a las que nunca pudimos alcanzar con los medios analógicos tradicionales y ofrecerles, además, más y mejores historias, en tiempo real y en formatos más atractivos. Pero para que la prensa pueda completar su transformación digital y afianzar un modelo de negocio sostenible son necesarias dos cosas: una buena regulación y una alianza estratégica con las principales empresas tecnológicas. Ambas tareas están en estos momentos en proceso de concreción, por lo que resulta crucial que lleguen a buen puerto.

Respecto a la primera, la Comisión Europea ha iniciado recientemente el proceso de renovación de las normas que regulan la distribución de información digital, unas normas obsoletas, pues datan de 2001, cuando Facebook y Twitter no existían. La propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (conocida como Directiva del copyright), presentada el pasado 14 de septiembre, está incardinada dentro del Plan para la consecución del Mercado Único Digital en la Unión Europea, un plan que incluye la eliminación de barreras para mejorar el acceso y la distribución de los contenidos en la UE. La propuesta tiene aspectos que merecen ser valorados, como la importancia que se concede a los derechos de autor en nuestra industria, así como el interés que muestra en ayudar a los medios de comunicación en su proceso de transformación digital. Contiene también elementos claramente positivos, como las medidas orientadas a facilitar la transparencia y a equilibrar las relaciones entre los autores y las personas o entidades a quienes ceden sus derechos.

Se equivocan sin embargo quienes quieren hacer de esos derechos un bastión desde el que imponer una tasa obligatoria e irrenunciable. Se trata de un modelo que ya ha demostrado su fracaso en Alemania, en 2013, y en España, en 2014. Entonces, los intentos de imponer a Google una tasa obligatoria por el uso de enlaces a noticias de prensa provocaron una importantísima caída del tráfico web del grupo Axel Springer y el cierre en España del servicio Google News.

Las experiencias pasadas y la realidad actual demuestran que es necesario un camino de cooperación entre medios y empresas tecnológicas, no uno de confrontación. Un camino que diarios como EL PAÍS ya han iniciado con Google, a través de proyectos como Digital News Initiative y el AMP (Accelerated Mobile Pages), y con Facebook, vía su Journalism Project. Estas iniciativas prueban que cada vez más las empresas tecnológicas perciben la necesidad e importancia de una prensa libre e independiente y, de forma conexa, su responsabilidad a la hora de contribuir a difundir noticias veraces y de calidad.

Los medios estamos en un momento crucial de construcción de nuestra presencia en el mundo digital a nivel global. Necesitamos libertad de acción y flexibilidad para la adaptación a un entorno en constante cambio. Eso requiere una regulación que nos ayude a crecer en lectores e ingresos, no una que sofoque y ahogue el proceso de transformación digital. Todo el sector se verá beneficiado si la concordia se impone en el ecosistema informativo digital.