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El fracaso de todos

En la estiba, la sociedad es víctima de la incompetencia de su clase política

Iñigo de la Serna, ministro de Transportes

La incapacidad del Gobierno para convalidar en el Congreso el decreto ley que liberaliza el mercado de la estiba en los puertos españoles es una demostración inquietante que augura malos presagios para el futuro de la legislatura. El texto fue rechazado con 142 votos a favor y 175 en contra; la oposición votó no y Ciudadanos cambió a última hora su posición de apoyo a la de abstención. La proclamada estabilidad del Gobierno de Rajoy está en cuestión, en España y ahora en Europa. Con este precedente, aumentan las dudas de que el Ejecutivo sea capaz de reunir los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos. Y, desde luego, sitúa a la economía ante el riesgo de pagar una sanción diaria muy elevada, de hasta 134.000 euros diarios, por incumplir la sentencia europea de 2014 que instaba a España a liberalizar el mercado de la estiba.

Para analizar este fracaso es obligado denunciar errores graves e inconsecuencias dañinas. La responsabilidad primera hay que imputársela al Gobierno: sabía que para aprobar el decreto estaba obligado a presentar un acuerdo pactado con empresas y sindicatos para alejar del Parlamento cualquier atisbo de confrontación social. No lo ha conseguido, porque abordó la negociación cuando ya no contaba con mayoría absoluta y porque no logró el respaldo tácito de PSOE y Ciudadanos; de contar con él, los sindicatos quizá hubieran aceptado un acuerdo.

A pesar de que la sentencia se conoce desde diciembre de 2014, el Gobierno ha demorado más de lo debido su adaptación legislativa, quizá porque la perspectiva de elecciones a finales de 2015 desaconsejaba correr el riesgo de un conflicto social. La negociación quedó para última hora, cuando ya la sanción acumulada superaba los 22 millones y con una táctica negociadora discutible. Fomento hubiera debido involucrarse a fondo en la negociación inmediatamente después del fracaso de las conversaciones entre empresas y sindicatos de estibadores. También se ha mostrado poco hábil al renunciar a negociaciones con Bruselas para articular un calendario razonable de aplicación de la sentencia.

La oposición no ha perdonado estos errores, pero optó por evadirse del problema. Ciudadanos cambió su voto a última hora, con una decisión que oscila entre la torpeza y la revancha, porque facilitó a los sindicatos abandonar la negociación; el PSOE se negó a aceptar un decreto no pactado con las fuerzas sociales para evitar unos costes políticos demasiado elevados en una fase de interinidad. Y Podemos aplicó su manual populista sin mayores reparos. Solo el PNV demostró altura de miras, visión europea y espíritu constructivo.

El resultado de esta cadena de equivocaciones es pésimo. Los sindicatos han reforzado sus posiciones en las negociaciones, que sin duda deben proseguir; la resolución del conflicto será más difícil para los próximos negociadores; el mercado de la estiba sigue en situación de monopolio férreamente controlado, con barreras de entrada para nuevos trabajadores y costes más elevados que la media europea; hay un desprestigio evidente de la clase política ante la UE; y habrá que pagar muy caro (a razón de 134.000 euros diarios) los errores de unos y la falta de implicación de otros.

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