Mensajes peligrosos

Algo tan serio y delicado como la gestión de las migraciones no debiera ser objeto de un tratamiento oportunista. Lamentablemente, ese parece ser el mensaje que acaba de lanzar la Comisión Europea instando a los países a acelerar e intensificar las expulsiones de inmigrantes irregulares llegados después de 2015. El plan no aporta nada a las políticas que ya se venían aplicando; más bien parece destinado a dar un mensaje de firmeza ante la inminencia de elecciones en varios países europeos, entre ellos Alemania y Francia, donde se observa un preocupante avance de la derecha xenófoba.

El millón de inmigrantes sin derecho a asilo que se pretende expulsar no tienen una situación distinta de los llegados antes por motivos económicos, y si no han sido deportados hasta ahora no es por desidia, como parece sugerir la Comisión, sino porque no es tan sencillo hacerlo. Dejarse llevar por el discurso fácil de Donald Trump resulta muy peligroso. No se puede jugar con mensajes que dan a entender que con la expulsión de ese millón de extranjeros se acaba el problema de las migraciones, porque no es así. Y tampoco es aceptable plantear el debate como una disyuntiva entre derecho de asilo y migración económica, como si la acogida de refugiados que huyen de la guerra tuviera que hacerse a costa de expulsar a los que llegan por motivos económicos.

Europa tiene deberes que cumplir sobre el derecho de asilo, independiente de las migraciones económicas, cuyo principal reto es gestionarlas de forma a la vez justa y eficaz. Obviamente, esta gestión deberá incluir siempre mecanismos de repatriación, pero estos no pueden conculcar los derechos humanos.

Es un desatino que se alargue la detención a seis meses e incluso a los 18 que permite la normativa comunitaria. En España el periodo máximo es de 60 días. En la práctica, lo que propone la Comisión es privar de libertad durante 1,5 años a personas que no han cometido delito alguno, solo porque el Estado no ha podido completar los requisitos de la expulsión. El internamiento forzoso en un centro de extranjeros debería ser un recurso excepcional reservado a la fase final del proceso, cuando se tenga la seguridad de que la expulsión puede ejecutarse. Internar a los extranjeros durante tanto tiempo sin saber si al final del plazo máximo tendrán un país al que repatriarlos, como ocurre en España en más de la mitad de los casos, resulta injusto e inhumano.

Europa no puede actuar de forma tan insensible ante unas personas que lo único que las mueve, en la inmensa mayoría de los casos, es el deseo de una vida mejor como vemos en el proyecto The New Arrivals, en el que EL PAÍS y otros tres grandes rotativos europeos —TheGuardian, Der Spiegel y Le Monde— ponen rostro, historia y sentimiento al fenómeno migratorio. Muchos migrantes han tenido que sufrir grandes penalidades para llegar a Europa y lo que ahora se encuentran es una reacción de hostilidad. La Unión Europea no debe contribuir a ella con mensajes que lo único que revelan es la ausencia de una verdadera política común que permita gestionar los flujos y ajustar acogidas y deportaciones de forma justa y ordenada.