Los políticos, las políticas públicas y la transferencia de conocimiento

La tercera misión de la universidad, además de la docencia y la investigación, es la transferencia de conocimiento, entendida como un conjunto de actividades con otras organizaciones y agentes que se generan en otros entornos no académicos, fruto de la investigación. Una de las organizaciones con más necesidad de establecer relaciones con los investigadores debería ser los partidos políticos, tanto si están gobernando como si están en la oposición.

Cuando se habla de transferencia de conocimiento solemos pensar en la transferencia de resultados de investigación en los ámbitos tecnológicos, pero hay una dimensión clave en la transferencia de conocimiento poco reconocida que son las políticas públicas. Las políticas públicas son los pilares del estado del bienestar y necesitan de un ajuste constante para que sean lo más eficaces y eficientes posible en un entorno de cambio social y tecnológico acelerado y unos presupuestos públicos menguantes. Lo que se investiga en la universidad española y también en otros ámbitos como los think tanks debería ser objeto de un mayor atención por los diputados, senadores, concejales que representan al conjunto de los ciudadanos de una nación porque así, desde el conocimiento formularán e implementarán mejores políticas educativas, sociales, culturales, sanitarias —también científicas— que es de lo que se trata para mantener y si cabe mejorar el estado del bienestar que tenemos.

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España es la décima potencia mundial en cuanto a número publicaciones científicas según la fuente de Scimago, si bien su calidad es algo menor y se sitúa en el décimo octavo lugar en cuanto al impacto de las citas, pero no cabe duda que hay una suficiente producción científica que puede ser objeto de atención por parte de los partidos políticos y los propios representantes políticos para mejorar las políticas públicas. Del mismo modo que hay un déficit de relaciones entre la investigación que se genera en la universidad y la empresa y en consecuencia la innovación es mucho menor que la producción científica —España se sitúa fuera de los veinticinco países según el Ranking de Innovación Global— percibo similares circunstancias entre los políticos y los investigadores.

Quién ha participado en proyectos de investigación, tanto de los Planes Nacionales I+D+I como en proyectos de otro tipo, quien ha publicado en las mejores revistas internacionales, sabe, al menos eso me dice mi propia experiencia, que muy pocas veces algún político muestra interés por los resultados de la investigación y su posible transferencia al campo de las políticas culturales, como en mi caso, aunque del mismo modo y de forma más lejana puedo suponer que lo mismo ocurre con los contribuciones de la sociología de la educación y la política educativa del país e incluso con los propios aportes interdisciplinares de la ciencia y la tecnología y la política de I+D+I española. Desde esta ausencia de conexión no hay posibilidad de que se produzca una innovación en las políticas públicas. La innovación, social y humanística o de cualquier otra índole, depende de esta incultura de la cooperación institucional a la española.

España es la décima potencia mundial en cuanto a número publicaciones científicas

Ahora bien, este a priori es susceptible de ir cambiando —quiero ser optimista— pues en el fondo depende de las responsabilidades de cada representante de los gobiernos locales, autonómicos y de la administración general del Estado que voluntariamente ha decidido presentarse a unas elecciones dentro de un partido político. Los políticos que representan a las instituciones políticas y al conjunto de la administración pública tienen la obligación de estar más al tanto de lo que genera la ciencia en España con el objetivo de transferir los resultados de las investigaciones en bienestar para todo el país.

Juan Arturo Rubio Arostegui es adjunto al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nebrija.