Más comercio a cambio de democracia

Europa ha querido despedir su año más convulso con Turquía mostrando un gesto de conciliación. A falta de avances en los asuntos más espinosos (la liberalización de visados y las reformas de leyes antiterroristas que la UE exige para concederla), Bruselas ha tendido la mano a Ankara en un ámbito menos pedregoso: las relaciones comerciales entre los dos países. La Comisión Europea propone modernizar y ampliar la unión aduanera que mantiene con el país vecino desde hace 20 años.

Las cifras respaldan el interés por avanzar. Turquía es el quinto socio comercial de la UE y los intercambios se han cuadruplicado desde que arrancó la unión aduanera, un marco que permite establecer reglas comunes y más beneficiosas para esos intercambios. Estrechar esos lazos no solo beneficia a Turquía: también favorece las ingentes inversiones europeas en suelo turco (dos tercios del dinero extranjero que aterriza en ese país proviene de la UE).

Pese a toda la lógica que rodea a este proyecto, el momento político no puede ser más complejo. En un intento de ponerse la venda antes de que llegue la herida, la Comisión aclara: “El respeto de la democracia y los derechos fundamentales será un elemento esencial del acuerdo”. A la vista del deterioro de esos valores en Turquía, y en el contexto de presión terrorista que sufre el país, el matiz casi parece la garantía de que ese intento no fructificará (al menos a corto plazo).

La propuesta del Ejecutivo comunitario deberá ahora pasar los filtros del Consejo Europeo —representa a los Estados miembros— y del Parlamento, donde habrá muchas voces reticentes a acercarse más a Turquía. Pero el reforzamiento de la unión aduanera tiene una letra pequeña fundamental: figura como uno de los elementos del pacto migratorio que Bruselas selló con Ankara el pasado marzo y que ha reducido casi a cero las entradas por el mar Egeo. Y nadie entre los Veintiocho quiere revivir la pesadilla de la crisis de llegadas.