Papel mojado

A pesar de que es un problema económico cuya persistencia debilita la acción económica del Estado y obstaculiza la cohesión de la sociedad, el fraude fiscal no se afronta desde el Gobierno —de hecho, desde casi todos los Gobiernos desde 1996— con el debido rigor. Hacienda y la Agencia Tributaria se empeñan en transmitir el mensaje equivocado de que para combatir el dinero negro basta con elaborar planes anuales contra el fraude y que la acción de fijar una retahíla de objetivos sobre un papel (unas veces controlar el IVA; otras, el IRPF; o también, los llamados signos externos de riqueza) es suficiente para reducir sistemáticamente las bases imponibles ocultas, unos 250.000 millones en España. El plan que acaba de sugerir Hacienda, evidentemente para complacer a Ciudadanos, persiste en este error… o manipulación. En un documento se relacionan varios objetivos con distintos grados de coherencia, se subraya alguna novedad —en esta ocasión, el límite de pago en efectivo, para restringir el fraude en el IVA— y con eso ya se ha cumplido el expediente.

Pero la cruda verdad es que la insistencia en los efectos milagrosos de un plan no ha conseguido reducir el volumen del fraude de forma significativa y que los supuestos logros anuales suelen ser mejoras estadísticas sin trascendencia alguna para las arcas públicas. Baste recordar que Hacienda tiene sin cobrar más de 49.000 millones en concepto de fraudes descubiertos pero incobrables, bien por quiebras, bien por pleitos o bien por insolvencias. Por decirlo en términos breves y rápidos, la Administración no dispone de los medios necesarios para combatir el fraude tributario. Esta carencia convierte cualquier plan en papel mojado; en un placebo para contentar a los responsables políticos y en un señuelo para convencer a los contribuyentes de que el Gobierno “está haciendo algo”. No es tolerable que los impuestos los paguen siempre los mismos y que la única estrategia antifraude eficaz sea conceder amnistías fiscales a los defraudadores.

La primera condición para que un plan contra el fraude sea eficaz en España es aumentar significativamente el número de funcionarios que se dedican a perseguirlo. Las cuentas están hechas y las autoridades europeas las conocen. Con la población española actual, la Administración necesitaría del orden de 20.000 funcionarios más (de los cuales una cuarta parte deberían ser inspectores y técnicos de Hacienda) para equiparar el esfuerzo contra el fraude a la media de los efectivos en los países europeos. Sin ese refuerzo —que no tendría que producirse en un solo ejercicio— ningún objetivo de recorte del dinero negro tiene la menor verosimilitud. La segunda condición es la de alinear el trabajo de inspectores y técnicos para investigar (sin interferencias políticas; recuérdese el caso Cemex) </CF>los grandes focos de rentas ocultas, que no están en el IRPF. Y la tercera es modificar las leyes para cerrar el paso a las reclamaciones y los pleitos infundados.

Ese es el enfoque correcto para combatir el fraude. Acumular plan tras plan, ofreciendo unos objetivos sin ponerlos en relación con los medios disponibles para conseguirlos y la voluntad política de no entorpecerlos, es, en sí misma, una conducta engañosa. Mientras, el fraude sigue ahí.