Las empleadas del hogar quieren dejar de ser invisibles

Son en su mayoría mujeres y se las puede considerar las trabajadoras más desprotegidas de todo el sistema laboral. Aunque a partir de 2012 las empleadas del hogar lograron un gran hito al entrar en el régimen general de la Seguridad Social, siguen siendo, por los salarios que perciben y las condiciones en que trabajan, un colectivo discriminado y en muchos casos explotado. Aislada cada una de ellas en la soledad de una relación bilateral desequilibrada, siguen siendo socialmente invisibles. Como si fueran, a efectos laborales, transparentes.

Varios cientos de esas “invisibles” se han reunido en Madrid en un congreso que puede calificarse de excepcional, habida cuenta de que pertenecen al sector laboral más atomizado y disperso que pueda existir. Se estima que en España hay más de 600.000 empleadas del hogar, pero solo el 30% cotiza a la Seguridad Social. La reforma impulsada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en 2011 supuso un avance importante, pues la normativa no se había modificado desde 1985. Con la nueva ley, los empleadores debían cotizar cualquiera que fuera la dedicación. Hasta ese momento, solo tenían obligación de hacerlo a partir de las 20 horas de trabajo semanal. Se estableció además un salario mínimo y el derecho a percibir un subsidio de incapacidad temporal a partir del cuarto día de baja, en lugar del 29 como figuraba en el régimen anterior. Pero no se reconocieron otros derechos, entre ellos el de percibir subsidio de desempleo.

Pronto se vio que la ley no se iba a traducir en una mejora general. Su eficacia ha sido muy limitada. La norma existe, es cierto, pero solo se benefician de ella una tercera parte de las empleadas. Y en los casos en los que se aplica, tampoco garantiza una equiparación laboral completa. La crisis económica ha actuado además en su contra. Hay muchas más mujeres buscando un empleo que hogares con capacidad de contratar, lo que ha empujado salarios y condiciones a la baja. A ello se suma el hecho de que una parte importante de las empleadas son inmigrantes que no tienen regularizada su situación, lo que las coloca en una situación de indefensión aún mayor.

Muchas empleadas que trabajaban en varios hogares habían optado por la fórmula de darse de alta como autónomas. Sus empleadores les pagaban una cantidad adicional, y ellas asumían la cotización. Pero la crisis se ha llevado por delante también esta opción. O pagaban el alquiler o pagaban la cuota. Ese era el dilema que a muchas de estas empleadas “autónomas” se les planteó. Ahora piden que España se adhiera al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado en 2011, que establece la obligación de una equiparación completa de los trabajadores domésticos con el resto de empleados. Entre las medidas aprobadas en la breve legislatura pasada figura una proposición no de ley apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto el PP que instaba a reconocer a las empleadas del hogar el derecho a cobrar desempleo. Pero como tantos otros asuntos de la agenda social, ha quedado en el limbo de un bloqueo político que no cesa.