Techo, energía sostenible y participación para una ciudad ética

Comuna de Lo Espejo, Santiago de Chile. Se trata de uno de los sectores más densos de la capital del país latinoamericano: cerca de 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado –casi el doble de la comuna de Santiago–. Asimismo, la pobreza y los asentamientos informales son un problema habitual. Desde hace cinco años, sin embargo, 125 familias han cambiado la vivienda autoconstruida por un piso social. Un proyecto, organizado por la ONG Un Techo para Chile y el Gobierno chileno, con una característica especial: la calidad de las viviendas es superior al estándar que requiere la normativa. Estas cuentan, por ejemplo, con aislamiento reforzado en las paredes, placas solares térmicas o luces fluorescentes. La situación de los nuevos inquilinos ha cambiado radicalmente: el estigma de vivir en una chabola ya es un recuerdo. Los niños pueden traer a sus amistades a casa, porque esta no es distinta de la de otros chicos.

Ralph Horne, director del Programa de Ciudades del Pacto Mundial de Naciones Unidas, conoce los retos que las ciudades afrontan para garantizar una vivienda asequible a sus ciudadanos. Y pone Lo Espejo como un ejemplo a seguir: las urbes deben “resistir la tentación de construir viviendas sociales de peor calidad que las de un alojamiento convencional”, aunque la urgencia de reducir los asentamientos informales indique lo contrario. A su vez, estos inmuebles tienen que estar mezclados con otros, sea en barrios de clase media o pudientes, para evitar la “segregación espacial y la aparición de zonas marginadas”. Esta es una de las ideas del Foro de Ciudades Éticas celebrado en Barcelona. En el encuentro, organizado por el Real Instituto de Tecnología de Melbourne (RMIT, en inglés), los expertos han apostado para lo que definen como una ciudad ética: una comunidad que garantice el acceso a una vivienda asequible y de calidad; a la vez que promueve la eficiencia energética en los hogares y el uso de energías renovables y una política urbana participativa. Recomendaciones que se incluirán en la conferencia de ONU Habitat sobre desarrollo urbano sostenible: Habitat III.

La urbanización de la humanidad es un hecho. Y aún más en el futuro, sobre todo en los países en desarrollo. Según la OCDE, para 2050 cerca del 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Comunidades, por ahora, altamente dependientes de los combustibles fósiles, hasta el punto de representar el 75% de las emisiones de dióxido de carbono y más del 60% del consumo de energía planetario. ¿Cómo liberar a estas comunidades de la dependencia de los combustibles fósiles? Se trata de un reto que las políticas de urbanismo y vivienda pueden ayudar a resolver. Para empezar, Horne apunta a la calidad de la vivienda social: “Un inmueble peor diseñado a la larga sale más caro”. Pues no está igual de preparado para hacer frente a los cambios de temperatura, indica.

La transición hacia una sociedad que no dependa consumo de combustibles fósiles será más fácil si las ciudades garantizan un hogar digno a sus ciudadanos

Un camino que América Latina ya está empezando a seguir. Al ejemplo chileno, el director del Programa de Ciudades añade el de Brasil, que cuenta con normativas de eficiencia energética para el mercado de la vivienda “adaptadas a las áreas climáticas del país”. En muchos casos, sin embargo, el reto no estará tanto en la nueva edificación –construida bajo el marco normativo actual– como en la adaptación de los inmuebles ya existentes. “En algunos casos la adaptación será posible, pero en otros no”, advierte. Su esperanza es que la tecnología ayude a superar esta brecha: “En los próximos años veremos viviendas de cero emisiones, gracias a la energía fotovoltaica [de autoconsumo] y la introducción de baterías para guardar la energía producida. Al menos en las zonas soleadas”.

Hacer valer la normativa a favor de la eficiencia energética –o la introducción, por ejemplo, de paneles solares en los immuebles– supondrá otro reto. “La falta de cumplimiento” es un problema general en buena parte del sur global, avisa Horne. A ello hay que añadir los escasos esfuerzos de la Administración por liderar la transición energética en otras regiones del mundo, como Europa del Este. Sergio Tirado, investigador del centro para el análisis urbano de RMIT Europa, apunta a dos dificultades: infraestructuras de la época de la Unión Soviética difíciles de reformar, y administraciones poco deseosas de poner en marcha reformas a favor de la transición energética. La sociedad civil, mientras tanto, parece poco propensa a los cambios. En todo caso, la población parece recurrir a soluciones tradicionales ante unos precios de la energía desbocados y una elevada tasa de pobreza energética: “Con el aumento de los precios del gas, la población en Hungría está pasando a la madera”.

Acercar la producción y distribución de energía al nivel de la ciudad también puede ayudar a facilitar la transición energética. Esta es la opinión de Maria Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, plataforma de ámbito estatal contra el corte de agua y energía en los hogares. Campuzano aboga por la puesta en marcha en España de “empresas municipales con capacidad para gestionar su propia energía”. Hacerlo requeriría un cambio en la legislación. De cambiar la normativa, sin embargo, sería más fácil para los municipios apostar para la producción en casa de energías renovables, asegura.

La transición hacia una sociedad que no dependa consumo de combustibles fósiles será más fácil si las ciudades garantizan un hogar digno a sus ciudadanos, en el que los cambios de temperatura no hagan estragos. Parte de la tarea pasa por conectar a la ciudad a los más de 800 millones de personas que viven en los barrios marginales de las grandes urbes. Un proceso que, según Zaida Muxí, directora de Urbanismo, Medio ambiente y Ecología Urbana del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, será “arduo, de mil pasos”. Habrá que rehabilitar viviendas, y remplazar aquellas que no puedan ser preservadas. Casos como Medellín indican el camino a seguir: “hacer calles, llevar infraestructuras que no tenían, dar legalidad a la tenencia del sitio”. También habrá que traer “servicios duraderos”, al estilo de las bibliotecas-viveros de empresas de la ciudad colombiana. Y poner en marcha “elementos tractores del resto de la ciudad”, equipamientos y edificios que el resto de la urbe necesita para su funcionamiento diario.

Allí donde existe un mercado de la vivienda formal, la política de vivienda es una pieza fundamental del camino hacia una ciudad ética. Sin embargo, la Administración pública no siempre está dispuesta a construir vivienda pública –o no dispone de los recursos necesarios– , y la tendencia del mercado immobiliario a la especulación priva a buena parte de la población del acceso a la vivienda, en España y el mundo. Para hacer frente a este reto, Julie Lawson, investigadora del RMIT, propone poner en marcha “instituciones de intermediación como cooperativas de vivienda”, que agreguen dinero público y aportaciones privadas. Estas organizaciones, que se financiarían a través de bonos a largo plazo, deberían ayudar a construir inmuebles, sin la tendencia del sector a especular. En España, la tarea da para una “carta a los Reyes Magos”, explica Muxí: “El marco legal respecto a la propiedad y la tenencia tendría que ser más amplio. En Viena, los países escandinavos u Holanda, se mezclan producción pura del Estado, soluciones mixtas, privadas, y cooperativas de producción. Una vez construida la vivienda, cada uno de los propietarios es individual, y sale más barato”.

Tener en cuenta la igualdad de género conlleva repensar, de abajo a arriba, el funcionamiento de la ciudad

La participación de la comunidad también es parte esencial del camino hacia una ciudad ética. El papel de la gente fue clave en la transformación de Medellín, y también lo puede ser en otras urbes. “Son los ciudadanos quienes conocen mejor cuáles son sus necesidades”, sostiene Gregorio Planchuelo, director general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. La ciudad ha puesto en marcha sus primeros presupuestos participativos, en los que más de 45.000 habitantes han decidido el destino de 60 millones de euros. Para Planchuelo, una de las ventajas de estos proyectos es que permiten al Ayuntamiento saber qué es lo que ciudadanía necesita a nivel local. En un barrio, una calle o incluso un equipamiento municipal. Los ejemplos, de lo más variados –desde poner farolas en una calle hasta poner enchufes en una biblioteca– lo atestiguan.

Del mismo modo que una ciudad ética debe contar con la voluntad de la población, la igualdad de género debe formar parte de su día a día. Las mujeres, recuerda Muxí, “viven más años, con menos salud y dinero, por su vida laboral”. En consecuencia, hay que repensar la vida urbana de abajo a arriba. Asegurando que los servicios vitales para el día a día estén cerca de casa. Teniendo en cuenta que algunos medios de transporte no son igual de accesibles, para hombres y mujeres: “La movilidad en bicicleta es masculina. Un hombre con 70 años está mejor que una mujer de la misma edad, por la osteoporosis”.