Deriva inquisitorial

Una parte de la opinión pública española, agitada por informaciones poco contrastadas o incluso dirigidas, está atravesando por una fase en la que se persigue con saña cualquier atisbo de delito, sospecha de corrupción o incluso infracciones dudosas o sin confirmar. La persecución adopta en muchos casos maneras inquisitoriales o intenciones que van más allá de la lógica reprobación social de lo que se consideran conductas inapropiadas. Quizá sea excesivo identificar esta percepción exacerbada con un macartismo arraigado en amplias capas de la sociedad, pero lo que sí es cierto, como ponen de manifiesto algunas reacciones ante casos como los de Imanol Arias y Ana Duato, es que la presión de informaciones poco matizadas, a veces alentadas desde instancias oficiales, conducen al desprestigio profesional de los aludidos y complica la gestión jurídica imparcial de sus casos.

Y una parte de la opinión publicada se ha embarcado en una febril caza del delincuente, sea presunto, real, convicto o falso culpable; esa persecución corre el riesgo de extenderse a la consideración profesional de los así proscritos.

Pero lo más grave de este caso es que en ese enrarecimiento de la convivencia, que bordea en algunos casos el linchamiento moral con la contribución de algunos medios de comunicación, participan activamente instituciones públicas que deberían tener la distancia y la frialdad como normas. El caso más evidente es el uso abusivo de información tributaria, que debería ser confidencial y estar a buen recaudo en la Agencia Tributaria, como arma arrojadiza contra enemigos íntimos o declarados de las facciones en liza en el Gobierno. Es muy notable la desdichada utilización de información fiscal o simples sospechas contra personas y colectivos a los que se pretendía desplazar, neutralizar o amedrentar, desde Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre hasta miembros de la oposición o colectivos opuestos al Gobierno.

Los equipos de Rajoy no han sido pródigos en aciertos, pero algunos de sus errores, como la filtración interesada de información tributaria, rozan la consideración de ataque a los principios del sistema democrático. La Agencia Tributaria tiene la obligación de custodiar los datos tributarios de los declarantes y, si se producen filtraciones interesadas, se está cometiendo un delito grave. Esto es tan aplicable a la Agencia como a cualquier otro organismo público que pretenda sustituir un proceso legal y equitativo —en el cual el acusado tiene derecho a defenderse frente a sus acusadores, o el derecho privado de cualquier ciudadano a zanjar con sus contratadores su situación profesional— por evaluaciones morales discutibles o, en todo caso, previo conocimiento total de los hechos. Y, sin embargo, da la sensación de que algunas instituciones quieren apresurar las condenas y desatar una caza de brujas. No es descabellado suponer que las manchas de corrupción se disimulan mejor cuando todos los grupos sociales, partidos o colectivos aparecen marcados con lamparones, sean reales, supuestos o inducidos. Este no es, evidentemente, el camino para combatir la corrupción con eficacia y serenidad.