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EDITORIAL

Contra el fraude

Para reducir el delito fiscal es necesario dotar de más recursos a la Agencia Tributaria

 

La mejora estadística en la lucha contra el fraude fiscal debe recibirse con moderada satisfacción, y con el convencimiento de que, en realidad, no describe cuál es la situación real de la economía sumergida y cuánto se ha avanzado en aflorar el dinero oculto a la Hacienda pública. Se debe convenir con el ministro Montoro en que recuperar 12.318 millones para las arcas públicas (el 12,5% más que en 2013) el año pasado es una cantidad apreciable. Ahora bien, para apreciar el éxito real en la persecución del fraude habría que precisar en cuánto ha aumentado el dinero negro durante la recesión; el volumen de bases imponibles ocultas al fisco equivale, según algunos informes, a casi el 25% del PIB y probablemente no ha cesado de crecer en los últimos seis años. A falta de cálculos oficiales precisos, bien podría suceder que el fraude avanzase con mayor rapidez que los esfuerzos organizados para reducirlo.

Hay muchas razones para describir la estrategia de la Agencia Tributaria como correcta pero rutinaria. Año tras año presenta resultados mejores que el ejercicio anterior; pero los analistas fiscales coinciden en que no se están atacando con rotundidad las bolsas de dinero oculto. De entrada, Hacienda y la Agencia Tributaria deberían esforzarse en calcular aproximadamente cuánto supone el dinero recuperado sobre las rentas sumergidas. Una estimación oficiosa sostiene que más de las tres cuartas partes del fraude tributario queda impune. El daño para los ingresos públicos es devastador; si se consiguiera reducir en un 10% la base imponible oculta cada año, las finanzas públicas tendrían probablemente superávit estable en un quinquenio, y aún antes.

Sin menospreciar la acción sostenida de la Agencia Tributaria con los procedimientos convencionales, sería útil afrontar el fraude como un problema que hay que reducir a mínimos a medio plazo, contando con políticas coordinadas de transparencia fiscal con Europa, pero con acciones contundentes dentro de España. La primera y básica sería aumentar progresivamente el número de funcionarios que persiguen el delito tributario. Ningún plan fiscal, por sofisticado que sea, parecerá creíble mientras se dediquen recursos tan precarios como los actuales a perseguir al delincuente fiscal. En Europa se contabilizan como media 958 contribuyentes por cada funcionario de Hacienda pública; en España son 1.900 contribuyentes por cada funcionario.

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