“La Fiscalía de Medio Ambiente está en dificultades”

Una viñeta gigante del dibujante Antonio Mingote recibe a los visitantes en la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, en Madrid. “Decía Antonio Ponz que por cada árbol que se cortara en España habría que ahorcar a un alcalde”, dice un personaje. “¿Y eso cuándo lo dijo ese señor?”, pregunta su compañero. “En el siglo XVIII”, instruye el primero. “Claro, tanto tiempo amagando, los alcaldes se confían”, zanja el segundo.

Antonio Vercher dirige desde 2006 esta Fiscalía que combate los delitos ecológicos en un país, España, en el que el Código Penal no incluyó la protección ambiental hasta 1983. Vercher, nacido hace 62 años en el pueblo valenciano de Tavernes de la Valldigna, no suele conceder entrevistas: “De casi todo lo que puedo hablar no debo hablar, porque son temas en investigación”. Prefiere las anécdotas sin nombres, como la del hombre despechado que decidió quemar las cartas de amor de su exnovia en un contenedor que un ayuntamiento valenciano había instalado de manera negligente en un bosque. Ardieron 2.000 hectáreas.

La Fiscalía acaba de recibir el premio Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, dotado con 250.000 euros, porque su trabajo, “con recursos insuficientes” y “basado siempre en el mejor conocimiento científico disponible”, ha sido “crucial para la reducción de los incendios forestales, la corrupción urbanística, la contaminación atmosférica, el tráfico ilegal de especies, el maltrato animal, el uso de cebos envenenados en el campo y la conservación de recursos como el agua”, según el jurado. Orgulloso, Vercher se deja entrevistar, con el Código Penal en la mano, aunque lo recita de memoria.

Pregunta. La propia Fiscalía subraya sus “recursos insuficientes” en la nota de prensa del premio. ¿Tan insuficientes son?

Respuesta. Empezamos hace poco menos de 10 años con un grupo de gente absolutamente exiguo. Se fueron nombrando fiscales y delegados en diferentes provincias y se fue consiguiendo incrementar el personal con gestiones con diferentes ministerios. En 2006, cuando se creó la Fiscalía y sacamos la primera estadística un poco a ojo de buen cubero, no llegábamos a 300 sentencias de condena. El año pasado conseguimos 929. Verdaderamente, estamos en un momento de dificultades. Cada vez que necesitamos algún tipo de medio técnico, tenemos que convencer a una universidad. El Instituto Nacional de Toxicología puede hacer cosas, pero no todas. Los laboratorios de la Guardia Civil, exactamente lo mismo. Tenemos que firmar convenios con diferentes entidades, a base de buenas conversaciones y de buen rollo. Hoy mismo, el jefe de la unidad técnica está fuera, en unas gestiones para conseguir que un determinado laboratorio de una universidad española nos haga una analítica.

Me doy con un canto en los dientes con el número de sentencias que conseguimos contra los malos tratos a animales”

P. Hubo 929 sentencias condenatorias en 2014, pero la mayor parte (465) son de urbanismo.

R. En 2013 alcanzamos la cifra récord de condenas de urbanismo, que fue 501. En 2014, por primera vez, aumentamos como unas 50 condenas por delitos medioambientales respecto al año anterior y disminuyen las de urbanismo. Los fiscales creen que, a tenor de las sentencias que se están produciendo, determinados sectores empresariales y políticos relacionados con el urbanismo y con la construcción son más reticentes a la hora de entrar en aspectos dudosos o discutibles.

P. ¿Se refiere a que hay menos corrupción?

R. Hay menos iniciativas que pueden degenerar en actos que podrían calificarse como delictivos. El término corrupción es muy etéreo. Lo que dice Michael Levi, profesor de Criminología de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), es que la corrupción implica discrecionalidad, monopolio y falta de posibilidad de exigir responsabilidad a quien actúa. Eso son los tres requisitos. Imagínate lo que cabe ahí dentro.

P. Según la Memoria de la Fiscalía de 2014, hubo solo 49 sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente, 171 contra flora y fauna y 62 por malos tratos contra animales domésticos. Parece que hay un desfase entre las condenas y la realidad.

R. Hablamos de sentencias de condena. Posiblemente ha habido más. Esto es una cosa que algunas ONG no comprenden, pero en un robo tú inicias una investigación y hay grandes posibilidades de que la persona que ha cometido el robo, de alguna forma u otra, pertenezca a ese mundo. Generalmente, en tema de robos no suele haber muchos problemas en el ámbito de las pruebas. Es perfectamente posible que en un mismo año tengas una apertura de diligencias, un atestado previo, un juicio y una sentencia. Pero aquí, en la Fiscalía, hemos tenido asuntos de 10 años. Esta es una forma de delincuencia en la que organizar estadísticas es muy complicado. Puedes encontrarte asuntos que se dilatan porque los abogados recurren y recurren. Hay un tema que no se me olvida, una sentencia que se dictó contra la empresa papelera Ence, en Pontevedra [la Audiencia de Pontevedra condenó en 2002 a seis directivos de la Empresa Nacional de Celulosa (Ence) a cinco meses de arresto por vertido de residuos contaminantes a la ría de Pontevedra]. Aquello tardó 10 años. Yo estaba en el Supremo y llevaba temas de medio ambiente. Recuerdo que dejaron de recurrir cuando se enteraron de que al fiscal que llevaba el tema le destinaban a Guadalajara.

P. ¿Por qué en ese momento?

R. Porque el procedimiento tenía como 60 tomos y pensaron: “El que venga no va a tener ni idea”. Y ocurrió una cosa interesante: en la propia Fiscalía pidieron que al fiscal que se había ido le dieran una comisión de servicios de dos meses para celebrar la vista. El juicio, cuando vieron al fiscal que conocía la materia desde el principio, duró cinco minutos, porque se conformaron inmediatamente. Y el fiscal aprovechó para pedir 200 millones de pesetas extra para invertirlos en la recuperación del entorno en la ría de Pontevedra. En temas de malos tratos a animales domésticos, yo me doy con un canto en los dientes con el número de sentencias que conseguimos, porque no es este un país especialmente caracterizado por tener una especial sensibilidad hacia otras formas de vida distintas a la humana. Que consigamos 62 sentencias de condena, si las comparamos con las de años anteriores, verdaderamente se está avanzando mucho, porque eran muy pocas las sentencias que se conseguían. Cada vez hay más ciudadanos que están preocupados por el tema y denuncian más. También fiscales y jueces.

El toro de Tordesillas no se considera malos tratos por ley”

P. 62 sentencias por delitos por malos tratos contra animales domésticos. Quizás el miércoles en el Toro de la Vega en Tordesillas hubo más delitos que los condenados en todo 2014.

R. El tema de Tordesillas es que hay una regulación legal en la que ha tenido un papel esencial el Parlamento de Castilla y León. En su momento, se estudió porque hubo una denuncia hace muchísimos años. Y se vio que es una materia que está normativamente regulada y, consecuentemente, como está plasmada legislativamente, es legal y ya está. La Guardia Civil no puede hacer nada y si a mí me lo denuncian no puedo hacer nada, porque está legalmente regulado.

P. Legalmente, el toro de Tordesillas no se considera malos tratos.

R. No, por ley no es malos tratos, por ley del Parlamento de Castilla y León.

P. La Fiscalía recibe el premio por casi una década “trabajando para el cumplimiento de la legalidad”. ¿La legalidad actual es suficiente, a la vista de casos como el de Tordesillas?

R. Yo con la labor del legislador no interfiero. El legislador, no lo olvidemos, es el representante del ciudadano.

P. Pero usted hace 10 años aplaudía que se fuera a cambiar la Ley de Montes para que no se pudiera construir en terreno quemado. ¿Ahora no echa nada de menos en la ley para proteger el medio ambiente?

R. No.

P. Volviendo al tema de los procesos que se alargan años y años, uno de los más clamorosos parece el del mastodóntico hotel Algarrobico, construido en la playa de Carboneras (Almería). Parece que existe en la sociedad una sensación de impunidad, de que se puede levantar un mazacote en una playa y no pasa nada.

R. El tema tiene sus matices. Impunidad del todo no es. El hotel está vacío. Allí se hizo una inversión económica que ahí está, supongo que la idea de los propietarios era sacarle algún tipo de provecho. Y ahí está vacío.

Pisamos callos aplicando el famoso principio de que salga el Sol por Antequera”

P. ¿Y qué pasa con el principio de “quien contamina paga”?

R. Lo que pasa es que no ha ido por la vía penal porque, cuando se constituyó la Fiscalía, si había algún aspecto delictivo estaba al borde de la prescripción o había prescrito ya, porque el hotel llevaba muchos años construido y, sobre todo, la obra se había iniciado muchos años antes. La verdad es que la Fiscalía se inició conmigo solo y fuimos creciendo hasta estar en condiciones de actuar al cabo de un año o un año y medio de haberse fundado. Desde el punto de vista penal, aquello era más que discutible. Como, por otra parte, la vía administrativa se planteó inmediatamente, se abrió un proceso que permitía resolver el tema. Si no me falla la memoria, se acordó en su momento, por las diferentes instancias administrativas (central, autonómica, etcétera) la expropiación para proceder a la demolición.

P. ¿Y qué pasó?

R. El tema administrativo se complicó por diferentes recursos. A nosotros dejó de preocuparnos, porque desde el punto de vista administrativo estaba siendo tratado. El tipo de complicaciones que puedan surgir ahí están. En el área de Medio Ambiente tampoco son tan extrañas, por lo que comentábamos en el caso de la papelera de Ence. Son temas en los que hay fuertes intereses económicos y cada uno hace el uso del derecho para sus propios intereses, lo cual es legal y está constitucionalmente permitido. Otra cosa es que nos guste o no nos guste. A todos nos gustaría tener un medio ambiente absolutamente inmaculado e impoluto. Y espero que así sea.

P. Hablando de intereses, ¿a usted le llaman poderes políticos o empresariales para presionarlo?

R. No.

P. ¿Nunca le ha llamado un político al móvil para decir “mírate esto”?

R. Yo respondo a todo el mundo, incluso a la prensa. Siempre cojo el teléfono y les digo: “No puedo hablar”. Pero cojo el teléfono y respondo. Eso lo he hecho siempre. Recibo a todo el mundo.

P. ¿Y qué les dice a los políticos que llaman?

R. Bueno, si alguien pide una cosa sensata, genial. Si la cosa no es sensata, digo: “Mire, lo siento, el problema que tengo es que si yo hago las cosas bien, fenomenal, pero si no hago las cosas bien estoy prevaricando”.

P. O sea que le han llamado al teléfono prevaricadores o intentando prevaricar.

R. No. Debo admitir que no he encontrado a nadie tan osado para venir con cosas de esta naturaleza. No sé si es que ya se me conoce, o se sabe cómo funciona la Fiscalía, o han mirado el número de sentencias que tenemos. Lo cierto es que si por algo me congratulo es por el hecho de que la Fiscalía está abierta a todo el mundo. Es una cosa positiva, pero también tiene aspectos negativos. Nos llegan muchas veces denuncias de gente que a lo mejor está desesperada porque le han cortado un árbol enfrente de su casa y les gustaba. Llamas al ayuntamiento correspondiente y te comunican que el árbol tenía una enfermedad incurable. Llegan temas de una importancia bárbara, brutal, y también te encuentras temas de personas que a lo mejor están aburridas y le han talado un árbol de forma que no ve las ramas, y le encantaban las hojas.

Se han decretado unas 120 demoliciones de edificios ilegales en 2014"

P. En la Memoria de la Fiscalía de 2014 se subraya la Operación Fragmentados, que era un desvío de electrodomésticos que iban a reciclaje; también se destacan la exportación ilegal de neumáticos a África y a América del Sur; la construcción ilegal en suelo rústico de 20 casas en La Rioja, incluyendo la del presidente de La Rioja [Pedro Sanz, del PP]…

R. Hubo una reforma normativa y aquella vivienda se legalizó, antes de que nosotros supiéramos nada.

P. ¿Sin la reforma normativa habría sido delito?

R. Evidentemente.

P. En la memoria de 2014 también se destaca una querella contra agricultores freseros de Doñana. Son casos que jurídicamente serán modélicos, pero se echan de menos grandes empresas. ¿Ya no hay grandes casos, del estilo de los vertidos del gigante químico Ercros en el pantano de Flix?

R. En la anterior memoria hay referencias al tema de las operaciones Refresco, Fragmento y Fragmentados. Cuando se inició Refresco, que es un tema que está en trámite en este momento y del que no debería hablar, la Fiscalía ordenó la detención de 97 personas, entre ellas varios empresarios, y se cerraron varias empresas acto seguido por el juzgado. Hay una sentencia de una operación previa que es la Operación Fragmento, de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se condena a cinco empresarios, dos de ellos a cuatro años y varios meses, y tres de ellos a dos años y varios meses, por reciclaje ilegal de residuos.

P. ¿Son grandes empresas?

R. Son empresas, no me importa el tamaño.

P. ¿Es que las grandes empresas respetan más el medio ambiente?

R. No nos paramos a analizar eso. Es como cuando detienes a alguien por un delito de robo. Te importa poco que tenga 100 millones en el banco, pero tenga un problema de cleptomanía, o que simplemente sea una persona que le ha dado la neura ese dia y le ha dado por robar, o sea una persona que reiteradamente roba. Lo que te importa son los hechos, si el hecho es delictivo, si hay circunstancias agravantes y nada más. Lógicamente, cuando vamos a una empresa que está cometiendo un delito contra el medio ambiente no pedimos ni las nóminas, ni el número de empleados que tiene. Nos importa el hecho delictivo.

Yo escribí un libro en 2002 titulado 'La delincuencia urbanística' en el que dejaba absolutamente claro que esto iba a reventar por todos los lados"

P. Otro caso que sorprende es el de la fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo (Huesca), uno de los lugares más contaminados por pesticidas del mundo. Entre 1975 y 1989, la empresa española tiró sin autorización hasta 160.000 toneladas de residuos tóxicos de la producción del pesticida en dos vertederos de Sabiñánigo. En 2003, un juzgado de Huesca sentenció a Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros de indemnización por los daños ambientales en Sabiñánigo. Pero Inquinosa ha desaparecido.

R. Tenemos un procedimiento abierto.

P. Es un claro ejemplo de impunidad. El director gerente de Inquinosa, Jesús Herboso Pajarrón, siguió fabricando pesticida en Rumanía. No se ha pagado un euro todavía.

R. Puedo asegurar que hay un procedimiento abierto. No puedo entrar en detalles, sinceramente, porque hay una inmensidad de asuntos abiertos y no me puedo acordar de los detalles de todos. Este tema lo está llevando la Fiscalía de Huesca y lo está llevando muy bien, como suelen hacer la inmensa mayoría de las fiscalías. Pero es un tema que clarísimamente no está cerrado.

P. Usted propuso hace casi una década que el Ejército vigilara los bosques.

R. Y se ha hecho, en Galicia. No sé si se sigue haciendo, pero durante varios años el Ejército organizaba, en colaboración con la Xunta de Galicia, patrullas de vigilancia por los montes.

P. ¿Cuántos delincuentes ambientales hay en la cárcel?

R. No lo sé, es un tema de ejecución de condena. Lo que sí puedo decir es que se han decretado unas 120 demoliciones de edificios ilegales en 2014, por el artículo 319 del Código Penal. Nunca habíamos insistido en recopilar las demoliciones que se llevan a cabo y hemos empezado hace dos años. Este año ya sabemos más o menos con precisión cuántas demoliciones se han producido.

P. ¿Son casos como el de la abuela canaria indultada por el Gobierno tras ingresar en prisión por negarse a demoler su casa ilegal en un parque natural?

R. Lo de esta señora es un poco como el caso de hace años de un pastor que recogió en Sierra Nevada lo que creía que era manzanilla para infusiones, que resultó ser una planta en riesgo de desaparición. Se aplicó el Código Penal y apareció un amplio sector de la prensa diciendo: “¿qué es esto de que por coger manzanilla uno vaya a la cárcel?”. Si no me falla la memoria, en el caso de esta señora canaria, fue condenada y se le pidió la demolición. Una de las cosas que exige el Código Penal para que a alguien le den la suspensión de condena es el cumplimiento de su responsabilidad civil, como establece el artículo 81.3. Tú construyes ilegalmente, se te condena y solo si demueles has cumplido con tu responsabilidad civil. Si demueles, se te puede dar la suspensión de condena. Si no demueles, en principio no se te puede dar la suspensión de condena.

Si disminuyen las condenas de urbanismo, significa que el problema está empezando a resolverse"

P. O sea que la abuela canaria estaba bien condenada.

R. Sí, sí. Democráticamente, legalmente, constitucionalmente y todo lo demás. Lo que parece que pasó es que la señora se comprometió a demoler y acto seguido, con ese compromiso se planteó que se cumplía el artículo 81.3 del Código Penal y por tanto se afrontaba la responsabilidad civil.

P. ¿Las 120 demoliciones de edificios ilegales son casos como el de la abuela canaria, construcciones ilegales en parques naturales?

R. No lo sé. Somos juristas, no somos especialistas en estadística, ni sociólogos, ni nada por el estilo.

P. Su Fiscalía es de Medio Ambiente y Urbanismo. Con la avalancha de delitos relacionados con el urbanismo que hay en España, ¿tiene que descuidar necesariamente el medio ambiente?

R. Lo interesante es que este último año, por primera vez, aun aumentando el total de sentencias de condena, sin embargo han disminuido las de urbanismo, lo cual está bien, porque si disminuyen significa que el problema está empezando a resolverse. Porque hay más conciencia y más conocimiento técnico en relación con esa materia, con lo cual jueces y fiscales actúan con mayor propiedad y con mayor apoyo legislativo y jurisprudencial. Si eso se produce a los 10 años de existir la especialidad, y si va acompañado de un aumento de condenas en otras áreas del derecho penal ambiental, esto supone, desde mi punto de vista, que el aspecto urbanístico está entrando donde tiene que entrar y que el resto de temas ambientales están empezando a ser tratados, al tener un poco más de margen de maniobra.

P. Es optimista.

R. No hay que olvidar que la Fiscalía se creó en 2006, después de las operaciones Malaya y Ballena Blanca, en las que se observó que había grandes inversiones por parte, aparentemente, de mafias extranjeras en temas de urbanismo para blanquear dinero. Aquello fue realmente el pistoletazo de salida de la Fiscalía, no fue el problema de los malos tratos a los animales domésticos ni el problema de la manzanilla protegida que alguien se lleva para hacerse una infusión. Lo que realmente fue determinante en su momento fueron estas dos operaciones. Se vio que en España se estaba blanqueando de manera infame dinero negro en construcciones ilegales. Entramos en un momento de máxima vorágine, todavía no había estallado la burbuja inmobiliaria, eso fue tres años después. Plantear en aquel momento que aquello fuera delito, en un contexto social en el que para todo el mundo el urbanismo era el pan imparable, constante y permanente... ¿quién es el loco al que se le ocurre meterse con una materia que está resolviendo los problemas del país? Yo escribí un libro en 2002 titulado La delincuencia urbanística, publicado por la editorial Colex, en el que dejaba absolutamente claro que esto iba a reventar por todos los lados. Lo teníamos clarísimo, y cuando empezamos con la Fiscalía en 2006 la cosa se confirmó a tope. Entramos en la materia, pero no con todas las bendiciones. Pisabas callos, pero tiramos hacia adelante aplicando el famoso principio de que salga el Sol por Antequera. Y, efectivamente, por Antequera sale el Sol.

P. ¿Siguen pisando callos? ¿A cuántos alcaldes han imputado?

R. Todos los fiscales pisan callos. No tenemos un recuento de alcaldes imputados. Tengo en la base de datos todas las sentencias por prevaricación urbanística que se hayan producido y que hemos conseguido.

P. Según un informe de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas, “la conciencia de los españoles se caracteriza por su debilidad… puede afirmarse que el ciudadano ecológico español todavía no existe”. ¿Sigue sin existir?

R. Las cosas han mejorado, sin lugar a dudas. La prueba es el número de denuncias que recibimos.

P. El parany, la caza de aves con pegamento que se practica en algunos lugares de la Comunidad Valenciana, ¿es un ejemplo de fracaso de las autoridades?

R. Ya ha dicho el Constitucional que está prohibido.

P. Pero sigue practicándose.

R. Seguimos utilizando la vía penal a diestro y siniestro. Y no paramos. Seguimos constantemente presentando escritos de acusación en Castellón, Tarragona, etcétera. Ya hay sentencias condenatorias, por supuesto.

P. El galardón del premio que acaban de ganar está dotado con 250.000 euros. ¿Qué van a hacer con el dinero?

R. Se destinará íntegramente a medios para la propia Fiscalía, a la adquisición de material y bienes que vamos a utilizar para el control de la contaminación atmosférica, para el control de emisiones nucleares…

P. ¿Nucleares?

R. Sí, radiaciones nucleares.

P. ¿Eso no lo hace ya el Consejo de Seguridad Nuclear?

R. Sí, pero en el Código Penal hay un apartado dentro de los delitos contra la seguridad colectiva que se refiere al tema de emisiones radiactivas, en el que somos competentes.

P. ¿No se fían del Consejo de Seguridad Nuclear?

R. No es eso. Puede haber una investigación de carácter penal que tiene que ver con una central nuclear. Tenemos una que está bastante avanzada, en Ascó I (Tarragona).

P. ¿Por eso se reunió el 18 de marzo de 2014 con el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, según consta en la memoria de la Fiscalía?

R. Consta así pero es un error. Ya no era el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace y vino por otro asunto. Otra cosa que tenemos en investigación es el tema de Palomares [la colisión en 1966 de dos aviones militares de EE UU que provocó la caída de cuatro bombas atómicas sobre la pedanía almeriense de Palomares], porque se ha producido una denuncia por parte de Ecologistas en Acción, ya que quedan residuos y han planteado que hay que hacer algo. Entonces, ahí estamos.

P. ¿Una denuncia contra EE UU?

R. Es una denuncia genérica, pero prefiero evitar preguntas sobre temas concretos.