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EDITORIAL

Salto hacia atrás

El Gobierno retrocede en el tiempo con su empeño de legalizar la cadena perpetua

El Gobierno utilizó ayer su mayoría absoluta para forzar la introducción en el Código Penal de la “prisión permanente revisable”, un eufemismo que no oculta la voluntad de volver a un trato penal propio de otros tiempos. Y aunque se prevén revisiones de la condena tras 25 o 35 años de efectivo cumplimiento, según los casos —para salvar la posible inconstitucionalidad de la cadena perpetua—, de hecho permite mantener al reo toda la vida en prisión.

No se puede manosear el Código Penal por el hecho de que un Gobierno en dificultades quiera enviar mensajes de autoritarismo y firmeza a electores que se le escapan. Menos aún se debe adoptar semejante medida sin un debate previo en profundidad que justifique el endurecimiento penal. El Gobierno ya concibió este proyecto en su primer año de mandato, cuando el ministro de Justicia era Alberto Ruiz-Gallardón, pero lo desempolva ahora, en pleno año electoral. Y lo hace pasando por encima de toda la oposición, de las advertencias recibidas en su día desde el Consejo del Poder Judicial, el Consejo de Estado y otros órganos, y del manifiesto firmado por más de 60 catedráticos de Derecho Penal.

La contumacia del Ejecutivo y del partido que le apoya es en realidad una señal dirigida a los sectores más autoritarios de la opinión pública, que han exigido la reclusión a perpetuidad o el restablecimiento de la pena de muerte al hilo de crímenes de gran impacto social.

El gesto se produce en medio de la emoción provocada por la reciente excarcelación de Santi Potros —detenido de nuevo por otros asuntos—, como si se le hubiera podido aplicar la pena de perpetuidad por hechos cometidos cuando regía otra legislación penal.

Elevar las condenas al máximo posible resulta incoherente en un país con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa y en el que ya existe una escala penal agravada de hasta 40 años de privación de libertad. Nadie puede estar seguro de que los autores de crímenes especialmente odiosos, como los de Marta del Castillo o de los niños José y Ruth Bretón, o los cometidos en nombre de ETA o del yihadismo, se hubieran detenido ante la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en prisión.

El Código Penal ya era suficientemente duro antes de esta nueva vuelta de tuerca. Todo un salto atrás.