Que hable el Rey

El juez Castro emitió ayer el esperado auto de apertura de juicio oral por el caso Noós y confirmó la acusación a la infanta Cristina por considerar que es cooperadora necesaria por delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en los años 2007 y 2008. Además, el escrito fija una fianza de 2,69 millones de euros de responsabilidad pecuniaria para doña Cristina. El auto añade que, en caso de no confirmarse el delito de cooperación necesaria, la hermana del rey Felipe VI sería culpable de ser partícipe a título lucrativo del enriquecimiento de su marido.

Al margen de precisiones o debates de tipo jurídico —legítimos, al tratarse de un procesamiento discutible por delito fiscal sin que medie acusación de la fiscalía ni de la abogacía del Estado— el auto del juez de instrucción de Palma de Mallorca viene a cerrar la boca a los agoreros que anunciaban el sobreseimiento de la causa hacia la infanta Cristina por presiones de las instituciones del Estado. Doña Cristina está en la misma lista que los otros 16 acusados en el caso Noós, sin importar su condición de ocupar el sexto lugar en la línea de sucesión a la Corona de España.

Se cumple así la palabra del rey Juan Carlos en su discurso de Navidad de 2011. En aquel discurso el Rey afirmaba tajantemente: “Vivimos en un Estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley”. Y añadía: “La justicia es igual para todos”. Seguro que don Juan Carlos no se imaginaba entonces que su propia hija acabaría sentándose en el banquillo. Pero, sin saberlo, aceptó que la Casa del Rey apartara al matrimonio Urdangarin-Borbón de todas sus actividades oficiales e intentó en varias ocasiones, a través de terceras personas, que doña Cristina tomara una de las dos decisiones que ayudarían a preservar a la Corona del escándalo: que se divorciara de Iñaki Urdangarin o que renunciara a sus derechos dinásticos.

En Zarzuela tenían muy claro que era la mejor solución para la Monarquía española y para la propia Infanta, que al separarse o de su marido o de la Corona, dejaría de estar en el centro del foco mediático y judicial. Doña Cristina se negó una y otra vez a tomar decisión alguna, por considerar que suponía una aceptación implícita de culpabilidad. En las últimas semanas, a medida que se iban quemando etapas para que el juez Castro sentara en el banquillo a la infanta Cristina, aumentaban las voces desde distintas instancias políticas e institucionales y desde los principales medios de comunicación (EL PAÍS lo ha pedido en dos ocasiones), reclamando a doña Cristina que tuviera el gesto de renunciar a sus derechos de sucesión. Cosa que no ha sucedido. En las actuales circunstancias, no queda otra salida que la renuncia inmediata, si no quiere seguir haciendo un daño irreparable a la institución.

Y no solo eso. Los españoles están esperando escuchar de boca del Rey una declaración firme sobre la necesaria regeneración democrática, incluida una explicación sobre la acusación a su hermana. Don Felipe ha hecho un enorme esfuerzo de renovación y modernización de la institución monárquica en sus seis primeros meses de reinado, con medidas de austeridad, ejemplaridad y transparencia de la familia real y la Casa del Rey, esenciales para la supervivencia de la institución y para su aceptación por los ciudadanos. Esas medidas han sido reconocidas con un notable grado de aceptación popular en los sondeos.

El Rey se ha mostrado como un hombre de principios. Por eso, lo que no debe hacer es evitar el asunto, limitándose a aceptar respetuosamente, a través de un portavoz, las decisiones y la independencia del poder judicial. Es cierto que, constitucionalmente, solo corresponde a la Infanta la decisión de renunciar a sus derechos. Pero no es menos cierto que Felipe VI tiene que enviar un mensaje a los ciudadanos, como hizo su padre hace tres años. Y el mensaje tiene que ser este: que los principios que proclama deben aplicarse también a su hermana, aunque ya no pertenezca a la familia real.