Piezas complementarias

En pocos años, el desarrollo de los medios de comunicación ha dado un salto tecnológico de tales dimensiones que hoy la información no se concibe sin las poderosas herramientas de Internet. La web da un alcance global a las noticias y permite a los lectores acceder a diarios de todo el mundo con una extraordinaria velocidad gracias a motores de búsqueda como Google, la compañía que ha revolucionado la industria periodística. Por eso, la decisión de retirar a los editores españoles de Google News y de cerrar este servicio es una mala noticia para todos: empresarios de medios y usuarios. Algo que no parecen entender del todo los burócratas que en España y otras partes de Europa han manejado el asunto.

Se justifica el gigante de Internet en la recién aprobada Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce el derecho de los medios a recibir “una compensación equitativa” por la reproducción de “fragmentos no significativos de contenidos”. La legislación española incorporó el término “irrenunciable” supuestamente para proteger a los medios más pequeños. Se trataba de evitar que se resquebrajara la acción conjunta de los editores, en la idea de que solo actuando con una sola voz era posible plantar cara a Google.

Ese no es el planteamiento correcto. Como cualquier sector dedicado a la creación, los editores saben que la información es cara y que es un mal negocio regalarla. La multinacional alega, por su parte, que las publicaciones se benefician del tráfico de usuarios hacia sus sitios web y que este servicio no le genera beneficios porque carece de publicidad. La vía para reconciliar ambos intereses legítimos no es la del enfrentamiento.

La compañía tecnológica ha anunciado su intención de cerrar en España Google News el 16 de diciembre, dos semanas antes de que entre en vigor la ley. Es un plazo que debería ser aprovechado para negociar. La asociación de editores (AEDE) se pronunció ayer a favor de esa vía y urgió a las autoridades españolas y europeas a que busquen una solución. Son ellas las responsables de encontrarla, de forma que los editores no tengan que sufrir las consecuencias de su incapacidad. EL PAÍS que, como otros medios, tiene ediciones globales, podría verse doblemente afectado.

El principal interés de editores y lectores es el de mantener Internet abierto a todos. No puede concebirse de otra forma la libertad de información en el tiempo actual. En la batalla librada al respecto en Alemania, se impuso la tesis del editor conservador Axel Springer para relegar a Google y perjudicar a los usuarios. El Gobierno alemán, justificando la defensa de los periódicos, se alineó en contra de los intereses de los lectores. Ahora el Gobierno español ha repetido el modelo con idénticos perjuicios para el acceso a las noticias en la web. Cualquier acción de las autoridades debe ir encaminada a conciliar intereses. En esta ocasión, pretendiendo proteger a los editores, pueden perjudicarles gravemente.