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El PP se queda solo en el apoyo a la caza en parques nacionales hasta 2020

El Congreso da el visto bueno a la nueva Ley de Parques Nacionales. Los nacionalistas barajan recurrirla ante el Constitucional por invadir competencias autonómicas

Un ciervo en el Parque Nacional de Doñana (Huelva).

El Congreso ha aprobado finalmente la nueva Ley de Parques Nacionales que permitirá la caza dentro de estas reservas naturales hasta 2020. Esta medida ha sido aprobada con el apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición. El resto de los grupos ha rechazado la mayoría de las enmiendas, aunque CiU y UPyD se han abstenido en la votación de alguna de ellas.

La norma ha causado una fuerte polémica pues el PP introdujo una enmienda para que los propietarios de fincas privadas dentro de los parques pudiesen seguir organizando cacerías sin límites de tiempo. Ante el clamor de organizaciones ecologistas y grupos de la oposición el propio PP dulcificó esa enmienda poniendo como límite el año 2020 para que los terratenientes lleguen a un acuerdo con el Estado y pongan fin a esas actividades. Pero, según está redactada, la norma deja la puerta abierta a que esos acuerdos “voluntarios” puedan prolongar la caza aún más en el tiempo, según las organizaciones ecologistas, que pidieron hace unos días la retirada de la ley, entre otras cosas, por ambigüedades como que prohíba la caza en general en espacios protegidos, pero la siga permitiendo de forma excepcional durante otros seis años.

En el centro de la polémica está el Parque Nacional de Cabañeros, entre Toledo y Ciudad Real. Allí poseen fincas privadas empresarios como Los Albertos o Alejandro Aznar, marido de la presidenta del Círculo de Empresarios Mónica Oriol. Estos propietarios organizan monterías en sus terrenos a las que ha llegado a asistir el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Basilio Rada.

La nueva ley está diseñada para sustituir a la norma de 2007, que actualmente regula los 15 parques nacionales existentes en España. Su objetivo declarado es “la conservación de los parques” y su red, así como la "coordinación y colaboración" entre Gobierno central y comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de gestión exclusivas según la ley de 2007. La nueva norma ha sido problemática desde antes de su llegada al Parlamento. El Consejo de Estado la rechazó de plano y dudó de su constitucionalidad, en parte porque invadía las competencias de las comunidades. Pero finalmente el organismo consultivo no se opuso a que la norma fuese remitida al Consejo de Ministros.

La caza no es el único punto de fricción. También la apertura de los parques a actividades turísticas, como la navegación en Monfragüe o el vuelo sin motor en Guadarrama. En sus primeras versiones el texto incluso barajaba edificar dentro de las reservas. El PP se quedó solo en su aprobación en su primer paso por el Congreso de los Diputados y lo mismo sucedió en el Senado.

"Escopeta nacional"

En su vuelta al Congreso para su trámite final, la enmienda referente a la caza ha sido aprobada por 172 votos a favor, todos del PP, 134 en contra, y cinco abtenciones, todas de UPyD.

Durante el debate de las enmiendas, varios portavoces de la oposición ridiculizaron la nueva norma calificándola como una "nueva escopeta nacional". Con esta nueva ley "se garantiza que se pueda cazar en Cabañeros y hacer otras actividades que estaban prohibidas por ley", ha explicado a Materia Pilar Lucio, del PSOE. Por su parte, los nacionalistas denunciaron que la ley invade competencias de las comunidades autónomas y que la norma supondrá "una etapa de intensa litigiosidad jurisdiccional ", en palabras de Martí Barberà, de CiU, informa Servimedia. Tanto grupos nacionalistas como el PSOE barajan presentar recursos al Tribunal Constitucional.

Esta mañana, PSOE, IU, Compromis, UPyD, CC-Nueva Canarias y BNG se comprometieron a volver a una ley de “consenso” cuando gobiernen. "Con los únicos votos del Grupo Parlamentario Popular, el rechazo de todas las demás fuerzas políticas con representación parlamentaria, y la unánime contestación por parte de toda la opinión pública, el grupo popular ha impuesto en Las Cortes Generales una nueva Ley de Parques Nacionales”, señala la declaración conjunta, que también han apoyado las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, WWF y SEO/BirdLife.

El Gobierno ha defendido la ley como "eminentemente conservacionista" a través de una nota de prensa del Ministerio de Medio Ambiente. El departamento que dirige Isabel García Tejerina destaca aspectos de la nueva norma como que permite la intervención directa del Estado en los parques, en coordinación con las comunidades autónomas, en caso de catástrofe o mala conservación. También resalta que la nueva norma también aumenta las exigencias para delimitar nuevos parques y declara icompatibles actividades específicas como la extracción de hidrocarburos, áridos o canteras.

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