Agravar la espera

En las últimas semanas se han registrado episodios de aglomeración en los servicios de urgencias de varios hospitales y en algunos de ellos se han reproducido escenas de enfermos por los pasillos a la espera de una cama libre en la que poder ingresar. Esta situación, que ha ocasionado protestas del personal sanitario y de grupos de usuarios, no es ajena a la decisión de cerrar camas durante el verano. El goteo de problemas se ha traducido en la inquietud de cierto número de enfermos, con especial incidencia en el hospital barcelonés de Bellvitge —donde un pico de urgencias obligó ayer a reabrir unidades previamente clausuradas—, así como protestas sindicales por el cierre de camas en centros sanitarios de diferentes comunidades autónomas.

Los gestores sanitarios alegan que en el periodo estival baja la solicitud de asistencia, sobre todo en las grandes ciudades, y, por tanto, se puede reducir la actividad hospitalaria sin afectar por ello a la calidad del servicio. Mantener plantas abiertas y medio vacías puede considerarse un despilfarro, si bien hay organizaciones médicas y sindicales temerosas de que el cierre de camas no responda tanto a una estrategia de ajustar la dimensión de los servicios a la demanda previsible, como a intentos de forzar la situación por motivos económicos. El cierre de camas permite reducir personal y evitar la contratación de sustitutos. El crecido flujo de pacientes a algunos servicios de urgencia podría ser consecuencia de la reducción de la actividad programada.

Se da la circunstancia de que el cierre de camas no se limita en todos los casos a los meses de julio y agosto, sino que algunos han comenzado en junio y se prevé extenderlo hasta septiembre. En años anteriores, algunos hospitales no han recuperado todas las camas inhabilitadas.

Reducir el número de camas en servicio supone recortar la actividad quirúgica programada, lo que aumenta el número de pacientes en lista de espera y, en consecuencia, el tiempo de demora. Según datos de Sanidad, la espera media para una intervención quirúrgica ha aumentado hasta situarse en torno a los 100 días; un 15,6% de los pacientes espera más de seis meses. Cuanto mayor es la demora, más posibilidades existen de que el estado de los pacientes se agrave y acaben en urgencias.

El ahorro puede ser necesario, pero nunca a costa de un riesgo para la salud de los pacientes.