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Los recortes en cooperación no cuestan votos

La justicia social debe ser un elemento esencial en la construcción del orden político y económico que surja tras el cambio de sistema al que hoy estamos asistiendo

Tras seis años de crisis, recortes y medidas de austeridad fiscal, todo parece indicar que una de las grandes perdedoras en la batalla por alcanzar los objetivos de déficit ha sido la Ayuda Oficial al Desarrollo. Desde el año 2008, la caída en picado de las cantidades destinadas a combatir la pobreza en otros países, nos repite insistentemente que la Ayuda podría pertenecer “al mundo de ayer”, si no se toman medidas urgentes para su recuperación.

La constatación de esta derrota se hace hoy visible a través de tres hechos significativos: el desplome presupuestario de la Ayuda; el bajo perfil político de la agenda de cooperación internacional, tanto para el Gobierno como para la oposición; y el insuficiente impacto de la movilización ciudadana en defensa de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Por la parte de las cifras, desde 2008 la Ayuda ha sufrido una caída acumulada del 70%. En los últimos años, hemos visto cómo el sistema de ayuda español se ha desmantelado prácticamente, pasando de ser una política pública con amplia proyección en nuestra agenda exterior, a un renglón más bien irrelevante en los Presupuestos. En 2014 la Ayuda suponía un 0,16 % de la Renta Nacional Bruta, el nivel más bajo en 25 años y en las antípodas del compromiso del 0,7%, reclamado por las ONGs.

Pero lo que resulta más sorprendente es observar cómo simultáneamente, la cooperación internacional se ha vuelto casi invisible en las agendas políticas y sociales. Los brutales recortes efectuados, sin precedentes en ninguna política pública, se han producido con un mínimo coste para el Gobierno. En cuanto a la oposición, haciendo un ejercicio de pragmatismo, se ha centrado en asuntos más rentables políticamente y de mayor conexión con sus potenciales votantes. Y por último, desde la sociedad civil no hemos encontrado un relato lo suficientemente movilizador y eficaz para defender, en momentos de recortes de nuestras políticas sociales, la inversión en ayuda exterior.

Ante esta situación, es imprescindible hacerse algunas preguntas clave y no seguir viviendo fuera de la realidad y de los cambios que se están dando en España y en el sistema internacional. Es hora de preguntarnos cómo combatir la pobreza y la desigualdad, en el mundo que surgirá tras el naufragio de la crisis. ¿Cómo recuperar la Ayuda Oficial al Desarrollo? ¿Existen alternativas? ¿Sigue siendo un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza? Y es probablemente hoy, más importante que nunca hacerse estas preguntas, porque lo que está en juego en este cambio de ciclo, provocado por el choque de trenes entre el capitalismo financiero y la democracia, es la justicia social.

La discusión sobre la redistribución de la riqueza y el papel del Estado en garantizar la igualdad y los derechos sociales, así como la proyección de estos derechos en el sistema global; es hoy un elemento crítico que tensiona la definición de las nuevas políticas sociales, tanto dentro de los países como en la escala global.

Entre las nuevas soluciones que se están barajando para luchar contra la pobreza más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo, existen dos tendencias dominantes que obedecen a filosofías políticas diferentes. En el espectro del liberalismo de derechas o neoliberalismo, la “salvación” de la cooperación internacional y el impulso hacia el desarrollo de los países más pobres, se piensa que vendrá de la mano del sector privado. La irrupción de este actor en el ámbito de la cooperación, se está ensayando bajo nuevas fórmulas de alianzas con diferentes agentes y de partenariados público-privados, que deberán demostrar su eficacia en la creación de condiciones de desarrollo que saquen a estos países de la pobreza.

En la órbita socialdemócrata, dominan las medidas que exploran el potencial de la fiscalidad justa dentro de los países en desarrollo y a nivel global. La idea es financiar vía impuestos las políticas sociales que garantizarán el desarrollo y la salida de la pobreza. En el primer caso, se trata de apoyar la creación de sistemas fiscales progresivos que actúen como herramientas destinadas a financiar las políticas públicas y a evitar la dependencia de la ayuda exterior para sostenerlas. A nivel global, la acción se dirige a luchar contra la evasión y la elusión fiscal mediante medidas relativas a la transparencia y a la cooperación fiscal entre jurisdicciones. Es importante tener en cuenta que según las estimaciones de la OCDE, el importe que se deja de pagar por evasión y elusión fiscal en los países en desarrollo, supera muy ampliamente la cantidad que reciben en ayuda exterior. Se calcula que las grandes fortunas y empresas de toda América Latina y Caribe desvían hacia paraísos fiscales un importe equivalente al PIB de Brasil (2,05 billones de euros), según una investigación de la Red de Justicia Fiscal.

La justicia social debe ser un elemento esencial en la construcción del orden político y económico que surja tras el cambio de sistema al que hoy estamos asistiendo. Para ello, el primer paso es asumir que no volveremos al mundo en el que vivíamos antes de 2008 e identificar las claves del cambio. Es inútil lamentarse por la pérdida del pasado. La historia nos enseña que hay que anticiparse a los tiempos, para crear sociedades más justas.

Consuelo Lopez-Zuriaga, es Coordinadora de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón.

 

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