Cadena perpetua para gais en Uganda
Uganda aprobó el 20 de diciembre su proyecto de ley contra la homosexualidad Ahora se encuentra en manos del presidente del país que decidirá si aplica la norma Recuperamos el reportaje que sobre el tema escribió Jon Sistiaga
El Parlamento de Uganda aprobó el 20 de diciembre un proyecto de ley contra la homosexualidad, según ha publicado Amnistía Internacional. El texto está ahora en manos del presidente de este país subsahariano, Yoveri Museweni, que decidirá la validez de una norma que prevé cadena perpetua para los homosexuales "con agravantes".
El pasado abril, el periodista Jon Sistiaga viajó a Uganda para El País Semanal. Desde allí, mostró la situación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales en este país. Los testimonios revelaban las detenciones, las palizas, las violaciones y los asesinatos que sufre este colectivo. La ley llamada mata-gais estaba entonces en discusión en el Parlamento de Kampala, la capital, impulsada por David Bahati, un joven diputado del Movimiento de Resistencia Nacional.
El presidente de Uganda, un estado mayoritariamente cristiano, tiene oficialmente 30 días desde la aprobación del proyecto para sancionar, pedir una modificación o vetar la ley. El plazo cumplía el 12 de enero. Hasta ahora no se ha pronunciado. Museweni declaraba este lunes que esta legislación "se ha convertido en un asunto de política exterior". Algo que Sistiaga explica diciendo que la ley anti-homsexuales puede llevar a este país al ostracismo internacional. "Puede que le dé igual [al presidente de Uganda] o puede que las sanciones de la ONU o la supresión de las dotaciones económicas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sean la única manera de parar este proyecto."
El texto inicial pretendía establecer la pena de muerte como castigo a los homosexuales "con agravantes", entre los que se encontrarían los llamados "reincidentes" y los portadores del VIH que hayan mantenido relaciones con personas del mismo sexo. Según informa el comunicado de Amnistía Internacional, la pena de muerte se sustituye por la cadena perpetua. La organización denuncia una grave violación de los derechos humanos y una amenaza a la libertad de reunión y expresión.
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