El carro delante de los bueyes

Ya está puesto el carro delante de los bueyes. Ya está formulada la pregunta del referéndum sobre la independencia de Cataluña, cuando casi todos saben que no se celebrará esa consulta, al menos tal como se ha presentado, ni en el calendario propuesto. Enorme paradoja: se trata de una pregunta destinada a no ser planteada a los ciudadanos.

Aún no se ha respondido cabalmente a otra pregunta previa. ¿Por qué una inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes, superior al 80%, viene reivindicando la celebración de un referéndum sobre su futuro? No solo por el revés jurídico causado por la famosa sentencia que dictó en 2010 el Tribunal Constitucional enmendando el Estatuto de 2006; no solo por el instinto de reagrupación automática frente a la crisis económica, hábilmente encauzado por el poder cercano en contra del poder lejano, trocado en rival; no solo por la contrarreforma centralizadora galopante desde hace casi dos años. También porque votar es un mecanismo obvio para recuperar —en parte, o todo, o aún más— el poder y el reconocimiento perdidos mediante lo que se percibe como humillación: el secuestro institucional del referéndum estatutario. Si un clavo arranca otro clavo, una votación saldaría el vacío dejado por la anulación de la anterior.

Pero un referéndum sobre asunto tan capital como una eventual separación es un método muy precario para encauzar el problema, sobre todo en sociedades que no sean comparables a la suiza, tan habituada a ese expediente. De hecho, es el peor método, salvo que se cieguen todos los demás. Un año largo sin diálogo Barcelona-Madrid; un año largo de puntilloso y pugnaz retroceso en el perfil del Estado autonómico, de la ley Wert a las reformas administrativas; un año largo de estigmatización de cualquier propuesta que no sea la interpretación restrictiva de la Constitución, a la que se ha querido convertir en escenario de cartón piedra... Estos 12 largos meses no han hecho otra cosa que multiplicar la fabricación de independentistas, ante la ausencia de una propuesta oficial española para Cataluña —salvo sea la reforma constitucional federal propugnada por los socialistas, más ambiciosa de lo que ha querido ver esa legión de comentaristas que ni siquiera la han leído—. Y así nos vemos abocados a una propuesta de referéndum que por su carácter binario es reduccionista. Y quiérase o no, excluyente de las posiciones intermedias. Lo cual aparece como más grave cuanto esas son sociológicamente las actitudes mayoritarias, como vienen evidenciando las encuestas y, lo que es más decisivo, la reciente historia de Cataluña.

La Generalitat ha utilizado un lenguaje ambiguo minimizando las consecuencias del proceso

La pregunta conocida ayer, tras meses de mareo monotemático, acusa dos graves deficiencias. Una es su estructura interna. No plantea opciones distintas, sino un encadenamiento que conduce lógicamente a la prevalencia de la secesión. En efecto, la primera parte inquiere sobre la preferencia porque Cataluña sea “un Estado”, a lo que en principio asentirían no solo los independentistas sino también los partidarios de las federaciones de Estados (federados), los admiradores de las construcciones confederales y los subyugados por la ambigua formulación de un Estado “propio” (que tanto puede ser uno unitario cuanto otro segregado), y todos los mediopensionistas. El valor polisémico del concepto agruparía, pues, a un cuerpo social muy poliédrico. Y a partir de recogerlo todo, enteramente (como en las buenas aplicaciones de los partidos políticos catch all) se le desliza con aparente naturalidad, al modo de la secuencia de una bola de nieve en descenso, a la segunda cuestión, si ese Estado debe ser independiente.

La otra dramática deficiencia estriba en que, a diferencia del caso de Reino Unido-Escocia, las cuestiones esenciales del formato, esto es, el tenor de la pregunta y el calendario, no son el resultado de un pacto entre las distintas partes implicadas, sino producto de una decisión unilateral. Es un desaguisado, porque consagra y solemniza la cesura, sin haber agotado todas las vías de entendimiento posible. La responsabilidad de este percance recae sobre los dos nacionalismos en acción, el catalán y el español. Sobre este último, porque el Gobierno del PP no solo ha sido incapaz de formular alternativas, sino siquiera de aceptar metodológicamente el principio democrático de dirimir la discordancia mediante las urnas. ¿Con qué formato que no rozase derechos de todas o de una de las partes?, se dirá. Con el que fuese resultado de un diálogo estructurado y de una negociación honesta, encajable en la Constitución leída abiertamente y con opción a opinar, antes o después, de todos. ¿A la británica? O a un modo parecido.

Desde el lado de la coalición nacionalista-independentista catalana (básicamente CiU-Esquerra) el llamado “proceso” que en estas horas registra una alta temperatura agitatoria, ha registrado unos acusadísimos déficits democráticos en relación con los ciudadanos de Cataluña. Hoy conviene precisarlos con más detalle que el comportamiento antes resumido, porque la cuestión candente es la de la pregunta, tan tributaria del recorrido anterior. Son estos:

— Se ha reivindicado un referéndum que solo aparentemente versaba “sobre” la “independencia”. De hecho, se ha ido configurando como un referéndum “por” y “para” la “independencia”. El Gobierno autónomo ha actuado de hecho presumiendo una respuesta favorable a la separación, contra el ejemplo británico-escocés de total respeto a la situación existente mientras no se operase su modificación (cláusula rebus sic stantibus). Ha puesto en pie, y proclamándolo abiertamente, “estructuras de Estado”, propias de un Estado independiente. Y ha establecido un “Consejo de Transición nacional” de expertos y asesores en su abrumadora mayoría partidarios de la independencia, que marca las pautas y las opciones, tanto más que del referéndum, del camino a la secesión.

Ahora todo se polarizará aún más y se fraguarán nuevas frustraciones

— Ha habido una diferencia abismal entre la veracidad empleada y la lealtad practicada respecto a los electores entre los partidos de Gobierno, en Escocia y en Cataluña. El Scottish National Party ha jugado limpio en un asunto fundamental: ha propuesto en dos ocasiones en su programa electoral la celebración de un referéndum sobre la independencia; ha ganado las elecciones en ambas ocasiones; y en la segunda, con mayoría absoluta. Mientras, la coalición nacionalista catalana en el poder no ha utilizado jamás en la historia, jamás, el concepto “independencia” en sus programas electorales. Pero la ha balizado con subterfugios y sucedáneos. Y ahora patrocina una improvisada precipitación hacia ella.

— El Gobierno de la Generalitat ha utilizado masivamente un lenguaje ambiguo conducente a la confusión de los ciudadanos, con el resultado de minimizar la seriedad e importancia del proceso. No se hablaba de “autodeterminación” o de “convocatoria de un referéndum”, sino de “derecho a decidir” y de celebración de una “consulta”. Apenas se mencionaron los conceptos “independencia” o “separación”, reemplazados por el menos conflictivo y más amable de “soberanía”. No se aludía, hasta hoy, a un “Estado separado”, ni siquiera a un “Estado independiente”, sino a un “Estado propio”, que podría ser común al del conjunto de los españoles, o particular para los catalanes.

— El Gobierno autónomo ha ocultado, minimizado o ignorado las consecuencias eventualmente negativas (o que puedan ser percibidas como negativas por la población) de un proceso independentista: la exclusión (incluso momentánea) de Naciones Unidas; la marginación de la Unión Europea y la necesidad de una petición de ingreso y de un proceso de negociación para la adhesión, con el requerimiento de la (problemática) unanimidad de todos los Estados miembros (como acaba de reconocer el Gobierno escocés); la exclusión de la unión monetaria (escudándose en el argumento inane de que se usaría el euro); los eventuales efectos de una desviación de comercio (intraespañol e intraeuropeo) y de una eventual reposición de otras barreras…

— La masiva utilización de los medios públicos de información como canales de propaganda unidireccional, hasta el punto de que la propia televisión pública autonómica se ha convertido en convocante activo de los eventos de movilización y agitación proindependentistas, principalmente manifestaciones y conciertos (con coberturas técnicamente magníficas en directo), mientras los de signo contrario o simplemente discrepante se ignoraban.

Y ahora ¿qué? Ahora todo se complicará más, todo se polarizará aún más, todo concitará más desencuentro y fraguará frustraciones futuras. Salvo que a este paso en falso le suceda una respuesta abierta, sólida, acogedora, atractiva.