Recorte de libertades

Varios periódicos publicaron ayer fotografías del encuentro de Mariano Rajoy con un grupo de empresarios, como corresponde al interés suscitado por una reunión del presidente del Gobierno con jefes de grandes compañías. Algunos diarios, como EL PAÍS, informaron a sus lectores de que se trataba de imágenes facilitadas por la presidencia del Gobierno; otros no se molestaron en mencionarlo. El caso es que toda la prensa hubo de elegir entre ignorar las fotos del encuentro o difundirlas de acuerdo con el mensaje que el poder quería transmitir a través de los encuadres seleccionados, esto es: un líder al que la oposición pide la dimisión y contra el que anuncia una moción de censura, pero al que arropan primeros espadas del mundo empresarial, en animado paseo por los jardines monclovitas.

Este hecho constituye otro jalón en una cadena de dislates que incluye utilizar comparecencias protocolarias para despachar asuntos complejos, con respuestas acartonadas y evasivas a preguntas que necesitan precisiones, como sucedió el lunes a propósito del caso Bárcenas. Si los responsables de la comunicación del Gobierno no comprenden que estas actitudes son inadmisibles y que bordean la manipulación, se entiende mejor que el presidente viva en una cápsula y su conocida aversión al Parlamento. Otros gobernantes experimentaron el síndrome de La Moncloa al cabo de los años, pero el actual lo sufre prácticamente desde que empezó, en unas circunstancias ciertamente complejas.

Hay que tener cuidado con los intentos de elevar a normales las agresiones a la transparencia básica. Hace años proliferaba la lectura de comunicados ante las cámaras, sin aceptar preguntas, pero con periodistas destinados a completar la decoración de la sala y permitir planos más lucidos que los de sillas vacías. Esa moda está en desuso, pero hace furor la de convocar a la prensa a encerrarse en un cuarto de la sede de un partido, para escuchar discursos del líder a través de una pantalla. Eso cuando no se abusa del “ahora no toca” o se obliga a las televisiones públicas a informar de las campañas electorales en un orden concreto y con tiempos tasados. El político no es el propietario ni el administrador de la libertad de información. El debate y la contradicción van de la mano del pluralismo. Tener que enfatizar estas cosas obliga a interrogarse por el estado de las libertades.