El cómo y cuándo de la reforma de las pensiones

En el Comité de Expertos he actuado por mí mismo, sin representar a nadie, aunque fui propuesto a iniciativa del PSOE. También es bueno que los ciudadanos sepan que nuestro trabajo en la Comisión ha sido totalmente altruista.

El mandato legal al Comité se circunscribió a la elaboración de un “informe” sobre el factor de sostenibilidad. Hubiera sido deseable efectuar un análisis de la situación del Sistema de Seguridad Social donde se integrasen las posibles alternativas que determinen el equilibrio presupuestario. Este planteamiento tiene como dificultad insalvable el escaso tiempo concedido.

El inconveniente de acometer solo la fijación de los factores de sostenibilidad es que actuarán, si se me permite el símil, como las guindas del pastel. El problema es que el pastel (el sistema) no ha sido perfeccionado previamente, está deformado, es incompleto y tiene una ordenación jurídica arcaica y caótica.

Afirmar que el sistema de pensiones tiene problemas no es nuevo. Los ha tenido y los tendrá. Las crisis económicas y sus efectos han sido un permanente “compañero de viaje”. Ahora damos especial relevancia a otros factores. El envejecimiento de la población española que se incrementará con la llegada a la edad de jubilación del baby boom. Igualmente, el incremento constante de la esperanza de vida supondrá una extensión del tiempo cobrando la pensión. Es necesario actuar. El interrogante es cuándo y cómo.

Los tiempos más duros de la crisis, con destrucción de tejido productivo y de empleo sin precedentes, reducciones salariales, congelación de las pensiones, etcétera, no son los más adecuados para afrontar reformas superpuestas, o reducciones de las pensiones sobre pensiones ya reducidas.

Seguramente es necesario un gran acuerdo político-social que comprometa el porcentaje de la riqueza nacional que estamos dispuestos a dedicar a la protección social

El sistema de protección social está demostrando que constituye un factor social de primer orden para atemperar los gravísimos efectos de la crisis, donde cada parcela de protección está cumpliendo su función social. En tiempos de crisis nuestro sistema demuestra una capacidad de adaptación que no tiene parangón respecto a otros sistemas.

Además de la crisis, el actual no es momento de reforma, estamos inmersos en la aplicación de la Ley 27/2011 que provocará una disminución de las pensiones futuras. El núcleo duro de esta reforma está en la elevación de la edad de jubilación. En este orden, ¿es realista afirmar que nos jubilaremos a los 67 años? La respuesta es negativa. Es sobradamente conocido que la inmensa mayoría de los trabajadores son expulsados del mercado laboral a edades tempranas. El resultado es que el conjunto de trabajadores (salvo colectivos privilegiados) expulsados del mercado laboral a una edad temprana tendrán que acudir a fórmulas de jubilación anticipada, de lo que deriva una importante reducción de las pensiones, que se podrá acumular a la ya reducida por el impacto de los nuevos términos de cálculo.

El gasto social en relación con el PIB en España, a la cola de los países de la UE, pone de manifiesto que nos queda un recorrido razonable para situarnos en la media de la UE. Gasto que se acelerará sustancialmente en 2050- 2060. No obstante, no parece razonable que hoy, en el peor escenario de la crisis económica, hagamos dogma de fe de las previsiones de 2060 para afrontar reformas que contribuirán a dificultar sustancialmente el crecimiento, la creación de empleo y la salida de la crisis. No hay que olvidar que contamos con un Fondo de Reserva para equilibrar en el corto plazo los efectos negativos del ciclo y que las cohortes del baby boom anuncian su llegada en un plazo (2022-2042) que nos permite actuar alejados de la urgencia.

Seguramente es necesario un gran acuerdo político-social que comprometa el porcentaje de la riqueza nacional que estamos dispuestos a dedicar a la protección social, así como la procedencia de los ingresos que tendrán que ser compartidos, entre las cotizaciones sociales y las transferencias de Estado, procedentes del sistema fiscal. El sistema democrático —los ciudadanos— será el que avale las distintas alternativas. Con el mandato al Comité, hemos empezado la casa por el tejado.

La actuación más razonable, prudente y acorde con el marco legal, consistiría en una reducción de los plazos previstos en la ley, y de esta forma adelantar la revisión de los parámetros vinculados a la esperanza de vida. El resultado precipitaría el ahorro del 3% del PIB asociado a la Ley 27/2011, utilizando complementariamente el Fondo de Reserva.

De igual forma, debemos ser prudentes para evitar que una generación tenga que soportar “todos los impactos”.

Finalmente, el factor intergeneracional debería ser aplicado a todo el sistema de pensiones.

El modus operandi planteado nos proporcionaría el tiempo necesario para reordenar y modernizar el sistema, construyendo el marco adecuado sobre el que aplicar el factor de sostenibilidad. Igualmente nos permitiría actuar sobre el mercado laboral. Espacio este de vital importancia, ya que la población activa constituye el elemento de garantía del sistema de reparto.

Como puede apreciarse las asignaturas pendientes son muchas y de gran envergadura. Acometerlas es cuestión de voluntad y compromiso político.

José Luis Tortuero Plaza es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM y miembro del Comité de Expertos.