Sin amparo

Poner fin al drama de los desahucios requerirá un esfuerzo y un coraje legislativo que el PP no parece dispuesto a asumir. Las enmiendas que ha presentado a la Iniciativa Legislativa Popular dejan claro que no admite la dación en pago y las mejoras que aporta en relación a la actual normativa alivian el sufrimiento de una parte de los afectados, pero en absoluto resuelven el monumental problema que la legislación vigente ha creado. Aunque propone mejoras en la actual normativa, como elevar el precio por el que el banco se puede adjudicar la vivienda del actual 60% del valor de tasación al 75%, y elimina los abusivos intereses de demora, que han llegado a alcanzar porcentajes de hasta el 24%, el conjunto de las enmiendas está lejos de satisfacer las demandas ciudadanas. Su redacción es, por otra parte, tan enrevesada, que hasta los juristas más avezados en esta materia declaran tener dificultades para poder aquilatar su verdadero alcance.

Lo que sí está claro es que la propuesta del PP deja sin amparo a los afectados por las 198.000 ejecuciones hipotecarias que hay en curso, y sin solución a las decenas de miles han sido ya objeto de lanzamiento en los cinco años que llevamos de crisis y han perdido sus casas, pero siguen teniendo una deuda en muchos casos insoportable con el banco. Si el PP hace valer el rodillo de su mayoría absoluta, esos desahuciados seguirán siendo víctimas de una legislación que el Tribunal Europeo de Luxemburgo ya ha declarado injusta porque vulnera la legislación sobre protección de los consumidores. Esta ley establece que los deudores habrán de responder de la deuda pendiente con todos sus bienes presentes y futuros, lo que para muchos desahuciados supone una condena que en algunos casos habrán de arrostrar de por vida.

Hay que tener en cuenta que la deuda pendiente se compone del remanente de la hipoteca no cubierto con la vivienda —que el banco se ha adjudicado en el mejor de los casos por el 60% del valor de tasación, calculado a precios de burbuja inmobiliaria—, más unos intereses de demora que pueden llegar a duplicar la cantidad final que queda por pagar. Sería injusto que la reforma emprendida en el Parlamento solo tuviera efecto sobre los nuevos desahucios y dejara sin reparar el daño de una legislación tan desequilibrada.

El legislador debe terminar con estos atropellos y encontrar alguna fórmula de retroactividad para los casos de insolvencia sobrevida no dolosa. No hay razón para no aplicar aquí la doctrina jurídica que permite dar a la normativa penal o laboral efectos retroactivos en beneficio del penado o del trabajador. Y mucho más cuando la normativa que ha propiciado estas situaciones ha sido impugnada por el Tribunal Europeo. Así lo reclaman las plataformas de afectados y así lo defienden los grupos de la oposición. El PP tiene que evaluar muy seriamente los costes sociales y políticos de hacer valer su mayoría absoluta para imponer una reforma tramposa que en realidad no resuelve el problema.