El debate sobre el triste estado de la nación

Dentro de tres semanas, los días 20 y 21 de febrero, se desarrollará en el Congreso de los Diputados el aplazado Debate sobre el Estado de la Nación. Esta es la ocasión para que nuestros políticos dejen de dar vueltas, se enfrenten a la realidad y hagan algo útil al respecto. Antes que nada, reconocer expresamente lo que todo este país sabe: que existe un serio problema de corrupción que ha sido originado en leyes perversas de urbanismo y de financiación de los ayuntamientos y que ese dinero incontrolado ha contaminado gravemente la vida pública.

Nadie espera que el presidente del Gobierno se autoinculpe (los tribunales decidirán cuál es su implicación en este caso y las instituciones actuarán como proceda). Pero una cosa es no inculparse y otra que el responsable del Gobierno de este país pretenda ignorar que existe esa realidad, como hizo ayer Rajoy en su comparecencia televisiva. Si el presidente del Gobierno no acepta ante el Parlamento que este país tiene un problema de corrupción quiere decirse que no lo afrontará ni hará nada por corregirlo y que seguiremos padeciendo sus consecuencias.

Lo que esta sucediendo en España es una aberración, pero es un problema que tiene solución si se aborda con firmeza. El Parlamento no se enfrenta a algo desconocido. Sabe perfectamente de qué se trata. Sabe cuáles son los mecanismos y los procedimientos opacos con los que se han alimentado.

Rajoy no puede acudir al Parlamento a pedir que se confíe en su palabra. Eso puede hacerlo, con poco éxito, todo sea dicho, en televisión, pero el Congreso no es una sala de prensa ni el salón de actos de su partido.

El día 21 los diputados deberán votar las resoluciones que se presenten sobre los dos problemas que tienen angustiados a este país (la corrupción y el paro de los jóvenes) y deberán mostrar delante de todos los ciudadanos cual es realmente su grado de compromiso con los desempleados y su grado de repugnancia por la corrupción.

Lo que hace falta son las cinco o seis medidas capaces de frenar la corrupción política y urbanística y las cinco o seis medidas que lancen un programa efectivo de integración laboral juvenil. Ni Gobierno ni oposición son gabinetes de estudios que certifican la realidad. Para reformar la Constitución solo hicieron falta 48 horas. Para aprobar normas anticorrupción y una verdadera ley de Transparencia no harán falta muchos días más. Para decidir un cambio en la ley del Tribunal de Cuentas no hace falta tampoco una semana.

Es absurdo que el PP y el Gobierno crean que pueden capear esta situación soportando cada quince días una pregunta parlamentaria. ¿Tres años? ¿Oiremos durante 100 semanas de vida parlamentaria las mismas preguntas y respuestas?

El presidente del Gobierno, un especialista en tácticas de dilación, puede pensar que lo que le ayudó durante años le sacará también ahora del apuro. Pero se equivoca radicalmente. Dispone de una apabullante mayoría parlamentaria. Si sale el próximo día 21 del Congreso sin haber demostrado su respeto por la ciudadanía, será responsable de dar el último empujón a una sociedad que está cerca de sentirse, no solo enojada y deprimida, sino también resentida.

Es posible que, pese a todo, el presidente del Gobierno no sea capaz de mostrar esa consideración con los ciudadanos. Quizás, la oposición, que no tiene los instrumentos para forzar esos cambios, tampoco sea capaz de reaccionar con la suficiente unidad como para colocar, al menos, al Gobierno frente un paquete de medidas contra la corrupción que los ciudadanos comprendan y alrededor de las cuales puedan unirse.

Y si nada de eso sucede, aun así habrá que seguir intentándolo. La semana pasada los responsables del movimiento contra los desahucios presentaron en el Congreso los miles de firmas necesarias para poner en marcha una iniciativa legislativa popular que de más amparo a quienes no pueden pagar su hipoteca. Si el debate sobre el estado de la Nación no es capaz de producir resultados tangibles, quizás los propios ciudadanos terminen demostrando que ellos sí son capaces de formular los instrumentos legales que necesitan.