Un déficit imparable

Las cuentas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no engañan. El déficit de la tarifa eléctrica (diferencia entre los costes y los ingresos regulados) sigue creciendo sin freno, hasta superar los 4.000 millones de euros en los 11 primeros meses de 2012, cuando el límite fijado legalmente era de 1.500 millones. La conclusión es que las políticas que hasta ahora ha aplicado el Ministerio de Industria han fracasado en su propósito de contener el déficit eléctrico, una anomalía financiera superior a los 25.000 millones, que es un grave problema para la deuda española.

Las razones del fracaso están claras para quien quiera mirar de frente el problema. Ninguna de las medidas tomadas, como la batería de tasas y miniimpuestos aplicados al mercado energético, ataja el fondo de la cuestión del déficit, que nace de un sistema de cálculo de precios de la electricidad totalmente inadecuado. De hecho, el propio sistema, que juega con una subasta periódica de precios y una decisión final del Gobierno en la que interfieren consideraciones políticas, es una fuente inagotable de déficit. Es esencial, por tanto, que el Gobierno modifique este procedimiento e implante un reconocimiento de costes menos manipulable y acorde con el grado de amortización de las plantas que producen la electricidad.

Pero hay otro factor que también explica el desbordamiento del déficit: las primas a la producción de energías renovables. Dado que la proyección de los compromisos adquiridos por el Estado durante los próximos 10 años revela que el esfuerzo presupuestario es insostenible, se impone una negociación entre el Gobierno y los agentes que explotan las renovables para reducirlas hasta cantidades que puedan ser asumidas por los ciudadanos que tienen que pagarlas a través del recibo de la luz. Industria no ha propuesto en serio una negociación sobre las quitas necesarias en este ámbito, pero es evidente que solo una decisión de esa naturaleza, junto con una reforma en profundidad de los costes reconocidos, puede cercenar el imparable aumento del déficit de tarifa.

Aunque se tomaran decisiones inmediatas en ambas direcciones, quedaría en pie la obligación de pagar los 25.000 millones que se adeudan hasta hoy, lo cual implica nuevas y sustanciales subidas de la luz. No está claro si esta carga deben asumirla los consumidores en solitario o también las empresas; el Gobierno parece haberse inclinado por la primera opción.