Juego sucio

Un grupo de policías que actúa desde el anonimato y aparentemente sin el control de los responsables del Ministerio del Interior se está dedicando, fuera de los cauces reglamentarios, a prácticas destinadas a desprestigiar a la clase política que gobierna en Cataluña y que se ha embarcado en la aventura independentista. La estrategia de estos agentes consiste en elaborar y difundir informes que nadie parece haber pedido, sin firma y sin destinatario, y con el único objeto de su publicación por determinados medios. Aprovechando investigaciones judiciales en marcha, mezclan datos ciertos con otros sin contrastar, o directamente falsos, que proceden de fuentes anónimas. En esos informes se ataca no solo al Gobierno catalán sino también a jueces, fiscales y periodistas supuestamente afines a los dirigentes de esa comunidad. Así, se atribuye al presidente Artur Mas el desvío a Suiza de dinero del cobro de comisiones ilegales o se deslizan acusaciones de blanqueo y evasión fiscal contra directivos de los principales periódicos que se publican en Cataluña.

El primer episodio de estas prácticas fuera de la legalidad estalló en plena campaña electoral catalana, con un documento que llevaba membrete de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que el jefe policial de este departamento consideró falso al no estar elaborado por ninguno de sus agentes. Ese documento, que el juez ha incorporado al sumario del caso Palau como un anónimo sin validez, arremetía contra Mas y el ex presidente Jordi Pujol con informaciones de supuestos confidentes que los autores del documento ni siquiera habían interrogado. En alguno de los anónimos que siguen fabricándose y circulando por las redacciones hay errores de bulto sobre los que se construyen acusaciones sin pruebas contra Mas y otros políticos.

En uno de los capítulos negros de este serial, el fiscal general del Estado tuvo que salir al paso de una chusca maniobra policial. Dos jefes de unidades que poco o nada tenían que ver con la corrupción política visitaron al fiscal anticorrupción del caso Palau para pedirle que les encomendara la investigación y que les apoyara para lograr sendas órdenes de registro de la sede de Convèrgencia y de la vivienda del extesorero de este partido. Tomaron esta iniciativa sin que el policía competente, el jefe de la UDEF, supiera nada. Lógicamente, el fiscal anticorrupción se negó a ello y puso el caso en manos de sus superiores. El fiscal general del Estado consideró “irregular” la maniobra.

El Gobierno catalán y la coalición que lo apoya, CiU, sin duda tienen un problema con la corrupción. Hay dos sumarios abiertos por tramas ilegales para robar dinero público en los que están implicados, y en algún caso imputados, dirigentes de Convèrgencia Democràtica de Cataluña. La justicia debe llegar hasta el final. Pero esto no puede ser excusa para que circulen supuestos informes policiales anónimos convertidos en arma arrojadiza. El afán rupturista de parte de la clase dirigente catalana debe tener una respuesta política que parta de las instituciones, no de las cloacas del Estado.

Interior ha evidenciado una sorprendente incapacidad para frenar este escándalo, agravada por el aliento que los infundios han recibido de las más altas instancias del Gobierno. Pese a que abrió hace mes y medio una investigación interna para conocer el origen del montaje atribuido a la UDEF, todavía está por conocerse algo al respecto. Episodios como estos empañan el trabajo policial y restan credibilidad a investigaciones que deben sustentar importantes causas penales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, deben investigar lo sucedido y depurar responsabilidades para evitar que en su departamento cundan prácticas más propias de regímenes autoritarios.