Es difícil encontrar un precedente de uso arbitrario del derecho de gracia —quizá el indulto concedido al entonces juez Javier Gómez de Liaño en el año 2000 también por un Gobierno del Partido Popular— como el que acaba de protagonizar el Gobierno en el caso de cuatro mossos d’esquadra condenados a cuatro años y medio de prisión por torturar a un ciudadano rumano detenido por error. El indulto es un residuo de la monarquía absoluta que ha sobrevivido en los Estados constitucionales y democráticos como un hecho excepcional y siempre sometido a reglas que lo hagan compatible con la independencia del poder judicial y con el cumplimiento de sus resoluciones. De ahí que se trate de una medida discrecional pero no arbitraria.

El Gobierno se ha saltado olímpicamente esas reglas al indultar por segunda vez y por los mismos hechos a los cuatro policías torturadores. Habría puesto en circulación, además, una figura hasta ahora desconocida en la historia del derecho de gracia: el doble indulto o reindulto. Si un primer indulto —rebajarles a los mossos d’ esquadra torturadores la condena de cuatro años y medio a dos— no consigue su propósito de librarles de la carcel, se les concede de inmediato un segundo para descartar del todo ese riesgo, sustituyendo el resto de la pena por una simple multa.

Se explica que un amplio colectivo de jueces —más de 200— haya tomado una iniciativa arriesgada, aunque sin duda acorde con la gravedad que atribuyen a la decisión del Gobierno: hacer público un duro aunque razonado escrito contra esa decisión y en defensa de la independecia judicial, que merecería ser avalado por la jurisdicción entera —el Tribunal Supremo a la cabeza— y en última instancia por el Consejo del Poder Judicial. Y ello porque en su propósito de librar de la cárcel a los mossos d’esquadra torturadores —en connivencia y perfecta armonía en este supuesto con el Gobierno de la Generalitat—, el Gobierno de Rajoy se ha metido más de lo que le está permitido en el terreno de los jueces boicoteando la ejecución de la pena que restaba por cumplir.

El mensaje del Gobierno es desolador: debilita la siempre difícil lucha contra la tortura y favorece su impunidad. Y supone un claro menosprecio a la inmensa mayoría de policías que actúan dentro de la ley al tiempo que un bochornoso amparo a quienes la trasgreden en el trato con los detenidos.