Regular la prensa sin ley

En 1694, casi un siglo antes de la famosa Primera Enmienda a la Constitución de EE UU, los ingleses suprimieron las licencias gubernamentales para publicar cabeceras de prensa. Fue un paso decisivo. Más de 300 años después, la prensa escrita vuelve a ser objeto de debate en un país muy sensible con las libertades, pero también con los excesos cometidos en los últimos tiempos. El vaso se desbordó cuando se supo que el ahora difunto dominical News of the World, del grupo de Rupert Murdoch, había pinchado el móvil de una menor desaparecida, violada y asesinada, poniendo también de manifiesto una excesiva connivencia entre prensa y policía. La autorregulación había fallado.

Estos escándalos han sido objeto de un informe encargado al lord juez Brian Leveson, y sus conclusiones han levantado polvareda,no porque proponga reforzar la autorregulación del sector, sino por sugerir hacerlo por ley. El propio primer ministro conservador, David Cameron, si bien aceptando la mayor parte de las conclusiones de Leveson, se ha mostrado contrario a legislar en esta materia por miedo a dañar la libertad de prensa, mientras que el segundo del Gobierno, el liberal Nick Clegg, y la oposición laborista se han declarado a favor de una legislación.

Es un tema abierto, y, de hecho, será el propio comportamiento de los medios —en un país en el que la prensa amarilla tiene una fuerza desmesurada— lo que acabará probablemente resultando decisivo para que un nuevo sistema de regulación se establezca por ley, o dependa solo del voluntarismo de las partes.

Con sus propuestas, Leveson intenta no solo reforzar los poderes e independencia del regulador (de la prensa escrita, pues radio y televisión tienen sus propios controles) a la hora de aplicar un código de conducta que tendrá que adaptarse a la era de Internet (a la que, desgraciadamente, el informe solo dedica una de sus 2.000 páginas). También a proteger a los más débiles cuando son acosados por la prensa.

Para el propio Leveson “la prensa, cuando opera de manera adecuada y en el interés público, es una de las verdaderas salvaguardias de nuestra democracia”.