LA CUARTA PÁGINA

¿Y después del 25 de noviembre?

Hay que poner al día el Estado de las autonomías. Ha sido útil, pero hay que dar un paso adelante y abordar una reforma constitucional que requerirá el trabajo de todos para construir el necesario consenso

EDUARDO ESTRADA

La masiva manifestación de la Diada ha expresado un malestar que tiene fundamentos diversos: los cambios generacionales y demográficos de fondo que se han dado en la sociedad catalana y el progresivo empobrecimiento de las clases medias que crea un caldo de cultivo para las soluciones milagreras o populistas, entre otros. Y la decisión del president Mas de disolver precipitadamente el Parlament ha acelerado el debate político sobre el encaje de Cataluña en España en un momento en que la crisis económica afecta duramente a nuestra sociedad.

Ha llovido mucho desde que aprobamos, mediante referéndum popular, la Constitución. A lo largo de estos casi 34 años de andadura hemos construido un complejo modelo territorial que ha permitido, a Cataluña y al resto de territorios de España, avances indudables. Este largo periodo democrático constituye un activo que, a pesar de todos los problemas y contradicciones, no debemos olvidar. Nada es inmutable, cierto. Pero los cambios necesarios que democráticamente debamos impulsar han de considerar con inteligencia los beneficios colectivos que hemos acumulado.

El autogobierno que Cataluña ha alcanzado en este marco es indiscutiblemente el mayor de toda su historia. Cataluña es hoy una nación dotada de estructuras de gobierno homologables a las de un Estado federal, por el nivel de competencias asumido, pero mejorable en lo referente a la distribución de los recursos fiscales y también en lo referente a la participación en las políticas comunes del conjunto del Estado español.

Por ello seguimos teniendo problemas muy serios de encaje. Problemas de fondo, a los que me referí cuando hablaba del riesgo de “desafección” y que la sentencia del TC sobre el Estatut no ha hecho más que acrecentar. Esos problemas no pueden ser menospreciados, pensando que lo que ahora ocurre no es más que un calentón electoral de los nacionalistas. Es preciso que desde Cataluña y desde el conjunto de España acertemos en definir esos problemas para encontrar para cada uno de ellos la solución más adecuada. A ello no ayuda ni la torpeza de los que amparándose en la crisis desean un retroceso, ni la irresponsabilidad de los que respondiendo a un enojo justificado proponen atajos de dudosa aplicación.

Hay, en primer lugar, un problema de reconocimiento de la especificidad nacional de Cataluña. ¿Tanto cuesta entender que el hecho de que sea y quiera ser una nación no significa un atentado contra los intereses comunes del conjunto de los españoles? Reconozcamos de una vez que el pacto constitucional de 1978 implicaba un reconocimiento tácito de esa singularidad que muchos quieren obviar. La nefasta campaña del PP contra el Estatut, con las exageraciones en torno a los temas lingüísticos, es la manifestación más sectaria de esa falta de reconocimiento. Muchos son los que desde Cataluña consideran que ya no hay margen para la espera. Que la paciencia se ha agotado y que dada esa incomprensión no queda más remedio que arrojar la toalla y optar por la ruptura. Yo no me cuento entre ellos, pero reconozco que no les faltan razones.

Hay también un problema derivado de la ambigüedad en el reparto competencial. Esa falta de concreción, unida al uso abusivo de la legislación básica y a la falta de instrumentos de carácter federal para dirimir diferencias y facilitar la cooperación horizontal, ha generado muchas tensiones y una maraña legislativa repleta de solapamientos.

En tercer lugar hay un problema de distribución de los recursos fiscales y de atribución de responsabilidades entre Estado y CC AA. Cataluña quiere y debería poder ejercer con más autoridad y capacidad su responsabilidad en el campo de los ingresos. Las CC AA, si excluimos las forales, tienen menos autonomía y espacio fiscal incluso que los ayuntamientos. Dependen demasiado de las decisiones del gobierno central. Dicho esto, el Estatut permite un recorrido en este ámbito que no ha sido desarrollado ni concertado.

Y, por supuesto hay un cuarto problema que, en plena crisis económica, ha actuado como detonante de no pocas vocaciones soberanistas: el peso de la solidaridad territorial. A pesar de que el nuevo sistema de financiación ha mejorado el resultado, es un hecho que las comunidades que más contribuyen a esta solidaridad resultan seriamente perjudicadas en el balance. Como lo es también que la ausencia de mecanismos de solidaridad en el cálculo del cupo en las comunidades de régimen foral constituye una situación injusta. No es admisible que quien contribuye solidariamente resulte penalizado. No lo es por razones de equidad. Pero no lo es tampoco por razones de eficiencia económica: restar capacidad inversora a los territorios más dinámicos de la economía española es una sinrazón que finalmente perjudica al conjunto.

La existencia real de estos problemas —mal comprendidos por el gobierno de Mariano Rajoy— ha sido aprovechada con astucia por quienes no desean compartir un proyecto común. Han podido construir con medias verdades o exageraciones un relato que a partir de la existencia de un déficit fiscal (cuyo cálculo no es pacífico) explica a los ciudadanos que con la independencia la situación económica y financiera de Cataluña sería tal que podríamos resolver el problema del déficit público, reducir el endeudamiento, soslayar la prima de riesgo y, por supuesto, asegurar los servicios públicos que ahora hemos de recortar “por culpa de España”. Ese relato poco riguroso se ha visto legitimado por el reiterado incumplimiento de las previsiones estatutarias por parte del actual Gobierno central. La flagrante vulneración de la DA 3ª del Estatut —vigente, por cierto— que ha de garantizar un porcentaje del conjunto de la inversión estatal, no es admisible por más que se quiera utilizar la crisis como coartada.

El president Artur Mas ha lanzado un órdago al Gobierno español y, de paso, a los que desde Cataluña defendemos una solución federal. Tras la escenificación del portazo mutuo (o concierto económico o ruptura) y la convocatoria electoral anticipada las cosas son más difíciles. Y la situación económica no ayuda. Durante las últimas semanas el debate independentista ha conseguido orillar la reflexión sobre la economía y ocultar la durísima situación de muchas familias, las dificultades de nuestros sectores productivos y la nula iniciativa del Gobierno catalán para adoptar medidas que contribuyan al crecimiento.

Estamos en una situación de bloqueo que, lamentablemente, puede persistir en el tiempo. En unas semanas elegiremos un nuevo Parlament. Sea cual sea su composición, el nuevo gobierno catalán debe adoptar una actitud de diálogo y negociación con el Gobierno español. Y el Gobierno español debe responder con la misma actitud. Ni el discurso del miedo ni la apelación a la fe y a la mística patriótica resolverán la ecuación. En la Europa del siglo XXI no es posible que unos utilicen el artículo 8 o el artículo 155 de la Constitución ni que otros ejerzan la secesión unilateral. Y no es con movimientos tácticos destinados a la galería como resolveremos el conflicto. Ni tampoco con razonamientos exclusivamente jurídicos. Es con política. Eso sí, con Política en mayúsculas. Con altitud de miras y capacidad de comprender los límites y espacios del contrario. Negociación que requiere tesón, generosidad por ambas partes, perseverancia y buenas dosis de discreción. El objetivo debe ser la construcción de acuerdos que puedan ser explicados con claridad a los ciudadanos. Sin ambigüedades ni sobrentendidos. Con expresa narración de los efectos del acuerdo o del desacuerdo, de sus costes, de sus ventajas y de sus inconvenientes.

Sin duda hay que poner al día el actual “Estado de las autonomías”. Ha sido útil, pero hemos de dar un paso adelante. En mi opinión, este paso adelante implica adoptar un esquema federal nítido, que resuelva los problemas antes citados: reconocimiento expreso de la singularidad de Cataluña, definición precisa de los ámbitos competenciales, instrumentos federales de acuerdo y negociación y una política fiscal que corresponsabilice realmente a la Generalitat, que limite el déficit fiscal y que distribuya equitativamente los costes de la solidaridad. Ello, sin ningún género de duda, comporta abordar una reforma constitucional: trabajemos para construir el necesario consenso.

Decía que la situación es ahora más difícil. Pero es precisamente afrontando las mayores dificultades cuando la política puede dar más de sí. Los federalistas no pueden perder el tiempo. Es, quizás, la última oportunidad.

José Montilla Aguilera, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

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