El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que supone un nuevo viraje en un sector que no solo ha de afrontar sucesivos recortes presupuestarios sino las consecuencias de la inestabilidad legislativa. Esta es la séptima reforma en lo que llevamos de democracia y el hecho de que cada vez que hay alternancia política se produzca un cambio educativo de calado es un pésimo indicador, no tanto de la calidad de la enseñanza como de la calidad de la política, pues significa que los gobiernos de turno no han querido o no han sabido consensuar un modelo estable y duradero.

Hay medidas que sin duda alguna resultan positivas, como el refuerzo del inglés o de las nuevas tecnologías. El proyecto contiene también cambios muy discutibles, el más importante de los cuales es la aplicación de nuevas revalidas obligatorias al final de la ESO y del Bachillerato y la introducción de un nuevo sistema de segregación temprana del alumnado a partir de los 13 años. Con esta medida la ley mira más al pasado que al futuro y recuerda mucho el sistema que consagró la ley de 1970, que a los diez años ya separaba a los alumnos entre los que irían al bachillerato y los que no. La ley suprime también la selectividad, pero permite que las universidades hagan pruebas de acceso. En la práctica, eso supondrá la sustitución de un sistema objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones. Este sistema, unido al aumento de tasas y la reducción de becas, propiciará la evolución de la universidad hacia un modelo más dual.

Wert justificó estas reformas en la necesidad de reducir el alto índice de fracaso escolar. Las cifras son ciertamente preocupantes, pero lo que esta ley garantiza no es una mejora de los resultados académicos del conjunto de los alumnos, sino la segregación temprana de los que tienen dificultades. Es cierto que hay mejorar el rendimiento académico, pero fiarlo todo al fomento de la cultura del esfuerzo resulta reduccionista. En los resultados académicos influye la actitud y capacidad del alumno, pero también las circunstancias sociales en las que se encuentra. El ministro dijo que no se puede tratar igual a los que son diferentes. Cierto, pero ese principio no debe estar orientado a excluir a los desfavorecidos, sino a poner los medios necesarios para poder integrarlos. Establecer vías de segregación en edades tempranas, sin garantizar además un sistema de vasos comunicantes entre las distintas vías que permita rectificar decisiones precipitadas, puede mejorar las estadísticas a corto plazo de los que continúen en el sistema pero a costa de la equidad social y la igualdad de oportunidades. A la larga, la experiencia de otros países demuestra que segregar socialmente hace perder talento y acaba produciendo también peores resultados académicos.