EDITORIAL

Pacto autonómico

La asfixia financiera de las comunidades aconseja acelerar rescates y ampliar el consenso

La situación financiera de las comunidades autónomas es extraordinariamente precaria, en algún caso próxima al colapso. Por tanto, se necesitan decisiones; mejor si van enmarcadas en un gran pacto entre todos los poderes implicados. Hasta hoy tres comunidades (Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia) han pedido el rescate al Gobierno central a través del Fondo de Liquidez, y Andalucía, un anticipo de mayor cuantía.

La deuda de todas se degrada. Los mercados financieros les han cerrado las puertas. El Gobierno catalán ha suspendido pagos con carácter selectivo. Y la inquietud por la evolución de su déficit inquieta más y más a la UE por su impacto en el déficit conjunto de España. Ante esta situación conviene acelerar el despegue de los mecanismos previstos, como el Fondo de Liquidez, así como urgir a todos a cumplir los compromisos de lucha contra el déficit.

La trompetería dialéctica usada por alguna de las peticionarias para edulcorar su propio drama poco ayuda a resolver el problema. Es una mala copia de un defectuoso original: el argumentario utilizado por el Gobierno en ocasión del rescate europeo a la banca y del eventual rescate global. La secuencia —negar hasta la palabra “rescate”; después, su contenido en tanto que incluye contrapartidas; enseguida, la negación de cualquier “condicionalidad”, o de toda condición “adicional”— servirá para confundir a los ciudadanos, pero solo les induce a errar sobre la situación y a perder el tiempo, se prodiguen esas cortinas de humo en Madrid o en Barcelona.

La hoja de ruta para el saneamiento de las finanzas públicas autonómicas está diseñada en la Ley de Estabilidad, en el real decreto de julio por el que se creó el Fondo de Liquidez y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Podrá criticarse, pero hay que cumplirla. Ese paquete de normas establece unas pautas en la estrategia contra el déficit y unas condiciones explícitas para las comunidades que acudan al rescate.

Pero aplicar la normativa no impide mejorarla o profundizarla, preferiblemente por vía de pacto. Entre otras razones porque también la UE, en varias de sus operaciones de rescate, ha urgido al consenso entre gobiernos y oposiciones. No estaría de más que también siguiera esa misma línea con el rescate español, ampliándola hacia un pacto entre la Administración central y las autonómicas.

Convendría que ese pacto incluyera tres cuestiones clave: un reparto más equitativo del margen de déficit concedido por Bruselas para 2012; la definición conjunta de las medidas extraordinarias a arbitrar si se arriesga el incumplimiento de los topes pactados, sobre todo si eso se debe a la caída de los ingresos; y el aplazamiento temporal de reivindicaciones sobre el sistema de financiación —como el pacto fiscal catalán—, cuya formulación puede ser legítima, pero cuya inconveniencia coyuntural es incontestable.

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