La repatriación de los cooperantes españoles de los campamentos de refugiados saharauis por parte del Gobierno constituye una concesión importante ante los grupos terroristas y secuestradores que conocen la situación frágil de la población saharaui y su dependencia de la ayuda internacional y de la solidaridad que ha sido clave para solucionar problemas como el agua, los alimentos y las medicinas de los cuales dependen los refugiados para seguir subsistiendo.

El Gobierno español tiene una responsabilidad histórica con todo lo que ha surgido en el Sáhara Occidental a raíz de la descolonización inconclusa y precipitada que ha desembocado en un conflicto que sigue produciendo un gran sufrimiento en la población saharaui; población que está viendo cómo son violados los derechos humanos en los territorios saharauis que ocupa Marruecos hasta la fecha, mientras la otra parte subsiste en unos campamentos de refugiados gracias a la solidaridad de otros países que han apoyado y siguen apoyando al pueblo saharaui para recuperar sus derechos sobre su tierra.

La decisión de evacuar a los cooperantes castiga a los refugiados creando un drama humanitario que favorece la suspensión de los proyectos de cooperación de los cuales depende la frágil población que subsiste de la ayuda internacional.

El Gobierno debe reconsiderar esta decisión y apostar por aliviar el sufrimiento de la población refugiada saharaui que ha sido castigada por una acción terrorista que persigue someternos al miedo. Un miedo que no ha prohibido a Londres celebrar los Juegos Olímpicos, ni ha cambiado a Madrid después del 11-M.— Ali Salem Iselmu. Periodista y escritor saharaui.