LA CUARTA PÁGINA

Cómo pactar la austeridad

Los nuevos aumentos de impuestos y recortes del bienestar perjudicarán más a la mayoría trabajadora y de clase media. Si son ineludibles para sanear la economía, deben acordarse mediante una gran conjura social

EULOGIA MERLE

No hay dos sin tres. Tras los aumentos de impuestos y los recortes de bienestar de diciembre y del presupuesto —y pospresupuesto: matrículas universitarias y copago sanitario—, se avecina una nueva oleada de medidas de austeridad. Hay que apretar más las tuercas.

Ello es debido al mediocre resultado cosechado de momento en la lucha contra el déficit. Y a la necesidad de cumplir al milímetro los compromisos de saneamiento de las finanzas públicas. Necesidad más perentoria por cuanto se ha convertido en condición inexcusable para acceder al multimillonario rescate europeo de la banca española.

El nuevo ajuste perjudicará a buen seguro a sectores sociales hasta ahora blindados por el actual Gobierno, como táctica social para desmarcarse de su predecesor socialista: funcionarios, pensionistas, incluso desempleados. Y a los consumidores y el consumo, vía alza del IVA, y...

La política de austeridad limita al norte con su propia eficacia, sobre todo en una fase recesiva: los mayores ingresos impositivos y menores gastos derivados de los recortes se los come el agujero de la menor recaudación fiscal, derivada de la caída en la actividad económica. Por eso la Unión Europea ha iniciado un giro hacia una agenda del crecimiento que complete las insuficiencias de la ortodoxia presupuestaria. Pero sus efectos —ojalá que no sean limitados—, llegarán más adelante. Y, entre tanto, España debe seguir cumpliendo su deberes.

No todos son culpables por igual de la crisis: lo es más el complejo inmobiliario-financiero

La austeridad también limita, al sur, con la equidad y una dosis —aunque sea mínima— de esta suele ser requisito de la propia eficacia. Hay que decirlo sin tapujos: aunque sea necesaria, la política de ajustes es injusta. Y la nueva oleada probablemente aumente esa injusticia.

Lo es por dos motivos. El primero es que castiga a una mayoría social que no es la causante de que el rigor se haya hecho imprescindible. No es cierto que todos seamos culpables de lo ocurrido. Por lo menos, no en la misma medida.

Más acá de colaboradores necesarios, cómplices temporales y vigilantes ineficaces, la autoría principal del drama de la crisis española le corresponde al complejo inmobiliario-financiero: promotoras y bancos/cajas. Si el cáncer de esta crisis es el endeudamiento excesivo, habrá que recordar que quien lo provoca es la burbuja. Y que “en la gestación de una burbuja ejerce un papel principal el sistema financiero: sin sistema financiero no hay burbuja porque la presión compradora que hace posible el aumento del precio de los pisos y terrenos se alimenta del crédito”, como ha diseccionado Alfredo Pastor.

Que el Gobierno olvide su mayoría absoluta y la oposición ejerza como si estuviese en el Gobierno

De modo que es injusto que paguen justos (y semijustos e ingenuos), por pecadores, incluso aunque estos no salgan indemnes: bajan las cotizaciones de sus carteras y fortunas. También es injusto que la parte del león de la factura de la crisis la pague la ciudadanía corriente en forma de austeridad en el gasto/inversión públicos, por otra razón. Porque el grueso del endeudamiento español no corresponde al sector público, sino al privado, aunque algunos aparatosos despilfarros públicos tiendan a ocultarlo. Si la deuda total bordea el 270% del PIB, solo el 72,1%, menos de un tercio, corresponde a la deuda pública, y más de dos tercios a bancos, empresas y familias.

Ocurre sin embargo que la contención de la deuda y la reducción del flujo que la alimenta (el déficit) es requisito básico para mantener la confianza de los acreedores, sobre todo externos, y evitar su huída y el colapso de la financiación de todos. Sobre todo porque la deuda pública soberana se contaminó de la crisis bancaria. Los inversores temían/temen que, con más o menos Europa, su saneamiento recaiga al final en el Estado. Por eso la mayoría ciudadana no será culpable del desastre, pero paradójicamente sí tiene que convertirse en responsable de evitarlo. Es de temer que no haya otra manera de salir del pozo y remontar la recesión que repartiendo, entre todos, la factura de la austeridad. Y además de forma asimétrica, sobre todo entre los no causantes, los no culpables. Más injusticia.

Si algún sabio no demuestra lo contrario, ello es así no solo por la acendrada costumbre de que paguen más la crisis quienes tienen menos. Sino también por culpa de la actual estructura de la fiscalidad, que atribuye la mayor capacidad recaudatoria a las rentas del trabajo y las clases medias, algo poco reversible en una noche. Por la urgencia que impone una recesión rampante que desploma los ingresos. Por el secuestro que supone para la recuperación la total libertad de circulación de capitales. Y por la hegemonía sociocultural de la minoría dirigente.

Ahora bien, una cosa es actuar como hermanos y otra ser primos. Para hacerse cargo de la responsabilidad última, de una austeridad ineludible aunque sea injusta, la ciudadanía debería poder reclamar algunas condiciones que al menos suavizaran la inequidad y la hiciesen menos indigesta. A saber:

1.- Un programa claro, dialogado y sin provocaciones. El Gobierno debe ofrecer, a los ciudadanos y a la UE, una hoja de ruta para que todos hagan sus previsiones, en forma de un plan a tres años, dialogado en el Parlamento: claro, detallado y cuantificado. Sin eufemismos: si se sube el IVA, se sube el IVA y no se “reorganizan las bases redistribuyendo los subgrupos de productos y servicios entre los distintos subtipos”, blá, blá, blá. Y sin provocaciones: cancélese la amnistía fiscal, ese bochorno inconstitucional, ese agravio a la moral fiscal colectiva, amén de rijosa chapuza técnica; si conviene una regularización, contraten su diseño a quienes saben pues ya hicieron otras, como la gente de Jaime García Añoveros (q.e.p.d.), Miguel Boyer o Carlos Solchaga. Y mejor una auténtica cruzada contra el fraude fiscal.

2.- Contribución de la banca y las grandes rentas. Deben contribuir todos, incluidos los segmentos de mayor renta y patrimonio y la banca, y deben evitarse medidas directamente antiredistributivas, como la de pasar los productos de primera necesidad del IVA superreducido del 4% al tipo estándar del 18%. La banca puede garantizar la devolución de las ayudas públicas que reciba, en último extremo a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Puede activar un pacto de limitación de rentas, vía moderación de los dividendos. Y las grandes rentas y los beneficiarios de bonus extraordinarios, asumir un tipo marginal del IRPF del 75% para remuneraciones superiores al millón de euros anual, como promueve Francia. Aunque en términos absolutos la recaudación generada por estas medidas sea modesta, no lo es su simbología.

3.- Definición de los segmentos sociales más vulnerables y blindaje de los mismos. Decisión solemne —por pacto explícito parlamentario— sobre quiénes componen los sectores más vulnerables, próximos al riesgo de exclusión social. Y blindaje de estos frente a las medidas de austeridad y por ende frente a su efecto acumulativo (reducciones de renta real, más recorte de servicios, más aumentos de copagos). Por ejemplo, discriminación entre los pensionistas con pensión única y los que obtienen ingresos adicionales, o por segmentos de edad o situación individualizada: todos tienen igual derecho, pero no la misma capacidad de esfuerzo.

4.- Temporalidad. La austeridad pública [no la frugalidad] debe ser en términos generales un contrato temporal, con vigencia por un periodo limitado, sobre todo en lo tocante a los beneficios sociales sacrificados. Las pérdidas de poder adquisitivo y otras deben recuperarse a su término. La periodificación y la expectativa que otorga un calendario de redención racionaliza y suaviza el sacrificio. Nada peor para la moral de la sociedad que un horizonte de desesperanza, por el cual el futuro de cada uno será peor y el de las generaciones siguientes, pésimo.

Una operación de largo alcance como esta requiere de un acuerdo general de complicidad, de una auténtica conjura social que vaya más allá del pacto político. Dentro de esa conjura, el Gobierno debería actuar como si careciese de mayoría absoluta. Y la oposición ejercería tanta responsabilidad como si estuviese en el Gobierno. Todos los demás debieran implicarse.

Puede no hacerse, pero sería peor.

 

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