Con una notable falta de oportunidad, en las cuentas de nueve autopistas de peaje —las inauguradas durante los últimos 15 años— se han detectado unas necesidades de capital, para afrontar los 3.800 millones de euros que tuvieron que adelantar las concesionarias en su construcción, que no pueden ser cubiertas con los ingresos de explotación. Esto es lo que se conoce como agujero en el balance. Técnicamente, ocho autopistas planeadas y ejecutadas durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos al frente de Fomento están al borde de la quiebra (una novena ya la ha formalizado). El ministerio anuncia apresuradamente que se buscan soluciones para evitar el desastre. La noticia, después de que el Gobierno formalizara ayer ante el Eurogrupo la petición de rescate para la banca, amplifica la impresión de que la estructura económica y financiera española está cosida con hilvanes.

Las causas de esta crisis, que afecta a las radiales de peaje de Madrid y a las autopistas de peaje a Barajas, Ocaña-La Roda y Alicante-Cartagena-Vera, hay que buscarlas en los sobrecostes de expropiación necesarios para construirlas (de los 241 millones presupuestados han pasado a más de 1.900) y a un descenso drástico del tráfico por las autopistas, que apenas alcanza el 33% del proyectado. Pero ambas desviaciones no son fenómenos naturales sobre los que la Administración no tiene responsabilidad. El exceso de costes pudo haberse previsto (y mitigado) por parte del Gobierno que planeó y aprobó las autopistas y, de igual manera, las proyecciones de tráfico se hincharon para hacer cuadrar las cuentas.

Porque la circunvalación de Madrid (la M-50) y las cuatro radiales de peaje formaban parte de un faraónico proyecto viario para exhibir los logros del primer Gobierno del PP y de la Comunidad de Madrid. A la megalomanía le acompañaron torpezas en el diseño, como decidir la gratuidad de la M-50 mientras las radiales, menos necesarias objetivamente, se lastraban con un peaje. La suma de torpezas suele ser costosa y los tímidos intentos del Gobierno de Zapatero en 2010 por reforzar los balances de las concesionarias mediante créditos participativos y cuentas de compensación, que ahora continúa el Ejecutivo de Rajoy, han resultado insuficientes.

La crisis de las autopistas exige pragmatismo. La peor de las opciones es que el Estado se haga cargo de los 3.800 millones de capital necesario para cubrir el agujero. Una decisión así empeoraría la precaria situación de la deuda y cargaría sobre el Tesoro el coste de las reclamaciones patrimoniales derivadas de la nacionalización. Casi todas las soluciones razonables incluyen una negociación con la banca accionista de las concesionarias, imponer peajes en la M-50 y ampliar los créditos y plazos más largos para las cuentas de compensación. El coste político también debería pagarse; la economía está un poco más deteriorada por la ligereza de quien aprobó proyectos mal calculados y peor ejecutados.