Si Roosevelt supiese de la reforma laboral de Rajoy

Poco antes del día D y el desembarco aliado sobre la playa Omaha en las costas de Normandía, se celebró la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo en la ciudad norteamericana de Filadelfia. El presidente Roosevelt decidió recibir en la Casa Blanca a los delegados de la Conferencia que acababan de aprobar una Declaración fijando los objetivos programáticos de la OIT. Roosevelt les dijo: "Creo rotundamente que las generaciones futuras la considerarán un hito en la evolución del pensamiento mundial". Hoy sabemos que la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, fue decisiva para el advenimiento de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derecho Humanos.

Frente al aprovechamiento abusivo de las necesidades ajenas y el desprecio a la dignidad de las personas en nombre del empleo y la eficacia productiva, la Declaración de Filadelfia fue, sobre todo, una alternativa ética a los desmanes de la economía de mercado y de la sociedad industrial del momento.

En un mundo en crisis se abría paso la idea de que la equidad y la cohesión social —presupuesto de toda sociedad justa— no solo tenían que estar presentes en el momento de procederse a la redistribución de la riqueza, sino también en el de su creación. Por eso, el primero y más conocido de los principios de la Declaración proclama que “el trabajo no es una mercancía”.

El "valor del trabajo" jamás debe confundirse con "los costes salariales"; el dumping social por el empleo es una práctica que ha de ser proscrita por contraria "a la dignidad, a la seguridad económica y a la igualdad de oportunidades" que siempre deben condicionar el derecho de todo ser humano a "perseguir su bienestar material". Y finalmente, en nombre de la libertad individual, la ley nunca debe amparar la imposición por el empleador de las condiciones de trabajo o consentir modificaciones unilaterales de la relación laboral.

La reforma laboral de Rajoy desconoce tan elementales principios. Introduce el despido sin causa justificada, permite al empleador bajar unilateralmente los salarios y cambiar las condiciones esenciales de trabajo alegando motivos económicos vinculados a la producción; y, por si no fuera suficiente, también le indica el camino a seguir para "descolgarse" con comodidad del convenio colectivo.

Reformar no es adecuar la ley a una realidad económica socialmente injusta

Cuando el empleo es un bien muy escaso, los contratos de adhesión encubren formas modernas de esclavitud. Te doy de comer, luego calla. La dignidad en el trabajo no es posible sin el reconocimiento de los principios de libertad en la contratación y de diálogo y negociación de las circunstancias sobrevenidas. La reforma sustituye la libertad en el trabajo por la vieja y peligrosa idea del trabajo como presupuesto para la libertad.

Con el nuevo marco legal el empresario puede modificar unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, incluido el salario, de suerte que al trabajador solo le queda o bien pedir su extinción y cobrar una indemnización que la reforma notoriamente reduce; o bien acudir al juez —opción que se convierte en una carga muy gravosa al suprimirse los salarios de tramitación para el despido objetivo—; o, por último, resistir en la humillación, consciente de que en un contexto de grave desempleo la dignidad no da de comer a la familia. La ley no solo desampara al trabajador sino que espera de él que se comporte como un héroe.

En una economía abierta los convenios colectivos evitan la competencia a la baja en las condiciones de trabajo y, por tanto, el abaratamiento especulativo de los derechos de los trabajadores. Sin negociación colectiva, la igualdad y la seguridad en el trabajo serían una quimera. Nuestros constituyentes lo sabían y, por eso, lo garantizaron. A pesar de todo ello, la reforma autoriza al empresario a “descolgarse” del convenio en materias fundamentales para los trabajadores (rendimiento, cuantía salarial, jornada, horarios…) sin contar con su consentimiento.

Un último ejemplo: si la relación de trabajo tiene por límite la dignidad, ninguna ley debe situar a un trabajador ante el dilema de tener que elegir entre poner en peligro su salud o arriesgar su empleo. La reciente reforma laboral así lo hace, al considerar causa de despido dos bajas justificadas por enfermedad que sumen nueve días en dos meses.

La derecha española sostiene que medidas tan regresivas son imprescindibles para hacer frente a la dramática situación de nuestro mercado de trabajo. Por su parte, las autoridades económicas europeas ven oportuna la reforma a sabiendas de que su fin último es abaratar los salarios, lo que —en su liberal criterio— es imprescindible para que España evolucione en la línea más conveniente para solventar los problemas vinculados a la deuda soberana que padecen los países de la zona euro.

¿Se imaginan un Gobierno que derogase mediante decreto ley las normas que impiden la usura y los préstamos abusivos, porque concurre una circunstancia económica excepcional que obliga a favorecer el consumo y potenciar la libertad de contratación en el mercado del crédito?

Reformar no es adecuar la ley a una realidad económica socialmente injusta. Reformar es reaccionar frente a la injusticia. Franklin D. Roosevelt lo sabía.

Francisco Caamaño es catedrático de Derecho Constitucional y diputado del Grupo Parlamentario Socialista.