Políticas de alquiler y reforma laboral
El pasado Consejo de Ministros, celebrado el 16 de marzo, supuso el fin para uno de los proyectos que, iniciado con el Gobierno socialista, venía a dar respuesta a una de las demandas sociales que más había crecido en los últimos 20 años: el fomento del alquiler.
El actual Gobierno no solo ha suprimido la Sociedad Pública del Alquiler tras siete años de existencia, sino que también ha hecho lo propio con la línea del ICO con la que se financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran su stock en alquiler. Con anterioridad ya había eliminado la renta básica de emancipación.
Lo cierto es que había sido la población más joven la que, por la movilidad territorial a la que cada vez obliga más el mercado laboral, más había accedido al mercado del alquiler. Ahora, con la nueva reforma laboral y la volatilidad de los contratos de trabajo, tal movilidad territorial tiene visos de ser aún más frecuente. Sin embargo, los que se vean obligados a cambiar de residencia no encontrarán ningún apoyo gubernamental para cubrir su necesidad de vivienda.
Parece, ciertamente, que el Gobierno del Partido Popular se ha imbuido totalmente del espíritu y de la letra de la Constitución de 1812, que en su artículo cuatro decía que “la nación española está obligada a conservar y proteger con leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad…”.— David Carrascosa.
